La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció en contra del fallo que obliga al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a proveer a un ciudadano informaciones privadas de los ganaderos como, por ejemplo, cantidad de animales de ganado vacuno por nombre de establecimiento y destino final. El gremio apoyó al Senacsa para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia.
La resolución judicial que obliga a proveer esos datos privados fue dictada por la magistrada Lizza Reyes, y confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Dichas informaciones fueron solicitadas al Senacsa por el ciudadano de nombre Federico Legal Aguilar, amparándose bajo la Ley Nº 5.282/2014 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
Carlos Miguel Goiburú, presidente de la comisión de asuntos legales de la ARP, comentó que el solicitante de las informaciones desde hace ya un tiempo, pidió datos varios a la Senacsa, entre los cuales hay datos públicos que ya fueron proveídos. “La Constitución Nacional dice que la intimidad personal y familiar, como el respeto de la vida privada, son inviolables. Según los constitucionalistas, forman parte de la intimidad, el derecho a la imagen, al honor, al nombre y también la personalidad económica de una persona”, afirmó.
“Estamos muy preocupados, esas informaciones privadas de los ganaderos podrían ser utilizadas con fines delictivos, como extorsiones o secuestros”, expresó Goiburú.
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Corte analiza resultados de investigación sobre medidas cautelares y riesgos procesales
Con la finalidad de presentar a las autoridades judiciales los resultados de investigaciones de campo realizadas por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), este viernes se desarrolló la segunda jornada de la mesa técnica de trabajo entre integrantes de la la Oficina Técnica Penal (OTP) y del CEJ.
Con la presencia de la ministra de la Corte, Carolina Llanes, se pormenorizaron detalles relacionados con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas mediante el análisis de riesgos procesales en 322 resoluciones correspondientes al primer semestre de 2025.
La jornada tuvo relación con los proyectos del sistema de Justicia Penal orientados a apoyar la labor de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva, vinculados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad (PPL) con enfoque de derechos humanos.
“Con apoyo del analista Jorge González, integrantes del CEJ expusieron los resultados del análisis de riesgo de 322 resoluciones dictadas entre enero y junio de 2025″, informaron.
María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, señaló que en esta oportunidad se presentaron a la Sala Penal los resultados de las investigaciones de campo realizadas por la institución en relación con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas.
El trabajo busca comprender la dinámica del análisis jurisprudencial de los jueces de Garantías en estos puntos, a fin de identificar reiteraciones y la aplicación de normas.
La intención principal es detectar posibles debilidades que permitan a la Sala Penal contar con un panorama preciso para orientar políticas judiciales.
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Martínez Simón fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia
El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander como vicepresidente segundo.
Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
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Durante su intervención en la sesión plenaria ordinaria de la Corte, Martínez Simón expresó que “en este ejercicio democrático que marca nuestra carta orgánica —creo que ello hace bien a la institucionalidad de la Corte— establecer que tengamos procesos naturales marcados por la norma, con discusión previa, diálogo, propuestas y el afianzamiento de una o más candidaturas hace el buen manejo de la Corte”.
En otro momento, sostuvo que los integrantes del máximo tribunal realizaron un buen trabajo en este último periodo, trabajo que seguirá bajo su presidencia, principalmente de manera colectiva.
“Todos apuntamos hacia el mismo lugar: queremos la mejor conducción de la justicia en nuestro país. Me consta personalmente, en las distintas presidencias en las que trabajé, como vicepresidente también, que todos ponemos el mejor esfuerzo. Se da por descontado que, así como el año anterior se realizó un gran trabajo colectivo entre todos, este año será igual”, apuntó.
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Crimen de Kanazawa: solicitan la extracción de datos de los teléfonos celulares
En el marco de las investigaciones que se realizan para esclarecer el crimen del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Félix Kanazawa, la Fiscalía solicitó que la extracción de datos de los teléfonos celulares de la víctima y de los imputados. El fiscal indicó que hasta el momento no hay indicios de que el crimen haya sido por encargo.
