Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue acusada formalmente de corrupción tras una investigación penal de varios años, según una resolución judicial publicada el lunes.

El juez Juan Carlos Peinado imputó a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, según un auto fechado el 11 de abril al que AFP tuvo acceso el lunes.

• Fuente: AFP

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El encargado de Negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, acudió este lunes al Congreso Nacional con el fin de solicitar una mayor cooperación en materia legislativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo para consolidar la seguridad hemisférica.

“Con Paraguay compartimos valores democráticos e intereses nacionales; se está fortaleciendo y llevando a cabo entre los dos países todo un horizonte de alianza estratégica en materia de seguridad y oportunidades económicas para los dos pueblos”, comentó a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Alter surgen tras mantener un encuentro con el senador opositor Eduardo Nakayama, con quien dialogó en torno a los beneficios que otorgará a Paraguay el acuerdo de Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

“Conversamos sobre la importancia del acuerdo y el marco jurídico que nos da para fortalecer la colaboración en seguridad entre los dos países. Acá la intención es hacer más y mejor. Tenemos una excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países y el acuerdo SOFA nos da un marco jurídico para facilitar la llegada de las capacitaciones, ejercicios conjuntos para que las fuerzas de ambos países tengan niveles de profesionalismo fuertes y efectivo”, refirió.

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El acuerdo fue promulgado el pasado 11 de marzo por el presidente de la República, Santiago Peña. “La intención es fortalecer a ambos países para defender sus soberanías. El acuerdo habla de inmunidades, no impunidades, existe una gran diferencia entre las dos cosas”, refirió Alter.

Por su parte, Nakayama detalló que “hablamos sobre la seguridad hemisférica y uno de los principales flagelos que tenemos como América Latina es el crimen organizado y el terrorismo. Hablamos también sobre la ciberseguridad, ya que existen ataques constantes, avanzados y difíciles de evitar que requieren de mejores capacidades. El convenio SOFA permitirá tener una mayor flexibilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen”.

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El “Guernica” de Pablo Picasso, un gigantesco lienzo convertido en símbolo contra la guerra y que se expone en el Museo Reina Sofía de Madrid, es objeto de un tira y afloja entre el País Vasco, que lo reclama, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

• Por Marie Giffard
• Texto y fotos: AFP

Con sus 7,8 m de largo por 3,5 m de alto, pintado casi inme­diatamente después del bombardeo de la ciudad vasca por los nazis en 1937, este cuadro es muy codi­ciado por el gobierno regio­nal del País Vasco.

A finales de marzo, durante una reunión con el presidente del Gobierno, el líder regio­nal vasco Imanol Pradales reiteró una petición en este sentido, diciendo que quería exponerla en el Museo Gug­genheim de Bilbao.

Con motivo del 90.º aniversa­rio del bombardeo de Guer­nica, “estamos solicitando un traslado temporal” como “una reparación simbólica y polí­tica”, argumentó Pradales.

El Ministerio de Cultura encargó entonces un informe al Museo Reina Sofía de la capital española. En las con­clusiones de este documento, que se puede consultar en su web, “se desaconseja rotun­damente su traslado”.

Gracias a su estudio, argu­mentó el museo, “ha sido posible cuantificar y regis­trar de forma exhaustiva los aspectos relativos a las alteraciones que presenta la obra” tras “una larga vida de viajes y avatares”.

Pero la región de Madrid se unió al debate, con la inter­vención de su presidenta, la carismática líder conser­vadora (PP, derecha) Isabel Díaz Ayuso.

Defendiendo que el cuadro se quede en Madrid, donde atrae a numerosos visitantes, Díaz Ayuso calificó las pre­tensiones vascas de “catetas” –rústicas, pueblerinas–, pro­vocando el enfado de los diri­gentes vascos.

“Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque enton­ces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga”, ahondó Díaz Ayuso, de donde era oriundo el pintor.

Al ser preguntado sobre el tema, el Gobierno central, que tendría la última palabra, reaccionó a través de su portavoz, Elma Saiz, que aseguró que su posición se basaría en “criterios técnicos y profesio­nales”, es decir, en los crite­rios del museo, pero criticó a Díaz Ayuso por recurrir a “insultos”.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez, al frente de un Gobierno de coali­ción minoritario que nece­sita el apoyo parlamenta­rio de varias formaciones de extrema izquierda y partidos nacionalistas vascos y catala­nes, tiene a menudo que nego­ciar concesiones para sacar adelante sus leyes.

Desde que Pablo Picasso lo pintó en 1937, el “Guernica” siempre tuvo una gran carga política.

En 1995, las autoridades españolas se negaron a prestarlo al Centro Geor­ges Pompidou de París ale­gando los daños irreversi­bles que podría sufrir la obra durante su traslado.

Al año siguiente, Bernard Picasso, nieto del pintor y uno de los administradores de la obra de su abuelo, se opuso a la solicitud de prés­tamo temporal al Guggen­heim de Bilbao.

Destinado al pabellón de la República Española en la Exposición Universal de 1937 en París, el lienzo fue enviado a Estados Unidos en 1939 al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), donde permane­ció más de 40 años.

Picasso había pedido que permaneciera allí hasta el retorno de la democracia en España, y las reproduccio­nes del “Guernica” se con­virtieron, bajo la dictadura, en un símbolo de la oposición al franquismo.

En 1981, tras la muerte de Picasso (1973) y Franco (1975), y después de haber sido cedido para varias exposiciones, sobre todo en Japón, el “Guernica” pisó España por primera vez, volviendo a Madrid para ser expuesto en el Museo Nacio­nal del Prado.

En 1992 se trasladó a su ubicación definitiva hasta ahora, el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, situado a unos cientos de metros del Prado.

Luego de que el caso del universalmente famoso cantante Julio Iglesias fuera archivado en tribunales españoles por carecer de jurisdicción, la defensa del artista pasó al frente y ahora la Justicia cita nada menos que a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los tribunales del país ibérico informaron que el caso no podía proseguir porque los hechos habían ocurrido fuera de España, sin embargo, este jueves informaron que Díaz deberá presentarse a declarar por llamar “agresor sexual” a Julio Iglesias, quien entabló demanda contra la autoridad por “injurias y calumnias”.

“Un juzgado de Madrid ha citado para el próximo 19 de mayo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, con el objetivo de que comparezca en un acto de conciliación, tras la denuncia que el cantante Julio Iglesias interpuso en su contra por llamarle “agresor sexual”, informó el medio El Confidencial.

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Indicaron que se trata de un primer paso del artista para demandar a la política por injurias, después de que Díaz diera por probadas en diferentes manifestaciones públicas los señalamientos de dos exempleadas de Iglesias que le acusaron de acoso sexual y laboral.

Según el portal RT, que se hace eco de la información, en enero la ministra animó a las víctimas a que prosiguieran en contra del cantante ya que este “había llevado a cabo todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres y, además, estaban en una posición de debilidad extrema"

Según Antena 3, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid admitió a trámite la solicitud hecha por la defensa del cantante para demandar a Díaz por supuestas “injurias y calumnias”. La cita para el acto de conciliación será el próximo 19 de abril, a las 9:30.

En febrero, Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta que fue archivada por la Fiscalía. Su petición solicitaba que Díaz reconociera el daño causado, que hiciera una rectificación y que lo indemnizara. Este paso era previo a la querella judicial.

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