La Asociación Para­guaya de Fútbol (APF), con su presi­dente Robert Harrison a la cabeza, presentó el proyecto de Fair Play Financiero a los clubes de la Primera División. El objetivo es fortalecer la eco­nomía de las instituciones y garantizar un desarrollo sos­tenible del fútbol paraguayo.

Inspirado en la normativa financiera aplicada por la UEFA y otros organismos, el Fair Play Financiero de la APF tiene tres pilares: sustentabili­dad, orden y control de costos y gastos. El proceso es apoyado por la Conmebol, enmarcando a la APF en las mejores prácti­cas y consolidando su posición.

La APF busca preservar la salud financiera del fútbol profesional, promover trans­parencia y responsabilidad en la gestión de los clubes y ase­gurar que el éxito deportivo no dependa exclusivamente del poder económico, sino de la planificación, talento y estrategia. El proyecto esta­blece reglas para mantener equilibrio entre ingresos y gastos; evitar deudas exce­sivas con jugadores, cuerpo técnico, otros clubes y auto­ridades fiscales; garantizar reportes financieros auditados y transparentes; y promover inversiones responsables en infraestructura y desarrollo deportivo.

Contempla varias etapas: diagnóstico, desarrollo de un modelo estandarizado de reporte financiero, capacita­ción a clubes y controles perió­dicos. Se busca garantizar un proceso ordenado, transpa­rente y sostenible que permita a los clubes adaptarse progre­sivamente al nuevo modelo de gestión financiera.

El Fair Play Financiero forma parte de un proceso complejo y sostenido que la APF viene desarrollando desde hace varios años, con iniciativas que incluyeron la implementación de requisitos bancarios y docu­mentales en los clubes, la crea­ción del Sistema de Licencia de Clubes como órgano de con­trol y apoyo, la consolidación de procesos de trazabilidad y la formalización financiera de las instituciones. La hoja de ruta prevé ahora la realización de reuniones de trabajo conjun­tas con los clubes de la División de Honor, complementadas con un seminario específico sobre el proyecto, con el fin de avanzar de manera ordenada y participativa hacia su plena implementación. El presidente Robert Harrison destacó que el Fair Play Financiero repre­senta un avance significativo en la modernización del fút­bol paraguayo, alineando la gestión de los clubes con cri­terios internacionales de sos­tenibilidad.

“Queremos un fútbol competi­tivo, sólido y responsable. Con este proyecto estamos garan­tizando el futuro de nuestros clubes y del espectáculo depor­tivo que tanto apasiona al país”, explicó Harrison.

Conforme avanza la tecnología y el alcance de las redes sociales, los peligros de que nuestra información e imagen sean utilizadas crecen, y existen casos preocupantes, como por ejemplo, la suplantación de identidad de referentes en diferentes áreas con el fin de vender o avalar productos que podrían ser perjudiciales para el consumidor.

En este caso, el doctor Gustavo Codas, conocido urólogo, denunció que su imagen estaba siendo utilizada para promocionar un medicamento que prometía a quienes lo compraran resultados tales como achicar la próstata, aumentar la potencia sexual y agrandar el pene hasta cinco centímetros.

En conversación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el profesional señaló que ya realizó las denuncias a las autoridades correspondientes, dando aviso inclusive a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), atendiendo que se trata de un producto que se promociona como medicamento.

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“Utilizaron videos reales míos, en entrevistas que yo suelo tener en la prensa, e hicieron como que yo realmente estaba hablando de otras cosas, utilizando otra voz y con la inteligencia artificial ahora se puede utilizar ese video con la voz de otra persona, incluso con los movimientos de la boca adecuados a lo que van diciendo; entonces una persona que está un poco desprevenida puede creer eso”, dijo Codas.

Remarcó que en las publicidades que aparecen, en su mayoría en redes sociales masivas como Facebook y X, se utiliza su imagen y carrera para promocionar un producto del cual él no tiene conocimiento y que tampoco cuenta con presencia en farmacias o sitios de venta verificados, ofreciendo la adquisición del mismo solo a través de redes sociales o WhatsApp.

