Desde el Ministerio de Salud informaron este domingo que dos profesionales paraguayas participan en una capacitación internacional en Bogotá, Colombia, donde comparten experiencias y amplían sus conocimientos en epidemiología de campo, vigilancia sanitaria y respuesta ante emergencias de salud pública.

Se trata de Faviola Araceli Lamas y Nilda Yanina Guerreño, integrantes del nivel intermedio del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (PEEC) de Paraguay, quienes asisten al curso “Métodos en Epidemiología de Campo y Vigilancia en Salud Pública con énfasis en gestión del riesgo, brotes y epidemias”.

La actividad, organizada por el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia, se desarrolla del 2 al 13 de noviembre y cuenta con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

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El encuentro reúne conocimientos y experiencias de distintos ámbitos de la salud pública, con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas para identificar riesgos sanitarios, analizar información epidemiológica y actuar ante posibles brotes y epidemias. La formación también apunta a fortalecer la toma de decisiones sustentadas en evidencias.

Para las representantes paraguayas, esta experiencia constituye una oportunidad de actualización profesional e intercambio con especialistas de otros países, además de permitirles profundizar las herramientas adquiridas durante su formación.

La presencia de Paraguay en este espacio también refleja su participación en redes regionales e internacionales de cooperación, como la Red de Programas de Epidemiología de Campo de América del Sur (REDSUR) y la Red de Programas de Entrenamiento en Epidemiología e Intervenciones de Salud Pública (TEPHINET).

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Un ataque con explosivos cerca de una base militar en el oeste de Colombia mató a cuatro personas, entre ellas una bebé de dos meses, en medio de la peor ola de violencia del país en una década, informó la gobernadora local. Desde que llegó al poder en agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella promueve una ofensiva contra campamentos guerrilleros que ya deja decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.

A la par, los grupos armados han continuado los ataques con explosivos en distintas zonas del país y los asesinatos, incluido el de un aspirante a una alcaldía. El último atentado ocurrió la noche del domingo en el municipio de Planadas, en el sur del departamento de Tolima, en los alrededores de una base militar.

Un camión cargado con explosivos estalló y dañó parte de la infraestructura de un hospital y varias viviendas, reportó el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje. Las calles quedaron cubiertas de escombros. “Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”, dijo en X la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz.

En un video se observa a una mujer gritar desesperada, mientras un hombre saca de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija. Hueje señaló a una emisora local que hay “múltiples heridos”, los cuales fueron enviados a un colegio de la zona para recibir atención médica. En otras imágenes aparecen personas ensangrentadas y tendidas en medio de bloques de piedra.

Fue “un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia”, escribió en X Matiz. “Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, agregó. Por ahora las autoridades no han informado de quiénes fueron los responsables del ataque. De acuerdo con Hueje, además del camión con explosivos, también se vieron drones que “sobrevolaban” el casco urbano de Planadas.

Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos armados ilegales en Colombia. El viernes De la Espriella ordenó militarizar Cúcuta, la principal ciudad de la frontera con Venezuela por un aumento de atentados. En septiembre desplegó a las fuerzas militares en la turística Santa Marta tras una ola de ataques a comercios y vehículos desatada por una banda narcotraficante.

Fuente: AFP.

El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.

En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.

Ordeno “la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).

Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.

Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.

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La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.

Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados ​​por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.

En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.

• Fuente: AFP

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Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles.

Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno —que asumió el poder en agosto— contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.

La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.

“Llevamos seis abatidos y un capturado”, dijo a la prensa el presidente colombiano.

De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.

Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.

Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.

La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.

El miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía “precaución reforzada” cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.

Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó el miércoles el secretario de Seguridad.

Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudido desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.

“El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares” por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.

González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.

Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.

La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.

El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.

El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos. Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.

Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.

Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.

La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.

Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.

En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.

Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.

Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.

Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.

La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.

Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.

En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.

Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.

El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que “cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura”, donde planea “mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas”.

“Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura”, donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con “la mayor tasa de crimen y homicidios”, añadió durante una entrevista televisada en inglés.

Estados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.

Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.

Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.

Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.

El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.

Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.

El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.

Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico.

“Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos” en la carrera militar, agregó.

Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.

A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra.

Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón.

“Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados”, dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.

El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país.

Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.

Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: “nos dijeron que era por el estado de excepción”.

La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores.

“Vi un avión grande que iba aterrizando”, dijo Tito Henríquez, de 68 años.

El dueño de un pequeño restaurante considera “maravilloso” la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.

Fuente: AFP.