- París, Francia. AFP.
La fiscalía francesa pidió este miércoles 10 años de prisión para el presunto “jefe” de los atracadores de la estrella de telerrealidad estadounidense Kim Kardashian en su habitación de hotel en París en 2016. Aomar Ait Khedache, de 69 años, reconoció su participación, pero siembre ha negado ser el “jefe del grupo”. Sin embargo, es él quien “da las órdenes”, “recluta” y va a Bélgica para revender las joyas, según la fiscal.
Durante el juicio, el principal acusado escribió una carta de disculpas para la víctima, quien lloró al escuchar su contenido. “Lo perdono por lo que ocurrió, pero eso no cambia (...) el trauma”, dijo Kim Kardashian el 13 de mayo. Desde finales de abril, un tribunal de París juzga a diez sospechosos por el atraco a mano armada de joyas valoradas en 10 millones de dólares de la reina de las redes sociales, que la prensa describió como “el robo del siglo”. Al inicio de sus alegatos finales, el ministerio público consideró que “todos son culpables”, pese a que ocho se dicen inocentes. El veredicto se espera el viernes.
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Fiscal evalúa pedir juicio a Prieto tras admisión de siete imputados
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, ayer viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La séptima procesada, de once procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la Fiscalía.
Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.
El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.
En el marco de la presentación de requerimiento, la Fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.
“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.
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Podrían abrir otro proceso a Prieto
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía.
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Fiscalía pidió rechazar chicana de Arnoldo Wiens en el caso metrobús
Los fiscales Yeimy Adle y Giovanni Grisetti solicitaron a la Cámara de Apelación rechazar la chicana de excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens acusado por lesión de confianza por el caso metrobús, que consideran improcedente.
Asimismo, sostienen que el hecho de presentar por presentar recursos sin fundamento podría considerarse como ejercicio abusivo del derecho.
“La pretensión de los recurrentes debe ser rechazada por su notoria improcedencia, en atención a que el auto interlocutorio recurrido se encuentra correctamente fundando sobre la base de hechos y estricto derecho, debiendo ser confirmado en su totalidad”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público, en una nota del 27 de agosto, al contestar el recurso de apelación general interpuesto el 21 de agosto por los abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, representantes legales de Wiens.
La defensa del exministro de Obras Públicas introdujo esta chicana contra el Auto Interlocutorio n.° 264, de fecha 14 de agosto de 2026, el cual resolvió no hacer lugar a la excepción de falta de acción por prescripción y extinción de la acción penal, que fue dictado por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno, Humberto Otazú.
CITACIÓN A INDAGATORIA
El Ministerio Público puntualiza que la resolución recurrida está “debidamente fundada y la citación a indagatoria de fecha 4 de octubre de 2023 fue idónea para interrumpir la prescripción” y, citando los artículos 104 y 162 del Código Penal, que “el supuesto agravio expuesto por la defensa parte de una confusión entre institutos procesales diferentes y pretende incorporar al acto de citación para declaración indagatoria exigencias que la ley no establece como condición para producir el efecto interruptivo de la prescripción”.
La defensa pretende negar el efecto interruptivo de la citación, porque en citación a indagatoria del entonces inculpado del año 2023 no se habría efectuado una descripción detallada de todos los hechos posteriormente incorporados a la imputación, aludiendo a la suscripción del Acta de Entendimiento del 23 de octubre de 2018, la suspensión de las obras originales, trabajos para habilitar el tránsito, el pago de G. 8.030.693.029 a Mota-Engil y la demolición de las estaciones.
“En tal sentido se tiene que, luego de recibir la citación, Arnoldo Wiens designó como defensor al Abg. Federico Huttemann; este aceptó el cargo, solicitó la suspensión de la audiencia fijada para el 13 de octubre de 2023 y requirió copias del cuaderno de investigación fiscal. Posteriormente volvió a solicitar documentación específica de la investigación, copias a las cuales accedieron”, agrega la contestación fiscal.
