La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.

El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.

Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.

“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.

Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.

“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.

Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.

Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.

Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.

“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.

Fuente: AFP.

La justicia de Nicaragua condenó por corrupción al histórico comandante sandinista Bayardo Arce, exasesor económico del presidente Daniel Ortega, y confiscó sus bienes, informó este martes el gobierno nicaragüense, sin precisar la pena.

Arce, de 76 años, fue encarcelado a finales de julio del año pasado tras caer en desgracia por una purga interna en los círculos de poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, la depuración es dirigida por la copresidenta Rosario Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para garantizar la sucesión.

La Procuraduría General de Justicia señaló en un comunicado que un juzgado de Managua declaró en juicio la “responsabilidad penal” del comandante sandinista por el delito de “lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado”.

Según la acusación, Arce orquestó un “esquema estructurado” para la utilización de “fondos de origen ilícito” por casi 3.000 millones de dólares, relacionado con la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.

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Junto a su asistente, Ricardo Bonilla, también condenado, utilizaron “testaferros” y realizaron “préstamos ficticios y transferencia internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”, de acuerdo con la Procuraduría.

Por el caso, el ente judicial ordenó la “cancelación de sociedades” y el “decomiso de bienes” de Arce y Bonilla, sin mencionar si la condena también implica una sentencia de prisión.

Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que pierde el favor del gobierno en Nicaragua. Henry Ruiz está en arresto domiciliario desde marzo de 2025 y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en setiembre de 2024.

Arce y Daniel Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.

Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.

• Fuente: AFP

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El gobierno de Nicaragua, encabezado por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, excarceló a 38 presos que celebraron en redes sociales la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó ayer miércoles una ONG en el exilio. La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar o manifestar estar a favor de la captura durante una operación militar estadounidense de Maduro, aliado de Ortega y Murillo.

“Lo que hemos confirmado (...) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas”, dijo la vocera de la ONG, Claudia Pineda, en entrevista con el periódico digital 100 % Noticias, también en el exilio. Pineda, quien no dio mayores detalles de las fechas de las liberaciones, indicó que los excarcelados quedaron bajo un régimen de “reporte y control” en el que deben “informar cada movimiento que van a hacer”.

Hasta el momento el gobierno nicaragüense no se han pronunciado sobre estas excarcelaciones como sí hizo a principios de enero, cuando anunció la liberación de “decenas” de opositores y críticos encarcelados ante la presión de Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos recriminó recientemente al “régimen ilegítimo de Murillo y Ortega” por detener nicaragüenses por darle “me gusta” a publicaciones en redes sociales y exigió la liberación de todos los presos políticos. El jueves pasado, Ortega se sumó “al clamor” para la liberación de Maduro, quien junto a su esposa Cilia Flores enfrentan en Nueva York un juicio por supuesto tráfico de drogas.

Fuente: AFP.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió el jueves la liberación del derrocado mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses capturaron el 3 de enero en medio de un bombardeo para someterlo a un juicio por narcotráfico. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, con quien comparte el poder, son estrechos aliados del gobierno venezolano desde los tiempos del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Nos sumamos al clamor para que regresen al presidente Maduro a su pueblo”, dijo Ortega durante una ceremonia de graduación de policías, y señaló que el líder chavista fue detenido en una “acción totalmente desproporcionada (...), sin ninguna orden de captura”.

En su discurso transmitido por medios públicos, el gobernante izquierdista también llamó a Estados Unidos a que “deje de amenazar a Cuba”. Tras la incursión en Caracas, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York donde enfrentan un juicio por supuesto tráfico de drogas.

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Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma interina entre amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien asegura conducir el país caribeño y en particular su industria petrolera. Ortega saludó a Rodríguez, quien según él “está haciéndole tiempo a Nicolás”.

Trump y Rodríguez mantuvieron el miércoles una “larga conversación telefónica”, reveló el mandatario estadounidense, quien la calificó como una persona “formidable”. La presidenta encargada ha prometido “rescatar” a Maduro, al tiempo que inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019.

Las agresiones contra la prensa en Nicaragua se concentran cada vez más en el mundo digital, ante la ausencia de periodistas que debieron exiliarse, denunció ayer jueves desde Costa Rica una oenegé defensora de la libertad de expresión. Unos 309 trabajadores de la prensa viven exiliados y medio centenar de medios se vieron forzados a cerrar, especialmente desde 2018, cuando protestas desataron una fuerte represión del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con saldo de unos 300 fallecidos.

Las “estrategias represivas (...) se han desplazado con mayor fuerza hacia el ámbito digital y operan de forma más fragmentada, persistente y silenciosa”, señaló la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en su informe sobre los ataques a la prensa en Nicaragua durante 2025. Según el reporte, las redes sociales y medios digitales oficialistas representan hoy “uno de los principales escenarios de ataque contra la prensa”, a través de la “amenaza y deslegitimación”.

Estas prácticas “dificultan la denuncia, amplían los márgenes de control y profundizan la autocensura”, añadió la organización basada en Costa Rica, que documentó 115 violaciones a la libertad de prensa el año pasado, frente a 81 en 2024. El gobierno nicaragüense acusa a la prensa de querer desestabilizarlo y de servir al “intervencionismo” de Estados Unidos, al que responsabiliza de haber intentado un golpe de Estado con las protestas de 2018.

La mayoría de las agresiones son “verbales, escritas y digitales”, indica el balance, que detalla que 26 periodistas se exiliaron en 2025 para “proteger su vida e integridad”. A otros, cuyo número no especifica, se les negó el ingreso al país cuando regresaban de viajes al exterior.

La oenegé también observó un aumento de los llamados “desiertos informativos”, regiones del país donde el gobierno sandinista monopoliza la información y que hoy representan 65 % del territorio nacional. Esa situación es resultado de “cierres forzados de medios, exilio de periodistas, intimidación, confiscaciones, encarcelamientos y otras formas de persecución”, asegura la FLED.

La combinación de estos factores ha precarizado aun más la actividad periodística en el país, mientras exiliados temen que la persecución traspase las fronteras luego del asesinato por sicarios, en junio pasado en Costa Rica, del exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam.

Fuente: AFP.