Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el arresto del líder de una pandilla haitiana, Jimmy “Barbeque” Cherizier, por presunta violación de las sanciones estadounidenses. El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.

Cherizier, de 48 años, y Bazile Richardson, han sido acusados formalmente de haber intentado transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar las actividades de una pandilla, informó el Departamento de Justicia. “Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro en rueda de prensa.

“Es un líder de pandilla responsable de atroces violaciones de los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”, añadió. Cherizier es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2020 y de la ONU desde 2022. El expolicía lidera una alianza de pandillas conocida como la “Familia G9”, cuyos miembros están acusados de asesinato, robo, extorsión, violación, asesinatos, tráfico de drogas y secuestros.

Según el Departamento de Justicia, Cherizier y Richardson, un estadounidense naturalizado que fue arrestado en Texas el mes pasado, recaudaron fondos de la diáspora haitiana en Estados Unidos y transfirieron el dinero a intermediarios en el país caribeño. Cherizier presuntamente utilizó los fondos para pagar a pandilleros y comprar armas. Al menos 3.141 personas fueron asesinadas en Haití entre el 1 de enero y el 30 de junio, advirtió en julio el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

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Con un arma automática al hombro, Jimmy “Barbecue” Chérizier, a quien le gusta presentarse como un revolucionario, encabeza la coalición de pandillas “Viv ansanm” (Vivir juntos) que devasta Haití y controla cada vez más terreno en Puerto Príncipe y el resto del país. A sus 48 años, este expolicía se ha convertido en la figura central de la violencia que sacude desde hace varios años a esta pobre nación caribeña, provocando una crisis humanitaria, política y de seguridad.

Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de cinco millones de dólares por toda información que pueda llevar a su arresto. En febrero de 2024, “Viv ansanm”, la unión de las pandillas G9 y G-Pèp, antaño rivales, lanzó varios ataques contra infraestructuras claves de Puerto Príncipe, provocando la dimisión del primer ministro Ariel Henry y la instauración de un consejo presidencial de transición.

A pesar del despliegue de una fuerza internacional de apoyo a la seguridad en junio de 2024, el grupo liderado por “Barbecue” ha seguido conquistado nuevos territorios. Desde enero, varios municipios del país y barrios de la capital han caído en su poder. Esas pandillas han asesinado a policías y soldados haitianos, y a miembros de la misión internacional, además de provocar el desplazamiento de cientos de miles de habitantes.

El 7 de agosto, mientras el consejo de transición cambiaba de presidente, Chérizier intentó atacar el barrio que acoge las oficinas de esa institución y la del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Mientras la capital despertaba con el tableteo de las armas automáticas de los pandilleros, “Barbecue” apareció en un video para pedirle a la población que dejara que sus hombres alcanzaran ese barrio. “Tenemos que derrocar a esos ladrones que dirigen el país. El pueblo debe ayudarnos en la batalla por liberar Haití”, declaró en la grabación.

No es la primera vez que el expolicía llama la atención. En 2022, al frente de la pandilla G9, bloqueó durante meses la principal terminal petrolera del país, paralizando la distribución de combustible y sumiendo aún más a Haití en el caos. Este episodio desencadenó llamamientos para enviar una fuerza multinacional que ayudara a la policía haitiana, que se encontraba desbordada. Una misión que aún no ha cumplido las expectativas.

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Como muestra de su influencia, Chérizier fue el primero en ser incluido en octubre de 2022 en el nuevo régimen de sanciones de la ONU contra las bandas armadas haitianas (prohibición de viajar, congelación de activos, embargo selectivo de armas). “Viv Ansanm”, la principal coalición de bandas de Haití, también fue designada “organización terrorista extranjera” el 2 de mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A raíz de las sanciones impuestas por la ONU, un informe de expertos de la organización mencionó la implicación de “Barbecue” en la “masacre de La Saline”, ocurrida en 2018 en este barrio marginal de la capital. “Mientras era oficial de la policía nacional haitiana, Jimmy Chérizier planificó y participó en los ataques de La Saline”, afirmó también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al imponerle sanciones a finales de 2020.