Según el fiscal Ever García, los imputados Remigio Rubén Llano López, personal militar y Óscar Darío Zacarías Maciel, tendrían un relacionamiento, por lo que solicitó la extracción de los teléfonos celulares.
“Creemos que existe un vinculo entre el personal militar y el civil, por lo que ya se había solicitado varias diligencias, entre ellas las extracción de datos de los celulares. Esto nos va a dar a conocer si existió o no un tipo de relación entre ambos”, indicó García, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Indicó que también se solicitó la pericia del celular de la víctima para saber qué tipo de contactos previos tuvieron antes del crimen. “La extracción también es para saber si hay o hubo un tipo de relación de un tiempo atrás, casual o cualquier otro tipo de elementos que nos puedan indicar cuál fue el móvil del crimen”, manifestó.
Afirmó que de hasta el momento se trata de un caso de homicidio doloso y la hipótesis de que fue un crimen por encargo se descarta. “No hay indicios de que haya sido por encargo o sicariato. El trabajo de la Fiscalía es aclarar si se trató de un crimen por encargo o pasional”, puntualizó.
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Antecedentes
Kanazawa salió de su vivienda ubicada en San Lorenzo en la madrugada del 7 de febrero y, según imágenes del circuito cerrado, abordó su vehículo junto a un hombre, quien se presume sería Remigio Rubén Llano López, personal militar y presunto autor del homicidio.
El cuerpo de la víctima fue hallado el 9 de febrero, pero recién el viernes 13 se realizó la denuncia de la desaparición del exdirector de la Dinac. El domingo 15 se confirmó que el cuerpo encontrado era del hombre y se realizó la exhumación para la autopsia, ya que fue enterrado en el cemento de San Pedro del Paraná.
La necropsia por la que se realizó el examen médico minucioso, se determinó que Kanazawa murió por un shock hipovolémico por herida de arma blanca a la altura del cuello. Las autoridades detuvieron a Óscar Darío Zacarías Maciel, quien habría realizado compras en Ciudad del Este utilizando el teléfono del extitular de la Dinac.
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Más protección y menos barreras, el desafío de garantizar justicia para personas mayores en Paraguay
La necesidad de asegurar una tutela efectiva de los derechos de las personas mayores vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial paraguaya.
Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia se subraya la relevancia de aplicar de manera concreta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en todos los procesos en los que este grupo esté involucrado.
Paraguay dispone de un entramado constitucional y legal que apunta a resguardar de forma integral a este sector de la población, con base en los principios de dignidad, igualdad y no discriminación.
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La propia Constitución Nacional establece que el Estado debe adoptar medidas específicas para amparar a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas mayores, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Paso fundamental
En el plano internacional, el Paraguay dio un paso significativo al ratificar la Convención Interamericana mediante la Ley N.º 7600/2025. Con su entrada en vigencia, el instrumento adquiere carácter obligatorio para el Estado paraguayo.
“La normativa reconoce a las personas mayores como titulares plenos de derechos y fija estándares claros en aspectos como autonomía, salud, seguridad social, participación activa en la comunidad, vivienda digna y acceso real a la justicia”, argumentaron.
A nivel interno, leyes como la N.º 1885/2002 “De las Personas Adultas” y la N.º 7322/2024, que crea la Pensión Universal para las Personas Mayores, junto con otras disposiciones complementarias, refuerzan el compromiso estatal con el bienestar y la protección de este grupo, especialmente de quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad social o económica.
Dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema también adoptó medidas orientadas a eliminar obstáculos en el acceso a la justicia. Entre ellas se encuentran la Acordada N.º 633/2010, que incorpora las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, y la Acordada N.º 1024/2015, que promueve atención prioritaria, mayor rapidez en los procesos, uso de lenguaje claro y ajustes razonables en los procedimientos.
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El desafío ahora no solo radica en contar con normas avanzadas, sino en traducirlas en prácticas efectivas que aseguren que las personas mayores encuentren en la justicia un espacio accesible, ágil y respetuoso de sus derechos.