Desde 2004 hasta 2018 se arrasaron con 377.078 hectáreas en los departamentos de Canindeyú, Caazapá, Itapúa y Caaguazú, que forman parte de la zona de influencia del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). En todo este tiempo, nadie terminó en la cárcel por esta deforestación.

Por Aldo Benítez / aldobe.benitez@gruponacion.com.py

Fotos Pánfilo Leguizamón

Los datos del sistema satelital Global Forest Watch (GFW) muestran la deforestación de cada año de cada departamento. En lo que respecta a la situación del Bosque Atlántico, el panorama es angustiante. Solamente en los cuatro departamentos en donde convergen las Reservas San Rafael, Mbaracayú, Morombí y Parque Caazapá, la deforestación llega a las 377 mil hectáreas en 15 años. El equipo de La Nación y Mongabay recorrió estas áreas protegidas y comprobó la depredación que sufre.

Desde 2004 entró en vigencia la Ley 2524, conocida como de “Deforestación Cero”, que establece pena carcelaria para quienes hagan deforestación, tal como lo dispone la ley ambiental de 1996. Sin embargo, en los registros judiciales no hay rastros de que una persona, investigada por delito ambiental vinculada a la deforestación, haya terminado en la cárcel en todo este tiempo.

En la Reserva Morombí, la situación es realmente alarmante en cuanto a la deforestación para plantación de marihuana. Foto: Pánfilo Leguizamón

Según los informes de las circunscripciones judiciales departamentales, los casos judiciales en donde se investigan delitos vinculados a la deforestación tiene que ver con el tráfico de rollos o la extracción de madera. Todas las causas terminan con leves condenas que van desde el pago de multas hasta la obligación del investigado en realizar trabajos comunitarios.

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El Bosque Atlántico abarca los departamentos de Amambay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa, es decir, diez de los 14 departamentos de la región Oriental del Paraguay. En todo se deforestaron 977 mil hectáreas desde 2004 hasta el 2018, según GFW.

El libro “Deforestación e Impunidad” publicado en el 2016 por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP) hace un profundo análisis sobre todas las investigaciones fiscales referentes a los delitos ambientales. En resumen, el informe destaca, entre otras cosas, la precariedad con la que trabajan quienes deben “hacer justicia” en el aspecto ambiental, desde los fiscales ambientales hasta los efectivos del orden público. En el documento igualmente se evidencia la nula condena a cárcel para los responsables de deforestación en la región Oriental de Paraguay.

Info: Rodrigo Pujol

Para el abogado e investigador Juan Martens, lo que se da en los procesos judiciales relacionados al ambiente se llama “justicia selectiva”, ya que a su criterio, los únicos que son investigados por tráfico de rollos, deforestación u otros delitos conexos son los trabajadores de menor grado en toda la industria clandestina. “Son los cultivadores, los que extraen la madera, los que cobran para llevar, los choferes. En los procesos judiciales no se tiene a un financista, a alguien que está realmente lucrando con la deforestación” expone Martens.

Afirma que eso también se conoce como “criminalización secundaria”, ya que solamente se apunta a personas de menores rangos y no a quienes realmente están teniendo un lucro con la destrucción de un área silvestre o natural. “Esto es un problema estructural de nuestra justicia. Está mal el sistema” expone Martens.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales 10 se concentran en Caaguazú. En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú, los guardaparques hicieron 16 denuncias por presencia de parcelas para plantación de marihuana en el 2019. Ninguna de ellas terminó en una investigación judicial hasta ahora.

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El Ministerio Público tiene cuatro a cinco agentes fiscales para atender denuncias relacionadas con las reservas y los parques del Bosque Atlántico. Sin embargo, en algunos departamentos, Caazapá, se tiene un sólo fiscal, que además tiene que atender casos de otro departamento, Guairá. “En muchos casos ni siquiera son exclusivos para delitos con el Ambiente, tienen que atender cuestiones de narcotráfico también” expone Augusto Salas, fiscal adjunto del Medio Ambiente.

Añade que es necesario contar con el apoyo judicial en cuanto a las sanciones. A veces, tanto trabajo termina en dos años de cárcel, en sustitutivas o se les dejan absueltos a los delincuentes” dice el fiscal adjunto.

