Coca-Cola Paresa fue reconocida nuevamente en los premios Top Seller 2026, organizados por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), al obtener el primer lugar en seis categorías con marcas de su portafolio de bebidas. En esta edición, las marcas Coca-Cola (gaseosas), Dasani (agua mineral en botellas PET), Del Valle (jugos líquidos), Powerade (isotónicos), Monster (energizantes) y Aquarius (agua saborizada) se posicionaron como las más elegidas por los consumidores dentro del canal supermercadista.

Los premios Top Seller, organizados por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), reconocen a las marcas más elegidas por los consumidores a partir de datos reales de ventas registradas a lo largo del año en el canal supermercadista, lo que los convierte en uno de los indicadores más relevantes dentro del sector de consumo masivo.

Los reconocimientos obtenidos en esta edición se suman a los premios alcanzados por la compañía en años anteriores dentro de esta misma premiación, consolidando la presencia de sus marcas en distintas categorías del mercado y reafirmando la preferencia de los consumidores paraguayos.

“Para Coca-Cola Paresa es un gran orgullo que varias de nuestras marcas sean reconocidas nuevamente en esta premiación. Estos resultados reflejan la preferencia de los consumidores y el trabajo constante que realizamos para ofrecer bebidas de calidad que acompañen distintos momentos de consumo”, destacó Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad.

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Las seis marcas reconocidas forman parte del portafolio de bebidas de Coca-Cola Paresa, que busca ofrecer opciones pensadas para diferentes estilos de vida, ocasiones de consumo y necesidades de hidratación.

Dentro de este portafolio, Coca-Cola continúa consolidando su liderazgo en la categoría de gaseosas en las tres ediciones, una marca que ha acompañado a generaciones de paraguayos en momentos de encuentro y celebración.

Por su parte, Dasani reafirma su posicionamiento como una opción confiable dentro del segmento de hidratación cotidiana, también líder en todas las ediciones; Del Valle se mantiene como una referencia en la categoría de jugos ganando en las 2 últimas ediciones; Powerade fortalece su vínculo con el deporte y la actividad física; Monster continúa creciendo dentro del segmento de energizantes con una fuerte identidad de marca; y Aquarius se consolida como una bebida refrescante y versátil para distintos momentos del día.

Actualmente, Coca-Cola Paresa genera más de 2.300 empleos directos y un impacto en más de 27.000 empleos a lo largo de su cadena de valor en Paraguay, trabajando además con miles de clientes y socios comerciales en todo el país.

Para la compañía, estos resultados también reflejan el trabajo conjunto con el canal supermercadista, un espacio clave para acercar sus marcas a los consumidores y fortalecer la experiencia de compra.

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Paresa (Paraguay Refrescos S.A.) opera en Paraguay desde 1965, aportando al crecimiento de la economía local a través de una amplia cadena de valor que genera miles de empleos directos e indirectos en todo el país.

Como parte del sistema Coca-Cola, la compañía cuenta con un portafolio diverso de bebidas que incluye marcas como Coca-Cola, Coca-Cola Sin Azúcar, Sprite, Fanta, Schweppes, Dasani, Powerade, Aquarius, Del Valle, Ades y Monster, entre otras, pensadas para acompañar distintos momentos de consumo.

La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.

Ecuador negocia un nuevo programa con Estados Unidos para recibir a 300 personas cada año con estatus de refugiado en ese país, que no hayan cometido delitos ni tengan problemas de salud, dijo el lunes la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Sin ahondar en detalles, la ministra hizo el anuncio a dos días de la llegada a Quito del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en momentos en que los gobiernos de ambos países estrechan lazos.

“Va a ser un programa limitado que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tengan ciertas características como buen estado de salud”, dijo Sommerfeld al canal Ecuavisa.

Según la canciller, su nación está en capacidad de recibir a unos 300 refugiados al año enviados por Estados Unidos, aunque precisó que el acuerdo es distinto al existente con El Salvador. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

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Sommerfeld también admitió que “hay (la) posibilidad” de que Washington instale una base militar en territorio ecuatoriano. “Se viene trabajando sobre ello y esperamos en un tiempo prudente poder dar buenas noticias”, indicó.

Uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa planea reformar la constitución vía consulta popular para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.

“No necesariamente (debe ser) una base para asuntos militares, pero sí (una) base de diferentes tipos de cooperación”, matizó Sommerfeld.

El expresidente Rafael Correa (2007-2017) sepultó un acuerdo con Estados Unidos para el uso por una década de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en operaciones antidrogas, que finalizó en 2009.

Tras su llegada el miércoles, Rubio se reunirá con Noboa el jueves en el marco de una gira que incluye a México para promover una mayor cooperación en materia de inmigración irregular y narcotráfico.

A causa de una guerra por el poder entre bandas del narco, Ecuador fue en 2024 uno de los países más peligrosos de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

• Fuente: AFP

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Las comisiones de Presupuesto; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Relaciones Exteriores; y Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados, mantendrán mañana lunes una reunión extraordinaria y conjunta donde analizarán dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, que apuntan a la fusión de carteras estatales.

Se trata del documento “por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores absorbe por fusión la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales”; y de la propuesta “que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía (MIC)”, con el objetivo es llevar a cabo un proceso de modernización y optimización del Estado.

El encuentro en el cual está prevista la presencia de las autoridades de las respectivas instituciones involucradas, junto con su equipo técnico, se desarrollará este lunes 25 de agosto, a las 14:00 horas, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

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La idea de fusionar estas instituciones, por un lado, es crear el Viceministerio de Repatriados y Refugiados Connacionales, el cual se integra a la estructura básica del MRE.

Mientras que la propuesta de ampliar las funciones del MIC junto con Senatur es promover el incremento del comercio interno e internacional; ejecutar la política nacional en materia de turismo; y promover políticas de uso y manejo de los recursos minerales y energéticos.

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