Lima, Perú | AFP
Cinco jueces y tres funcionarios judiciales peruanos fueron suspendidos de sus cargos este viernes por el escándalo de los audios de venta de sentencias, informó una funcionaria.
"Es una medida cautelar de suspensión en el cargo (...) mientras hacemos las investigaciones", dijo la presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda, en una rueda de prensa.
El juez suspendido de mayor rango es Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, cuyo arresto preventivo pedirá además el procurador anticorrupción Amado Enco.
La fiscalía y el Poder Judicial abrieron investigaciones por supuesto tráfico de influencias por los audios difundidos desde el domingo por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros y el programa de televisión Panorama de Canal 5.
Aranda señaló que la investigación contra los jueces durará seis meses.
Otro de los jueces involucrados es César Hinostroza, de la Corte Suprema, quien inició vacaciones tras estallar el escándalo, y quien pregunta en un audio si el acusado de la violación de una niña quiere "¿que le bajen la pena o que lo declaren inocente?"
El procurador Enco dijo que Hinostroza también debería ser detenido, pero el Congreso debe abrirle primero una acusación constitucional debido a que es miembro de la Corte Suprema.
Aranda aclaró que su oficina carece de competencia para suspender o investigar a Hinostroza, quien tiene prohibición de salida del país desde este viernes por decisión de la Corte Suprema.
El escándalo llevó al presidente Martín Vizcarra a nombrar este viernes una comisión de siete juristas, encabezada por el excanciller Allan Wagner, que presentará en 12 días una propuesta de reforma judicial.
El escándalo de los jueces es un “déjà vu” de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída de dos presidentes, Alberto Fujimori en 2000 y Pedro Pablo Kuczynski en marzo, y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante).
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Allanan oficinas en Argentina por presuntos sobornos en agencia de discapacidad
La justicia argentina allanó ayer viernes oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y de la droguería Suizo Argentina en el marco de una investigación por presunta corrupción que envuelve a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. El caso estalló tras la difusión el 19 de agosto de audios en los que el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, asegura que la hermana del mandatario, que también es secretaria general de la presidencia, recibía un 3 % del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.
En esas grabaciones, Spagnuolo, removido de su cargo el jueves de la semana pasada, afirma haber avisado al mandatario de la supuesta operatoria. Los operativos se suman a los casi veinte realizados la semana pasada y el miércoles. Esta vez, abarcaron cuatro sedes de la Andis y la droguería Suizo Argentina en Buenos Aires, en busca de material vinculado a la causa, informó la policía local.
Karina Milei no se ha pronunciado sobre el tema públicamente, mientras que Javier Milei rechazó las acusaciones: “Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió”, declaró el miércoles durante un acto de campaña en el que manifestantes arrojaron piedras a su comitiva.
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La Vocería Presidencial denunció en redes sociales una “utilización política de la oposición en año electoral”. El 26 de octubre se celebrarán comicios legislativos nacionales que renovarán parte del Congreso, mientras que en septiembre habrá elecciones en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.
La droguería Suizo Argentina aseguró en un comunicado haber actuado “con total apego a las normas y leyes vigentes” y encontrarse “a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como cualquier poder del Estado”. El texto fue republicado por Javier Milei en su cuenta de Instagram. La causa aún no tiene detenidos.
En uno de los allanamientos fue al domicilio de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, donde se toparon con su hermano Emmanuel intentando huir de allí con 266.000 dólares en sobres. En el supuesto esquema de sobornos también figura Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y sobrino del expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Fuente: AFP.
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Las claves del escándalo de corrupción en torno a Karina Milei
Un escándalo de corrupción sacude al gobierno argentino tras la difusión de audios en los que se relaciona a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, con un presunto cobro de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidades.
La presunta trama de corrupción, que investiga la Justicia y en la que por el momento no hay imputados, es especialmente sensible porque menciona a la secretaria de la Presidencia y mano derecha del mandatario argentino, que siempre se refiere a ella como “El Jefe”. Aquí tres claves del escándalo que tiene en vilo a los argentinos en plena campaña electoral de cara a elecciones legislativas provinciales y nacionales:
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Qué se investiga
En los audios filtrados se acusa a Karina Milei de supuestamente cobrar un 3 % del monto pagado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a la droguería Suizo Argentina para la compra de medicamentos. La investigación se inició tras la difusión a partir del 19 de agosto de varios audios atribuidos al entonces titular de la Andis Diego Spagnuolo.
“A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”, dice la voz atribuida al exfuncionario, quien asegura haber avisado al presidente de la supuesta trama de la hermana. “Se llevan de medio palo para arriba por mes”, prosigue la voz. La expresión se refiere a cerca de medio millón de dólares. El gobierno removió a Spagnuolo de su cargo la madrugada del jueves “frente a los hechos de público conocimiento”.
En el supuesto esquema de sobornos también figura Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y sobrino del expresidente Carlos Menem (1989-1999). El juez federal Sebastián Casanello ordenó el viernes 16 allanamientos, incluido el domicilio de uno de los dueños de la droguería, Jonathan Kovalivker, quien conduce la empresa junto a su hermano Emmanuel. Este último fue hallado por la policía cuando intentaba huir con 266.000 dólares distribuidos en sobres.
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Qué dice el gobierno
Karina Milei no ha reaccionado públicamente al escándalo que domina la agenda periodística y hace estallar las redes sociales con innumerables memes. El miércoles, el presidente se refirió por primera vez a los audios y dio por cierto que correspondían a Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió”, dijo a periodistas.
La declaración tuvo lugar durante una caravana de campaña que Milei tuvo que evacuar minutos después, luego de que manifestantes le arrojaran piedras a la camioneta en la que circulaba. La Vocería Presidencial acusó en X una “utilización política de la oposición en año electoral”, en referencia a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
Los comicios renovarán parcialmente la composición del Congreso y pondrán a prueba la popularidad de Milei tras haber logrado controlar la inflación, pero a un alto costo para la población debido al severo recorte del gasto público, entre otros en el sector destinado a los discapacitados. En septiembre también hay comicios legislativos locales en la provincia de Buenos Aires, la más importante electoralmente del país, con un 37 % del padrón nacional.
Repercusiones
Los mercados le señalaron al gobierno su inquietud sobre este tema: la bolsa de Buenos Aires ha retrocedido en los últimos días, el peso se encuentra bajo presión ante el dólar y el riesgo país (que mide el coste del gobierno para endeudarse en moneda extranjera) subió con fuerza.
El escándalo se produce luego de que el Congreso dejara sin efecto un veto de Milei a una ley que declara la Emergencia en Discapacidad y dispone más fondos para el sector, un golpe político para el presidente y su pregonada motosierra que recorta el gasto público.
La droguería Suizo Argentina aseguró en un comunicado haber actuado “con total apego a las normas y leyes vigentes” y encontrarse “a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como cualquier poder del Estado”. El texto fue republicado por Javier Milei en su cuenta de Instagram. Los hermanos Kovalivker no dieron declaraciones, pero la prensa reportó que entregaron sus teléfonos móviles a la justicia.
Fuente: AFP.
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Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.