Para el Ministerio del Ambiente (Mades), la situación también se muestra complicada, a decir de Julio Marecos, director de fiscalización de la institución. “Solamente en el Parque Caazapá, hicimos 11 intervenciones en el 2019. Destruimos plantaciones ilegales de marihuana, de granos. De todos estos operativos, apenas en un par de casos, se llegó hasta la cuestión judicial. Pero en el caso de marihuana, ni un sólo detenido en todas las operaciones.

Para el ejercicio fiscal de este año, el Congreso Nacional redujo en G. 27 mil millones el presupuesto inicial del Ministerio Público para el periodo 2020. Esta medida afectó el funcionamiento de varias oficinas de la institución, principalmente las del interior del país. “Igual te digo que tengo gente seria, comprometida con la institución, haciendo todo lo posible por evitar que sigan destruyendo nuestros bosques” finaliza Salas.

Fracaso en políticas de protección

Para Oscar Rodas, directivo de WWF, organización internacional que trabaja en la conservación del ambiente, existe un rotundo fracaso en las políticas de protección del Sistema Nacional de áreas Protegidas del Paraguay (SINASIP), que se creó en 1992 como un proyecto de enorme importancia a la hora de conservar bosques y patrimonios naturales del país.

Los guardaparques de las reservas trabajan bajo amenazas y amedrentados. Foto: Pánfilo Leguizamón

Rodas afirma que Paraguay tiene excelentes leyes, decretos, resoluciones y otras normativas para proteger los bosques. La cuestión pasa por hacerlas cumplir y sobre todo, no dejar impune a quienes no cumplen. “Nosotros en WWF creemos que un trabajo interinstitucional es clave, pero tiene que ser coordinado, efectivo. Y por sobre todo tiene que salvaguardar la integridad del SINASIP. Y en esas instituciones tienen que estar los tres poderes del Estado” señala Rodas.

Para el ambientalista, el Sistema de áreas Protegidas es una herramienta positiva, pero tropieza con la burocracia y la falta de efectividad a la hora de hacer cumplir las medidas.

Rodas va más allá incluso y habla del impacto con el cambio climático. En ese sentido, señala que Paraguay como Estado debe cumplir con su compromiso de reducir el 10% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, que fue asumido durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP en noviembre del 2015) de París, Francia, en el 2015.

“Si no protegemos nuestros recursos, es claro que vamos a tener mayores problemas. Si perdemos nuestros arroyos, ríos, implica que vamos a tener una menor cantidad y calidad de recursos hídricos. Esto nos vuelve más vulnerables al cambio climático, ¿por qué? Porque Paraguay depende de los recursos hídricos para la energía hidroeléctrica y para proveer de agua superficial al tema de los cultivos.” sostiene Rodas.

Los operativos de la SENAD generan decomisos de centenares de marihuana, pero difícil que caiga algún financista. Foto: Pánfilo Leguizamón

Agrega “Si el bosque no está, las tormentas generan erosión, la erosión llena de sedimentos los arroyos y ya no vamos a tener manantiales para agua. En los alrededores de Morombí y Mbaracayú se da un fenómeno que nosotros decimos que es cuando el bosque respira, genera una humedad y eso a la tarde cae como lluvia, lo que se llama chaparrones, es decir, son las lluvias locales. Si no quedan árboles, los bosques ya no podrán generar estos chaparrones. Y las lluvias locales son súper importantes para la vida ambiental y también para la producción de la agricultura campesina” señala Rodas.

La deforestación en las Reservas pone en riesgo de contaminación los acuíferos, como el caso del Guaraní, considerado uno de los reservorios de agua dulce más importante del mundo. Según explica Rodas, la ley de Recursos Hídricos de 2007 tiene una política establecida respecto a esto.

Esta normativa exige que cada persona que hace un pozo, aunque sea mínimo, para sacar agua, tiene que registrar en el MADES para evitar que esta extracción del vital líquido se haga en zonas conocidas como “recarga” del acuífero. “Morombí y muchas de las reservas del SINASIP están esta zona. Por lo tanto, todos estos asentamientos humanos que están en los alrededores, deberían de registrar sus pozos. Pero sabemos que eso no ocurre” expone Rodas.

