La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció en contra del fallo que obliga al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a proveer a un ciudadano informaciones privadas de los ganaderos como, por ejemplo, cantidad de animales de ganado vacuno por nombre de establecimiento y destino final. El gremio apoyó al Senacsa para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia.
La resolución judicial que obliga a proveer esos datos privados fue dictada por la magistrada Lizza Reyes, y confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Dichas informaciones fueron solicitadas al Senacsa por el ciudadano de nombre Federico Legal Aguilar, amparándose bajo la Ley Nº 5.282/2014 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
Carlos Miguel Goiburú, presidente de la comisión de asuntos legales de la ARP, comentó que el solicitante de las informaciones desde hace ya un tiempo, pidió datos varios a la Senacsa, entre los cuales hay datos públicos que ya fueron proveídos. “La Constitución Nacional dice que la intimidad personal y familiar, como el respeto de la vida privada, son inviolables. Según los constitucionalistas, forman parte de la intimidad, el derecho a la imagen, al honor, al nombre y también la personalidad económica de una persona”, afirmó.
“Estamos muy preocupados, esas informaciones privadas de los ganaderos podrían ser utilizadas con fines delictivos, como extorsiones o secuestros”, expresó Goiburú.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Poder Judicial: piden ampliación presupuestaria para infraestructura y servicios
Ante las comisiones de Presupuesto y de Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, este martes el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel presentó los fundamentos de la solicitud de ampliación presupuestaria correspondiente a la Fuente 30, compuesta por recursos generados por el propio Poder Judicial.
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“Los fondos serán destinados prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, así como a inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, incluyendo avances en digitalización documental de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), en el marco de los preparativos para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN)”, explicó.
Los legisladores escucharon con atención las apreciaciones del doctor, quien profundizó en los objetivos estratégicos de la solicitud de ampliación presupuestaria, orientada a garantizar la continuidad operativa de proyectos institucionales en curso, la cobertura de compromisos contractuales vigentes y la adecuación progresiva de la infraestructura judicial.
“Con esta propuesta se busca atender necesidades impostergables no contempladas en el plan financiero actual, consideradas esenciales para el funcionamiento regular del sistema judicial”, indicó.
También aclaró que los fondos solicitados provienen exclusivamente de recursos institucionales generados por tasas y servicios prestados por el propio Poder Judicial, sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.
Dentro de las áreas prioritarias de inversión, se contemplan:
- la adecuación edilicia de sedes judiciales
- el fortalecimiento de la seguridad institucional
- la adquisición de equipamiento e insumos indispensables para sostener la operatividad a nivel nacional
- la cobertura de gastos en servicios personales y no personales
- la compra de bienes de consumo y de inversión física
Contratos vigentes
Según lo expuesto, se proyecta una asignación de G. 28.680.500.000, que será destinada prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, además de permitir —según disponibilidad— nuevos llamados para servicios especializados.
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El director general de Administración y Finanzas señaló que parte de estos fondos posibilitará el avance en el proceso de digitalización certificada de documentos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), como parte de la etapa preparatoria para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN), un sistema que prevé integrar progresivamente los servicios registrales actualmente distribuidos en distintas dependencias.
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La CSJ y el BNF lanzan nuevo sistema de pagos electrónicos para beneficiarios de juicios
Como parte de una nueva plataforma tecnológica implementada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) buscan reemplazar los tradicionales cheques físicos, marcando un hito en la modernización de los servicios judiciales, informaron desde el Palacio de Justicia.
La iniciativa comenzó a operar desde este lunes 18 de agosto, en el marco de la primera etapa de implementación, en la que os beneficiarios de juicios tramitados en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital podrán recibir sus pagos a través de transferencias bancarias directas.
“El objetivo es ofrecer mayor agilidad, seguridad y comodidad a los ciudadanos. Con esta nueva modalidad, las personas ya no necesitarán acudir a sucursales bancarias para cobrar sus cheques, disponiendo de los fondos de manera directa y segura en sus cuentas”, indicaron.
Manuel Ochipintti, presidente del Banco Nacional de Fomento, informó sobre el sistema a ser utilizado: “Desde hoy se habilita automáticamente una cuenta en el BNF a nombre de cada beneficiario, donde se acreditará el monto autorizado por resolución judicial”. Detalló que este mecanismo garantiza no solo la rapidez en los cobros, sino también una mayor seguridad al permitir que los beneficiarios dispongan de su dinero sin necesidad de trámites presenciales ni manejo de cheques".
Al momento de indicar el proceso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, destacó que “este es un paso fundamental hacia una justicia más accesible y eficiente. Estamos eliminando barreras burocráticas y utilizando la tecnología para beneficiar directamente al ciudadano”.
La plataforma
La dualidad CSJ y BNF ya fue implementada y la plataforma ya fue oficializada este lunes mediante la firma de un convenio interinstitucional en la sala del Pleno de la Corte Suprema. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta primera de la CSJ, doctora Carolina Llanes, y los ministros doctores Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera.
“También participaron del acto la licenciada Rosa Liz Chamorro, directora general de la DGTICs de la CSJ, y por parte del BNF, Claudio Bacchetta, miembro titular del directorio; César Vargas, gerente general; Francesco Lemmo, gerente de Operaciones; y Guillermo Acevedo, gerente de Asuntos Legales”, explicaron.
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Del 14 al 17 de agosto suspenderán servicios judiciales para instalación de un nuevo servidor
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que desde el jueves 14 al domingo 17 de agosto los usuarios del sistema de justicia se verán temporalmente interrumpidos para que se realicen trabajos con el fin de poner en funcionamiento el nuevo servidor adquirido por la institución.
Los trabajos estarán a cargo de la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTIC) y las Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, desde las 17:00.
Según el Poder Judicial, varios servicios serán afectados para las tareas informáticas, entre ellos:
- Consulta de Casos Judiciales
- Portal de Gestión de Partes
- Consulta de Antecedentes Penales
- Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales Electrónicos de los Juzgados Digitales
- Sistema de Gestión de Casos (JUDISOFT)
- Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales Electrónicos de los Tribunales de Apelación
- Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales Electrónicos de las Salas de la Corte
- Sistema de Ingreso de Causas en Línea
- Sistema de Cálculo de Cobertura de Gastos
- Garantías Constitucionales
- Oficios Electrónicos
- Informes en Línea: REDAM y RAS
- Informes Judiciales Electrónicos
- Ingresos Judiciales
- Publicidad registral
Desde la máxima instancia judicial aclararon que las tareas a ser realizadas fueron autorizadas por el Consejo de Superintendencia y que una vez concluidos los trabajos, se dará aviso a la ciudadanía a través de los canales institucionales habilitados para el efecto.
20 años de Mesa de Entrada
En su 20º aniversario, el ministro Luis María Benítez Riera visitó las oficinas ubicadas en la planta baja del Palacio de Justicia para saludar y reconocer personalmente a sus funcionarios, teniendo en cuenta que un 11 de agosto de 2005 inició sus funciones la Mesa de Entrada Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.
Según recordó, el objetivo era brindar un servicio eficiente a los justiciables y optimizar la gestión de expedientes.
El ministro “resaltó los avances en modernización tecnológica, especialmente la implementación del expediente judicial electrónico, que ha permitido reducir el uso de papel y agilizar la tramitación de causas”, indicó.