El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentaron los resultados concretos del proyecto Paraguay + Verde con más de 145.000 hectáreas certificadas. Desde el Mades resaltan que estos cientos de miles de hectáreas de reforestación corresponden a territorios indígenas con certificación de servicios ambientales en Paraguay.

Mencionan que uno de los principales resultados presentados por Mades y la FAO en el marco del proyecto Paraguay + Verde, se realizó durante el evento denominado: “MADES y FAO: resultados para las personas y los bosques”.

Le puede interesar: Postulación de Baruja como dupla de Alliana se dio por unanimidad en Senadores, destacó Chase

En la presentación, destacaron avances en el trabajo con comunidades indígenas a través del Régimen de Servicios Ambientales y procesos de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), orientados a la conservación de territorios ancestrales y fortalecimiento de capacidades en el territorio.

Asimismo, se presentaron progresos en la agenda de Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT), con énfasis en el fortalecimiento técnico, el desarrollo de herramientas de monitoreo y las acciones para combatir la desertificación, la degradación de tierras y la sequía.

La actividad reunió a autoridades, organismos internacionales y actores territoriales, visibilizando los resultados del trabajo conjunto hacia un modelo de desarrollo más sostenible en el país.

Siga informado con: Nueva subestación de Ande refuerza suministro eléctrico para el desarrollo de Alto Paraná

Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (Fenob-UNA) presentó los resultados del proyecto de investigación “Abordaje intercultural de la promoción de la salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas aisladas por barreras lingüísticas en Paraguay”, una iniciativa que permitió desarrollar estrategias de comunicación intercultural para mejorar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) en comunidades indígenas del país.

El estudio evidenció importantes avances en el acceso a la información y en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres indígenas participantes. Tras la implementación de las estrategias diseñadas durante el proyecto, el 70 % de las mujeres asocia actualmente la salud sexual y reproductiva con la autonomía personal y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, mientras que el 95 % manifestó saber con claridad dónde acudir para recibir atención en los servicios de salud. En algunas comunidades, se registró un aumento del 30 % en las consultas relacionadas con planificación familiar, reflejando un mayor acercamiento al sistema de salud.

La investigación se desarrolló en los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Concepción, con la participación directa de 66 personas, entre ellas 52 mujeres indígenas (34 usuarias de servicios de salud y 18 lideresas comunitarias o parteras tradicionales) y 14 profesionales de la salud. Las participantes, con edades entre 15 y 45 años, pertenecen a ocho pueblos indígenas: pai tavyterã, guaraní, enxet, toba enenlhet, qom, manjui, nivaclé y ayoreo, lo que permitió abordar el trabajo desde una diversidad cultural y lingüística representativa de cinco familias lingüísticas presentes en Paraguay. En conjunto, la intervención benefició indirectamente a una población estimada de 3.450 personas.

Entre los principales aportes del proyecto se destaca la coconstrucción de materiales educativos en lenguas indígenas, elaborados a partir de procesos participativos con lideresas, parteras y mujeres de las comunidades. Como resultado, se produjeron afiches educativos, microprogramas radiales y audios para WhatsApp validados cultural y lingüísticamente en ayoreo, enlhet, nivaclé y guaraní, abordando temas como métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos y violencia de género.

El enfoque intercultural adoptado permitió superar barreras comunicacionales históricas en el sistema de salud. Durante el proceso de investigación, las participantes manifestaron que la falta de información en sus idiomas maternos constituye uno de los principales obstáculos para acceder a servicios de salud. Un testimonio recogido durante el estudio reflejó esta realidad: “Todo en castellano nomás… mejor sería en manjui”.

Además de mejorar el acceso a la información, el proyecto fortaleció los liderazgos comunitarios. El 75 % de las mujeres participantes manifestó sentirse capaz de compartir los conocimientos adquiridos con otras mujeres de sus comunidades, utilizando los materiales desarrollados durante la investigación.

Los resultados también destacan la importancia de fortalecer el rol de las promotoras y lideresas indígenas como mediadoras interculturales en el sistema de salud, con el fin de garantizar una atención más inclusiva, libre de discriminación y respetuosa de la cosmovisión de los pueblos originarios.

El proyecto se implementó con el apoyo de organizaciones asociadas como Gestión para el Desarrollo Social (GEDES), Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPI) y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), y también contribuyó a la formación de jóvenes investigadoras en el campo de la salud intercultural.

Esta investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

El equipo investigador del proyecto estuvo integrado por un grupo multidisciplinario de profesionales de enfermería y obstetricia liderada por María Isabel Rodríguez-Riveros, en calidad de investigadora principal, y Gloria Orrego, directora del proyecto. El equipo contó además con la participación de las investigadoras e investigador asociados Ana Denis, Faustina Alvarenga, Mirka Hraste, Aida Maidana de Zarza, Amelia Amezcua, Santiago Toledo, Nélida Otazu y Claudia Centurión, quienes aportaron experiencia académica y científica en las distintas etapas del estudio. Asimismo, el proyecto aporto a la formación de nuevas investigadoras a través de la participación de Johanna Bittar y Karen Retamozo, quienes se integraron al proceso investigativo como investigadoras en formación.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que alcanzó un hito de inclusión al inscribir a 543 integrantes de comunidades indígenas al Registro Cívico Permanente (RCP).

Corresponden a inscripciones hechas en los departamentos de Presidente Hayes, Amambay y Alto Paraná.

Este logro se complementó con diversos talleres y jornadas de formación que registraron una masiva concurrencia, destaca el informe de la Justicia Electoral.

Te puede interesar: Alliana dio su respaldo a precandidatos de Guairá para las municipales

A través de la Coordinación de Asuntos Indígenas, dependiente de la Dirección de Participación Ciudadana, se obtuvo, además, como resultado más relevante, la inscripción y reconocimiento del primer Movimiento Político Indígena Distrital ‘’Oñondivepa - MIO’’ de la Comunidad Indígena Nepoxen de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

Por otro lado, un grupo de 141 líderes y lideresas de comunidades indígenas participaron de jornadas de capacitación denominadas ‘‘Aty Guasu’’, en distintos puntos del país, con un importante acompañamiento de sus comunidades.

Igualmente, 162 participantes institucionales fortalecieron sus capacidades, 62 de ellos en el Taller de “Buenas prácticas para funcionarios” y otros 100 integrantes en “Capacitaciones sobre derechos políticos indígenas”.

Las autoridades del máximo organismo electoral del país destacaron que gracias a la cooperación interinstitucional del TSJE y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se reafirmó el compromiso con la construcción de una democracia inclusiva.

De esta forma se garantiza la participación activa de las Comunidades Indígenas en los procesos electorales.

Leé también: Caja Fiscal: Comisión del Senado convoca a gremialistas para una reunión reservada