Proteger a los bosques

Rodrigo Zárate, directivo de Guyrá Paraguay, habla sobre la importancia que tiene para el país lograr la protección real de los bosques. Guyrá es una de las organizaciones que hace 20 años viene trabajando en la protección y conservación de bosques en Paraguay.

“Hay que recordar que estamos hablando de uno de los biomas más diversos del mundo. Y lo que vemos hoy es un bosque degradado, invadido, y en peligro por esta especie exótica que es la marihuana”, dice Zárate. Pero no solo los árboles del Bosque Atlántico están amenazadas por los cultivos ilícitos, sino también los pastizales, precisa el experto. nadie habla de los pastizales, que están súper amenazados. “Nadie habla de la pérdida de los suelos […], con tipos de suelos únicos que tenemos. Nadie habla de la amenaza al agua”, dice.

El directivo de Guyrá se refiere además sobre la necesidad de que el gobierno tome la situación como un problema de Estado, con una amplia voluntad política de hacer cambios.“ Por ejemplo, la figura legal del nombre del área, que no es nada, es una cosa totalmente ambigua” dice, refiriéndose a la Reserva San Rafael. Esta área, con 74 mil hectáreas, aparece como Parque Nacional desde 1992, pero luego se cambió su denominación a “Área de Reserva para Parque Nacional”, cuyo estatus legal no presenta una cuestión definitiva.

Los traficantes arrasan con todo lo que encuentran para limpiar el terreno y plantar la marihuana. Foto: Pánfilo Leguizamón

“Las áreas protegidas son un patrimonio nacional natural. Cada país tiene que tener un registro de sus componentes biológicos. No por el valor escénico, sino por el cuidado de esa composición de flora y fauna. Es un patrimonio natural que está en nuestro país. Es una exigencia mundial” señala a su vez Darío Mandelburger, director de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MADES).

Mandelburger dice que, además controlar esa composición de biodiversidad, ayuda a lo otro muy importante, que tiene que ver con la calidad de vida. “Un bosque bueno te da oxígeno. Un bosque bueno te da elementos naturales para utilización, como semillas, frutos, materias utilizables. Si no protegemos los bosques afectamos al agua y al aire” dice el funcionario.

Dice además que se trata de una importancia a nivel país, ya que Paraguay tiene firmado varios convenios internacionales. Sin embargo, el Ministerio no cuenta con los recursos financieros. “Queremos llegar al 17% de superficie protegida. Eso obliga a tener rubros y líneas de acciones. Ahora tenemos parques, pero no tenemos guardaparques. Entonces, eso no sirve así. Tenemos que ir acompañado de más rubros” indica Mandelburger.

Herramienta para proteger reservas

Para Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una herramienta fundamental para ayudar a cuidar las áreas silvestres protegidas del Paraguay es el acuerdo de Escazú, que el gobierno había firmado en setiembre de 2018 junto a otros varios países latinoamericanos con el objetivo de hacer público el acceso a la información ambiental y a los procesos judiciales de este ámbito.

“Las áreas protegidas son objetos constantes de agresión. Entonces, qué podemos hacer para prevenir y tratar de parar eso? Se puede lograr algo importante con acceso público a la información, en forma directa y en tiempo real” Dice Santagada.

Foto: Pánfilo Leguizamón

Explica que el acuerdo busca generar un marco jurídico adecuado para el sistema de áreas protegidas. Que se pueda tener una infraestructura más directa para llegar a la información respecto a los temas ambientales, y que eso después pueda tener un plan, una coordinación entre las instituciones del Estado que deben resguardar el patrimonio natural. “Podemos tener un sistema que, gracias a este acuerdo, elimine o ayude a eliminar la impunidad en los delitos ambientales” expone el profesional.

El acuerdo de Escazú plantea el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional firmado en setiembre de 2018 por 22 países de la región en Costa Rica. Paraguay es uno de ellos, pero en noviembre de 2019, el Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional el acuerdo después de las críticas de la Iglesia y de otros sectores.

Mientras tanto, la impunidad sigue siendo lo único seguro que seguirá en pie en nuestras áreas protegidas.

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Este artículo forma parte del especial “La Maldición del Bosque Atlántico”, que La Nación y Mongabay Latam desarrollaron sobre el crecimiento de los cultivos de marihuana en áreas protegidas.

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