Nuevamente Verónica Castro vuelve a estar en el ojo de la tormenta, por lo que en las últimas horas acaparó las diferentes plataformas digitales. La cuestión es que dos periodistas especialistas en farándula declararon que la actriz mexicana había estado involucrada en un supuesto caso de acoso a jovencitas menores de edad.
Se trata de los comunicadores mexicanos Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante, quienes aseguraron que Verónica mantenía extensas conversaciones en horas de la madrugada, subidas de tono con un grupo de fans suyo, compuesto por adolescentes y niñas de entre 11 a 18 años.
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De acuerdo a lo expuesto por Carbajal, el grupo conformado netamente por chicas se llama “Las fantasmas de Verónica Castro”, el cual había nacido durante la pandemia, por lo que las reuniones que compartían eran virtuales, donde las charlas duraban hasta cinco horas sin la supervisión de ningún adulto.
Teniendo en cuenta que se hablaba de temas varios como: celebridades, trabajos, sexualidad e incluso hubo intercambio de fotografías íntimas. La confianza había llegado a tal punto que Castro las habría invitado a su casa de verano en Acapulco, todo pago.
Tras ser blanco de tales acusaciones, la actriz mexicana negó rotundamente los hechos, solicitando a Jorge y Gustavo Adolfo que se retracten pidiéndole disculpas públicas por sus manifiestos para finalmente cerrar su cuenta oficial en Twitter.
Con lo sucedido, varias personalidades del mundo del espectáculo de su país salieron al paso, tanto a favor como en contra. Mientras que otros aseguran que este podría ser el final de su amplia y fructuosa carrera profesional y artística.
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El cantante Pablo Benegas se sentó en el banquillo, acusado por abuso sexual en niños
El cantante Pablo Benegas, conocido por su éxito Soy de mi tierra, ya está en el banquillo de los acusados. Se inició el juicio oral y público donde el músico es acusado por presumiblemente drogar y luego abusar de dos menores de 11 y 16 años. La defensa del artista planteó varios incidentes que deberán ser estudiados por los integrantes del Tribunal de Sentencia.
La acusación del Ministerio Público es por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo, pornografía relativa a niños y coacción sexual y violación.
Días atrás, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Lourdes Garcete, ratificó la prisión preventiva del cantante. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia.
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Acusación
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas solicitó desde su casa el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho, cercana al barrio Chacarita, hasta su domicilio particular. El escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta, esto con el objetivo de hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas, para luego filmarlas desnudas.
El escrito del Ministerio Público señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).
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Piden juicio oral para cabecilla de megaestafa en venta de vehículos
La fiscala Lourdes Bobadilla presentó acusación contra Denis Steven Barbero Chávez, Carlos Alfredo Bareiro, Carlos Rubén Yrala Fernández por los delitos de estafa y asociación criminal en el caso conocido como Steven Automotores. Igualmente, fueron acusados el juez Jorge Adolfo Franco Garaleik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez por los hechos punibles de prevaricato.
La presentación se hizo ante la jueza penal de garantía Gladys Fariña, quien tendrá que admitir la acusación del Ministerio Público y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se pudieron recolectar varios elementos probatorios que responsabilizan del hecho punible mencionado para cada uno de los procesados. Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el presente caso existen 255 víctimas. La causa destapó un esquema de estafa donde se tenía como cómplices a jueces y funcionarios judiciales, que hoy están acusados y con pedidos de que el caso se eleve a juicio oral y público.
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Este caso de megaestafa trascendió en marzo de 2024, con la imputación del juez Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chacoí-Nueva Asunción, y de su actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez, por la emisión de resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles de Denis Steven Bareiro.
Una de las víctimas que abrió esta investigación había adquirido un vehículo en agosto de 2023, en la playa de ventas de vehículos ubicada sobre las calles Acceso Sur casi Mangoré de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000. Sin embargo, al retrasarse con la primera cuota, el 2 de octubre le secuestraron el vehículo con orden judicial, y le solicitaron la entrega de G. 17.000.000, así como la firma de un segundo contrato de compraventa, negándole la devolución del vehículo, del dinero de la primera entrega y los pagarés firmados.
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Filtración de Seprelad: “No se dedican a refutar los hechos, solo a incidentar”, dice González
El secretario general de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Eduardo González, se refirió sobre la decisión de la Fiscalía de acusar y requerir juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Acá el órgano investigador establecido por la propia Constitución Nacional hizo su trabajo. Yo veo muy bien elaborada la investigación por lo que es el resultado final de la acusación, el mismo se basa en hechos concretos, es muy interesante porque podemos ver como operaban”, expresó al programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.
Tanto Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Mauricio Espínola, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
“Esto no puede volver a ocurrir, no podes aprovecharte del aparato estatal para atacar a tu adversario de turno. Nunca se dedicaron a refutar los hechos, solo a incidentar el proceso. Los abogados defensores se pasan chicaneando”, cuestionó González.
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La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política impulsada por el exjefe de Estado, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de las pasadas elecciones internas, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
“Ellos ya saben de qué se les acusa y de qué defenderse. Tienen la oportunidad que no tuvo el expresidente Horacio Cartes, el de defenderse, de presentar un abogado, de conocer de qué se le está acusando. En este caso se puede ver un relato de hechos en la elaboración de un informe totalmente tendencioso, incluso se puede saber cuándo fueron sus reuniones, todo se encuentra corroborado como por ejemplo la remisión de informes de computadora a computadora”, indicó el también abogado al referirse sobre el informe de la Seprelad elaborado contra Cartes que habrían sido remitido a Estados Unidos, para que sea utilizado como garrote político.
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