“Me preocupa, por un lado, la suplantación propia que hacen, pero además me preocupa mucho cómo cree la gente con tanta facilidad cosas realmente mágicas; no puede haber nada tan mágico que solo se pueda conseguir a través de un WhatsApp misterioso que no te da ni una factura y que no hay ni en farmacias”, subrayó el profesional médico.

Por su parte, el director de Dinavisa, Jorge Iliuo, confirmó que desde la institución le dan seguimiento a este tipo de denuncias y que inmediatamente se comunican con las plataformas donde se dan estas publicaciones y solicitan cancelarlas, ya que estos productos no cuentan con ningún registro y cuentan con principios químicos que pueden afectar a los consumidores.

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A pedido del Ministerio Público, el juez de Delitos Económico Humberto Otazú desestimó la denuncia que pesaba sobre el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia y otros directivos del entre previsional, investigados por lesión de confianza donde se había denunciado un perjuicio patrimonial de G. 1,7 billones contra la institución.

El pedido de desestimación fue solicitado por los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, quienes en octubre de 2024 solicitaron la desestimación de la denuncia. El magistrado Otazú se opuso al pedido de los fiscales por lo que el expediente fue a la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien ratificó que corresponde desestimar la denuncia y ante dicha situación el juez Otazú no tuvo otra salida que archivar la denuncia contra Bataglia y otros.

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La investigación tuvo su punto de partida en el reporte de indicios de hechos punibles elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) y remitido al Ministerio Público. En ese documento, el organismo de control señaló presuntas irregularidades administrativas y financieras ocurridas en el IPS durante el ejercicio fiscal 2022 que podría acarrear un perjuicio de más de G. 1,7 billones al ente previsional.

Con esta determinación del juez, la asesoría jurídica del IPS puede estudiar apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la resolución del juez Otazú o se revoca dicha determinación.

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La lista de víctimas de la llamada mafia de los pagarés continúa en aumento; en este caso, una de ellas es Alba Luz González, una docente oriunda de Saltos del Guairá, que a raíz de este hecho percibe un monto ínfimo como parte de su haber y debe sobrevivir con ayuda de los familiares.

En conversación con La Nación/Nación Media, el abogado de la mujer, Victoriano Riquelme Jara, relató que su cliente se percató de que algo no estaba bien cuando empezó a recibir un monto cada vez menor como parte de su sueldo, por lo que investigó el hecho ante el Ministerio de Educación y se percató de que existía un pagaré en su contra.

Lamentó que una persona trabajadora como la señora González deba afrontar una situación tan complicada, que a su vez la limita en su calidad de vida, asegurando que es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que las víctimas reciban una respuesta pronta y favorable.

“Al investigar, se encontró con la sorpresa de que un tal Fernando Gregorio Sarasi Gonzalez se había presentado en el Juzgado de Paz de Villa Elisa reclamando un supuesto pagaré de 6.560.000 guaraníes, pagaré que desconoce totalmente, como así también a su acreedor. Allí empezaría su calvario, ya que cada vez su salario le llegaba menos, hasta llegar al punto de solo recibir 500.000 guaraníes”, explicó el abogado.

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Riquelme destacó que, al interiorizarse del caso, solicitó en fecha del 13 de febrero del 2023 copias del expediente donde encontraron que habían ingresado dos juicios con el mismo pagaré y que ya se estaban descontando del salario de la docente desde hacía meses.

“Las notificaciones jamás llegaron a su domicilio, y en cada notificación, supuestamente siempre al ujier le recibía un encargado de la casa, cosa que negamos rotundamente, ya que la docente vive sola. Lo más llamativo acá es la grosera manipulación del ujier de nombre Marcelo Cabrera, que fraguaba las notificaciones para poder avanzar en el juicio”, dijo el profesional.

“La docente sobrevive gracias a la ayuda de sus familiares y solicita a la Corte Suprema de Justicia que se investiguen los dos expedientes que se encuentran en el Juzgado de Paz de Villa Elisa; uno es el expediente número 1031/2021 y el segundo es el número 1005/2021 y así intentar recuperar parte de su dinero y que paguen los responsables con todo el peso de la ley”, finalizó Riquelme.

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