Unas 600 toneladas de marihuana fueron decomisadas por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en un operativo en pleno corazón de los bosques de la Reserva Morombí, entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú. Durante ocho días, unos 70 uniformados destruyeron 202 hectáreas de marihuana y eliminaron 23 campamentos de narcotraficantes. El equipo de La Nación y Mongabay Latam acompañó parte del operativo en el que se decomisó una gran carga de marihuana, pero donde nadie fue detenido.

Por Aldo Benítez / aldo.benitez@gruponacion.com.py

Fotos: Pánfilo Leguizamón

El helicóptero de las Fuerzas Armadas se prepara para partir cerca de las 10 de la mañana desde un predio limpio, listo para la plantación de granos, donde se ha instalado de manera provisoria la base del equipo integrado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y el Instituto Forestal Nacional (Infona). Es una mañana de cielo abierto de febrero y el calor empieza a ser intenso a estas horas.

Hace ocho días que cerca de 70 agentes de estas instituciones operan en esta zona que pertenece a la Reserva Morombí, un remanente boscoso de unas 24.800 hectáreas, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay y que se ubica en la ecorregión Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).

VEA AQUÍ LA PRIMERA NOTA: LA MALDICIÓN DEL BOSQUE ATLÁNTICO


Una de las tantas parcelas de marihuana en plena Reserva Morombí. Foto de Pánfilo Leguizamón

Desde el aire, el panorama es desolador. En medio del paisaje verde del bosque irrumpen moldes cuadrados y rectángulos de montes destruidos para plantar marihuana. Parecen pequeños desde la vista aérea, pero la realidad es diferente abajo. El comandante Aldo Pintos, de la Senad, calcula que el promedio de estas parcelas es de cuatro a cinco hectáreas cada una, aunque ya encontraron algunas que llegan a las 10 hectáreas, dice.

Luego de unos 20 minutos de viaje en helicóptero, los agentes antidrogas aterrizan en un terreno boscoso ya devastado por narcotraficantes. El viento se mezcla con el polvo del suelo y las cenizas de lo que, hasta unos días atrás, era un bosque espeso. Hoy solo son ramas, árboles caídos, troncos cortados y mucho carbón esparcido por todas partes.

En una de las parcelas donde trabajan los antinarcóticos, los plantines de marihuana superan los dos metros de altura. El terreno es irregular, tiene ondulaciones y en los pasillos entre las plantaciones hay troncos de diversos tamaños. El tufo de la rama de marihuana recién cortada penetra el aire. “Cuando quemamos, es mucho más fuerte”, dice uno de los oficiales que se seca el sudor con la pañoleta militar mientras va cortando la hierba.

Árboles por marihuana

Para poder plantar marihuana es necesario “limpiar el terreno”. Por eso, luego de talar los árboles y vender la madera, los narcotraficantes queman los troncos y las ramas que ya no pueden comercializar. Todavía hay maderas a las que les sale un poco de humo lo que vuelve la escena aún más triste. “La limpieza total de un predio así lleva su tiempo”, calculan los agentes antinarcóticos, ya que para que un terreno pueda ser usado para la plantación de marihuana, al menos se debe esperar un par de semanas luego del desmonte.

Las parcelas varían sus dimensiones. Morombí es una de las reservas más afectadas por las plantaciones de marihuana. Foto: Pánfilo Leguizamón

En otra parcela a escasos metros, el primer grupo de agentes antinarcóticos incursiona en los cultivos. Son cerca de 17 hombres que, machete en mano, van cortando decenas y decenas de plantines colocados de manera artesanal y en forma desordenada en esta porción de tierra.

“El grave problema de estas plantaciones ilegales es que todo este desmonte se hace obviamente sin un plan de manejo. Acá no sabemos qué tipo de plantas se han deforestado”, dice Víctor González Bedoya, de la Asesoría Jurídica del Infona, que acompaña el operativo. “No existe un proyecto, no hay nada, se destruye todo de una y listo”, agrega.

Este operativo encabezado por la Senad se llama “Canindeyú - Caaguazú I” y apunta a que varias instituciones públicas trabajen en forma coordinada para destruir las plantaciones ilegales en las reservas del Bosque Atlántico y también a dar con los responsables. Es por eso que en los procedimientos participan el Instituto Forestal Nacional –que aporta árboles nativos para reforestar las parcelas destruidas–, el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía. Sin embargo, la cantidad de marihuana destruida no guarda relación con la cantidad de condenados que hay por destrucción o deforestación de los bosques. Desde el 2004 hasta el 2020, ni una sola persona fue condenada a prisión por deforestación en los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Caazapá e Itapúa, de acuerdo con el sistema oficial del Poder Judicial.

