Los operativos anticontrabando deben seguir su curso con la mayor celeridad porque visto está que es un flagelo muy bien estructurado por un poder económico que opera desde las sombras y que históricamente despojó de recursos al fisco. El Gobierno viene ejecutando tareas claves contra este mal y debe tener la fortaleza necesaria para no claudicar, pese a las campañas sucias que se activan ante estas acciones.
Como nunca, ante el aumento de la producción local en todos los rubros, principalmente en la agricultura familiar se han revertido los tantos, permitiendo al país vender fuera lo que antes se ingresaba desde mercados externos.
Estas medidas que protegen la economía formal local implican millonarias pérdidas para los que lucran con la informalidad y ante esta amenaza se suscitan todo tipo de persecuciones a la labor gubernamental, camuflados sistemáticamente de “información periodística” que buscan confundir a la opinión pública.
La gente debe entender que el contrabando en cualquier dimensión daña la economía y el bienestar común porque le priva de ingresos al fisco, por ende, se despoja de recursos a Salud, Educación, Seguridad y otras áreas clave. La guerra no es ni será fácil, significa el combate rutinario de varias batallas con la desventaja de que existe una población de que todavía se deja engañar por la falsa realidad de que comprar productos de contrabando sale más barato.
Hay toda una cultura enraizada de que la mercadería comercializada a espaldas del fisco equivale a un ahorro.
La educación sobre este tema es clave, la magnitud del falso rédito que puede aparentar el mercado en negro debe ser entendido y comprendido por la población en general. No podemos tolerar que el comercio ilegal continúe boicoteando tan libremente la economía, los puestos de trabajo y el desarrollo.
Los trabajos realizados por La Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT) en coordinación con varios organismos del Estado está dando muestras claras de que el combate es en serio y que la cacería de los responsables no tiene tregua.
El reciente decomiso de más de 53.000 kilogramos de productos frutihortícolas durante un procedimiento de verificación realizado en un depósito sin denominación ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Sur.
Las mercaderías, presumiblemente de origen extranjero que no contaban con documentación que respalde su ingreso legal al país, es parte de la lucha que tiene que seguir siendo incansable desde el Gobierno. Miles de mano de obra local quedan relegados a causa de estas operaciones en negro que, además arriesgan la salud ya que carecen de documentaciones que garanticen su calidad.
Una semana después del hallazgo de 53 toneladas de verduras en condiciones ilegales en Fernando de la Mora, otros 12.700 kilos de cebolla y papa fueron incautados de un depósito en negro en Capiatá.
Miles de litros de combustible fueron incautados en la ciudad de Concepción en otro operativo en estos días, miles de kilos de azúcar en otro, cierres de locales, depósitos sin documentación ni habilitación formal, son noticia frecuentemente. El combate exige constancia, resistencia y hay que seguir hasta debilitar completamente a las estructuras delictivas.
La Justicia debe hacer lo suyo para que los procedimientos no queden en la nada y los delincuentes impunes. Nada más dañino que se continue con el boicot al desarrollo país en un contexto en el que la economía se recupera y se consolida como modelo para la región y el mundo.
Los contrabandistas que surten góndolas enteras, vidrieras, carpas, veredas con productos ingresados en negro deben sentir un duro golpe al bolsillo por el robo al Estado con el despojo de dinero perteneciente al Fisco. Pero además, deben ser castigados con todo el peso de la Ley, se acabaron los tiempos en que emparejados con Gobiernos mezquinos se burlaban de las instituciones y del futuro de la gente.