“En consecuencia, no pueden ahora pretender que la falta de realización de un acto cuya suspensión fue solicitada por la propia defensa transforme retroactivamente una citación válida en un acto carente de eficacia interruptiva”.
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Declaración forense: María Fernanda tuvo una muerte violenta y hubo rastros de un intento de aborto
En el sexto día del juicio reservado que se desarrolla contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el médico forense, Pablo Lemir, confirmó que la joven sufrió un muerte violenta y que existió evidencia de un intento de aborto vía vaginal. El perfil psicológico del acusado también indica que fue víctima de violencia familiar.
Ante el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Lemir declaró que María Fernanda Benítez estaba embarazada de 14 a 16 semanas, además, que durante la autopsia se pudo constatar que había marcas de pinzas ginecológicas y que ante su edad gestacional evidencia que pudo haber un intento de aborto.
Afirmó que la joven tuvo una muerte violenta provocada por un traumatismo de cráneo que fue causado por un objeto contuso romo que le provocó una hemorragia cerebral, pero como el cuerpo fue quemado no se pudo determinar si falleció inmediatamente o por ese golpe. “De lo que sí tenemos evidenciada es del traumatismo craneoencefálico y fue la herida principal constatada”, aseguró.
Así también, resaltó que el desprendimiento de las extremidades se registró por calcinamiento y que no fue provocado por otro objeto previo a que se le prendiera fuego como se pensaba antes de realizar la autopsia. El informe de Lemir aclara que el fallecimiento de la joven se registró tres a cinco días antes del hallazgo del cuerpo.
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Perfil psicológico
El principal sospecho del crimen de María Fernanda fue entrevistado por psicólogos para lograr determinar un perfil, los resultados revelan que presenta rasgos de egocentrismo y baja empatía hacia los otras personas.
“Dios perdona y sé que en un futuro puedo ser una mejor persona”, fue lo que expresó el joven, al momento de ser entrevistado por los profesionales en el proceso de investigación que se realizó tras ser acusado como el principal sospechoso del feminicidio de Mafe.
Unicanal accedió a la conclusión del Test Apercepción Temático (TAT) aplicado al imputado que detalla que se trata de una persona con buena estabilidad emocional e introspección, pero revela rasgos de egocentrismo agudo, muy baja empatía, conductas rudas o defensivas y una historia personal adversa que influye en sus trastornos de conducta.
Además, detectaron antecedentes de traumas severos y que el joven habría indicado que fue sometido a violencia física durante su infancia y llegó a intervenir físicamente para intentar detener las agresiones que supuestamente su papá tenía contra su madre, ciclo habría moldeado la conducta criminal.
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Antecedentes
El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se reportó recién el 31 de mayo de ese mismo año, este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.
El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho se enfrenta a un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.
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Tía Chela: juicio a Miguel Prieto y otros acusados se iniciará este lunes
El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos ratificó la determinación de los jueces de sentencia, de iniciar este lunes 31 de agosto, a las 08:00, el juicio oral para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en el caso conocido como Tía Chela.
La Cámara de Apelación rechazó el recurso planteado por la acusada, Emili Vanessa Florentín Páez, quien presentó una chicana para evitar que el juicio oral se pueda desarrollar, pero no surgió efecto y se mantiene para este lunes. De acuerdo al fallo, la resolución del tribunal de primera instancia fue dictada en virtud a las facultades ordenatorias del juez o tribunal.
“Al rechazar la reposición, el colegiado, luego de analizar la pretensión de la defensa técnica, ha decidido sustentando suficientemente su decisión en la ley y conforme a su disponibilidad. En estas condiciones, corresponde confirmar el auto apelado en subsidio”, expresa parte de la resolución del Tribunal de Apelación.
El Tribunal de Sentencia que juzgará a Miguel Prieto y a los demás acusados está conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación, en la cual se menciona que Prieto causó un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente habría encabezado un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Acusados
Además de Prieto, están acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL.; Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
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