Según estadísticas del Poder Judicial, en el 2019, en estos cuatro departamentos que abarcan el territorio de las reservas Mbacarayú, Morombí, San Rafael y Caazapá, se tramitaron 31 causas por tala de árboles, tráfico de troncos o quemazones, las únicas directamente relacionadas con la destrucción de bosques. Sin embargo, de todas esas investigaciones, un solo expediente menciona una reserva: Morombí, en donde se investiga una extracción ilegal de madera. En lo que va del 2020, apenas hay un caso abierto: En Curuguaty, distrito de Canindeyú, la Fiscalía hace la pesquisa por un presunto caso de tráfico de madera.

Si bien los registros del Poder Judicial mencionan que en el 2019 hubo 108 causas penales por delitos ambientales en dichos departamentos, el sistema estadístico ingresa todos los casos que violan cualquiera de las disposiciones descritas en la Ley 716/96. Esto abarca desde la mala disposición de residuos hasta la contaminación sonora. Por ejemplo, en lo que va de este año se han abierto 70 causas vinculadas a delitos ambientales, de las cuales 69 se refieren al incumplimiento de la cuarentena sanitaria que decretó el Gobierno desde marzo pasado.

Nadie aparece en los operativos

“Cuando nosotros salimos del cuartel, ellos [los narcos] ya saben que estamos viniendo”, cuenta el comandante Pintos. Un hombre alto, con anteojos negros y el uniforme militar. Está en las filas de la Senad hace 15 años y no es el primer procedimiento que hace en esta zona. “Este plan justamente nace desde la Senad y está buscando la colaboración de todas las instituciones del sector ambiental para erradicar este tema de los cultivos ilegales”, expone. El comandante sabe que para solucionar el problema no se trata solamente de destruir las parcelas.

“Queremos más que nada dejar un mensaje de que el Estado va a estar aquí presente”, dice González Bedoya, del Infona, mientras recorre la parcela de marihuana en pleno operativo. Pero los agentes antinarcóticos que siguen con la limpieza conversan entre ellos y a algunos se los escucha frustrados. Sus últimas intervenciones se han limitado a eliminar plantaciones sin mayores resultados que esta poda en grupo. Otros lo toman con más calma y hasta con humor. Desde hace tiempo que para los agentes de la Senad este trabajo se ha convertido en casi una rutina: destruyen una hectárea hoy, mañana se abre otra en la misma reserva y, para completar el círculo, los responsables nunca caen.

En las zonas de influencia de las reservas y parques del Paraguay, asentamientos humanos se han instalado desde hace años. En el departamento de Caaguazú habitan 563 mil personas y en el de Canindeyú lo hacen otras 195 mil y una parte importante de esta gente vive en las inmediaciones de lo que corresponde a la zona de amortiguamiento del Bosque Atlántico. En el caso de la Reserva Morombí hay, además, algunas históricas reivindicaciones de asentamientos campesinos que dicen ser dueños de parte del terreno que corresponde al área protegida.

Desde los organismos estatales alegan que hay complicidad de algunos pobladores de estos asentamientos, por lo menos indirecta, ya que siempre que se prepara una fuerte intervención en la zona, ningún encargado de estas plantaciones aparece. “Siempre que llegamos ya no está nadie”, dice el comandante Pintos.

Esta primera etapa del operativo “Canindeyú - Caaguazú I” significa la movilización de 70 hombres, camiones, equipamientos, un helicóptero de las Fuerzas Armadas y la intervención de distintas instituciones.

VEA AQUÍ LA SEGUNDA NOTA: ASÍ SE DEFORESTA EL BOSQUE ATLÁNTICO

En la Reserva Morombí, el fiscal a cargo de los procedimientos es Osvaldo García, de la Unidad Antidrogas de Caaguazú quien, desde 2011, es también el representante del Ministerio Público en el Departamento de Caaguazú. Para él, la solución pasa por que haya una mayor cobertura del aparato estatal, por ejemplo, teniendo más fiscales ambientales en la región puesto que, desde la capital, no hay una real dimensión de lo que ocurre en esta zona del país. “Considero que desde Asunción la gente no asume, no dimensiona todo lo que pasa acá”, dice García.