Durante esos acontecimientos, que se saldaron con 71 muertos en pocos días, las pandillas, utilizadas a veces por las autoridades para acallar las reivindicaciones de los barrios populares, “sacaron a las víctimas, incluidos niños, de sus casas para ejecutarlas y arrastrarlas por la calle, donde sus cuerpos fueron quemados, descuartizados y dados de comer a los animales”, escribió entonces el Departamento, refiriéndose al apoyo prestado a Chérizier por dos altos cargos de la administración del expresidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado en 2021. Pero el líder de la banda, que publica a menudo vídeos en las redes sociales, rechazó las acusaciones en su contra. “No soy un gánster, nunca seré un gánster”, afirmó en 2021 en una entrevista con la cadena Al Jazeera, asegurando que lucha “por otra sociedad”.

Fuente: AFP.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

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Estados Unidos considera fraudulentas las reelecciones de Maduro desde 2018.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de “narcotráfico” y “corrupción”.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como “presidente legítimo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

En julio el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, muy crítico con Maduro, anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2019 Trump reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, “presidente interino” de Venezuela e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro.

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La propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.

Fuente: AFP

El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, coronel Carlos Casco, habló acerca de los últimos operativos y trabajos de inteligencia que se están llevando adelante en la lucha contra el grupo criminal autodenominado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Para lograr resultados positivos como los obtenidos en el último operativo Cobrarius, en Canindeyú, donde fue abatido Rubén Darío López Fernández, alias Loro, y donde se tiene la sospecha de que Magna Meza quedó herida, se trabaja con fuentes de información técnica y fuentes humanas.

“Son en las fuentes humanas donde logramos el éxito. Llegamos sin tener la ayuda, en todos los casos fue así. Esa es la forma de trabajar en inteligencia. Saber quiénes son las personas que brindarán el acceso a las estructuras. En todos los casos donde tuvimos operaciones exitosas fueron motivados por el pago de recompensa”, manifestó en a la 1020 AM.

Resaltó que se inició el trámite con todas las documentaciones, aclarando que cuentan con un sistema de gestión de información llamado Arandu, que tiene trazabilidad porque todas las informaciones van documentadas y todas las fuentes tienen un código numérico específico, permitiendo contar con un historial de datos recibidos hasta el último día antes de realizar la operación.

“Hay muchas personas que ya recibieron su recompensa, por ejemplo, la operación Zeus, que fue fruto de una fuente humana muy importante que nos proporcionó un dato muy importante, en esa ocasión, una sola persona recibió 1.000 millones de guaraníes”, precisó.

“Fueron varios datos los que nos fueron brindando, y que tratamos de comprobar con otras fuentes de la zona. No es que nos jugamos el todo por el todo, porque no queremos caer en mentiras peligrando la vida de nuestros personales. Incluso la persona que es fuente humana es sometida a pruebas de polígrafos para corroborar la información”, indicó.

Mencionó estos datos porque muchas veces hay gente que por miedo o creyendo que no serán recompensados, no brindan informaciones. Sin embargo, prefieren dar a conocer esto para que se sepa que se está cumpliendo.

A partir de la divulgación del pago de recompensa, mayor número se animó a brindar información. “Este dinero lo administra directamente el Ministerio del Interior, que cuenta con un fondo exclusivo para estos casos. Hay una ley que no estaba reglamentada y hace poco el ministerio logró reglamentar”, mencionó.

Agregó que todos estos operativos se preparan en una mesa de trabajo conjunto con el Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar, donde se evalúa el perfil de cada uno y con base en los datos se van estableciendo los montos de recompensa.

“Esto pasa a criterio del ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional y finalmente es el presidente de la República el que brinda la autorización. Entonces, las veces que tenemos una información puntual, nosotros primero consultamos si vamos a tener apoyo para pagar, y una vez que se tenga el ok se continúa con el proceso”, acotó.

El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.