El fiscal resalta en que “acá es necesaria la participación de más instituciones del Estado porque se tiene una asociación criminal. Es un sistema de crimen organizado que trabaja con la madera, con el carbón y con la marihuana”, dice.

Pero en esta parte del país, el Ministerio Público opera casi en forma artesanal. No tiene equipos de escuchas, tampoco tecnología para rastrear satelitalmente la ilegalidad o recibir alertas de deforestación. “Trabajamos en terreno como podemos”, dice García. Aún así, considera que están “logrando resultados”.

El fiscal asegura que ha logrado la condena de 120 personas vinculadas al tema de narcotráfico en los últimos tres años, todos bajo juicio oral. Esta cifra hace referencia a aquellas personas que han sido detenidas en operativos antinarcóticos y también a las que han sido sorprendidas por portar droga. Sin embargo, en lo que respecta delitos ambientales vinculados con marihuana como la invasión de áreas protegidas con estos cultivos ilegales, no hay casos registrados en el Poder Judicial.

La devastación es total en las parcelas donde ingresan los narcos. Foto: Pánfilo Leguizamón

Además, García señala que en sus apuntes hay varios menores de edad, un fenómeno que, según dice, ha ido creciendo en los últimos años. Por eso, en su opinión, “esto es un problema social. Ya no puede ser tratado como una cuestión de drogas o ambiental solamente”, razona.

Más de 3000 hectáreas deforestadas

Entre Canindeyú y Caaguazú, donde converge la Reserva Morombí, la deforestación ha sido una constante a pesar de que desde el 2004 está en vigencia la ley 2524, más conocida como “Deforestación Cero”, que prohíbe la tala de bosques en esta región del país. Sin embargo, según datos de la Global Forest Watch, desde 2001 hasta 2018, se deforestaron un total de 359.419 hectáreas solo en esas dos regiones y según un reporte de la organización ambiental WWF, solamente en la Reserva Morombí se han tumbado 3.647 hectáreas en los últimos 16 años; la mayor parte de ellas para el cultivo ilegal de marihuana.

En esta primera parte del operativo “Canindeyú - Caaguazú I”, solamente en la Reserva Morombí se detectaron 50 parcelas activas de marihuana correspondientes a un total de 202 hectáreas de plantación ilegal. Tras la intervención de la SENAD, unas 600 toneladas de marihuana fueron destruidas y se estima que el perjuicio para los grupos narcos de la zona fue de 18 millones de dólares.

Al menos 70 agentes de la Senad participaron del operativo. Foto: Pánfilo Leguizamón

Ruth Benítez del INFONA, la única mujer en el operativo, menciona que las plantas que se llevan a los operativos para reforestar la zona son árboles nativos del lugar. La idea con esta medida es reforestar la zona para buscar una recuperación al menos aproximada, de lo que era el bosque nativo.

Morombí tiene una gran diversidad en fauna y flora. Según los registros de la Fundación Morombí, en los bosques de la reserva viven yaguaretés (Panthera onca), pumas (Puma concolor), zorros vinagres (Speothos venaticus), coatíes (Nasua nasua), además de venados (Odocoileus virginianus), pecaríes (Tayassuidae) y otros. Además, posee alrededor de 300 especies de aves, varias de ellas amenazadas como el águila harpía (Harpia harpyja), el loro vináceo (Amazona vinacea) y el pájaro campana (Procnias nudicollis). También existe una gran variedad de árboles nativos como el lapa­cho (Tabebuia), el jacarandá (Jacaranda mimosifolia), el cedro (Cedrela fissilis), el yvy­rapytã (Peltophorum dubium), todas especies muy demandadas por los traficantes de madera.

Mientras tanto, decenas de agentes antidrogas siguen dándole al machete, podando los plantines y ramas de marihuana. En los alrededores, no hay nadie. Sólo se escucha el motor del helicóptero de las FF. AA. El día termina con nuevas parcelas destruidas. “Ojalá tu reportaje sirva para que se muestre cómo se está destruyendo la Reserva”, dice uno de los guardaparques sin mucha esperanza de que algo vaya a cambiar después de esta nueva intervención en pleno Bosque Atlántico.

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Este artículo forma parte del especial “La Maldición del Bosque Atlántico”, que La Nación y Mongabay Latam desarrollaron sobre el crecimiento de los cultivos de marihuana en áreas protegidas.


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