El grupo islamista palestino Hamás afirmó este sábado que sigue dispuesto a avanzar con el plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos y pidió ejercer presión sobre Israel, que por su parte insiste en que no aceptó la última parte del acuerdo.

Hamás informó al Consejo de Paz, encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump, que se mantenía comprometido con la última fase del plan, en virtud de la cual los militantes entregarían las armas a un naciente comité de gobierno palestino en el territorio.

“Hamás y otras facciones han confirmado a los mediadores su disposición a comenzar a aplicar el acuerdo y pasar a la segunda fase, siempre que reciban la aprobación israelí y que Israel comience a implementar el acuerdo”, dijo a la AFP un responsable del grupo palestino.

De acuerdo con la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato, “Hamás insta a la administración estadounidense a ejercer presión sobre Israel para obligarlo a cumplir el acuerdo y pasar a la segunda fase”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que enfrenta una dura batalla de reelección en octubre y una amplia oposición de su base de derecha al acuerdo sobre Gaza, dijo el martes que Israel no había aceptado el “borrador” presentado por el Consejo de Paz.

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La semana pasada, Trump celebró como un avance que Hamás haya aceptado el desarme en el marco del plan, y el Consejo de Paz indicó que Israel llevaría a cabo paralelamente una retirada gradual de gran parte de Gaza.

Netanyahu, en tanto, se reunió el lunes con el alto representante del Consejo de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, quien dio marcha atrás y afirmó que Israel se retiraría únicamente después de un desarme completo de Hamás.

El ejército israelí también prometió seguir atacando al grupo palestino, que el 7 de octubre de 2023 llevó a cabo el ataque más mortífero jamás perpetrado contra Israel. Las operaciones israelíes en Gaza, aunque continúan, parecen haber disminuido en intensidad en los últimos días.

Este sábado, el hospital Nasser, de Jan Yunis informó de tres personas heridas por disparos del ejército israelí.

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Las operaciones israelíes en Gaza han causado la muerte de 1.257 palestinos desde octubre del año pasado, cuando ambas partes acordaron un alto el fuego respaldado por Trump, según el ministerio de Salud del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Durante el mismo período, el ejército israelí ha reportado cinco muertos en sus filas.

Fuente: AFP

El exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos después de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia.

Blanche -quien ya se ha venido desempeñando como el principal responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos en calidad de fiscal general interino- representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de entrar al gobierno.

El Senado, que los republicanos controlan por un estrecho margen, lo confirmó por 50 votos contra 49. Trump, que ha doblegado las normas políticas estadounidenses al intentar someter a su control directo agencias gubernamentales que se supone son independientes, considera a Blanche como una “estrella”.

Los demócratas se opusieron al nombramiento de Blanche desde el principio y acusaron a Trump de convertir el Departamento de Justicia en un arma política. “Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo”, dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

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“El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente”, señaló.

Existían dudas sobre si la Casa Blanca lograría convencer a un pequeño grupo de republicanos reticentes, cuyo apoyo era indispensable para conseguir incluso una ajustada confirmación. Uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche era su intento de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial.

Era probable que ese fondo incluyera a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en un intento de insurrección para impedir que se certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Otro tema polémico fue una propuesta extraordinaria que otorgaba inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales.

Blanche logró finalmente desactivar la oposición dentro de su propio partido al emitir en el fin de semana una orden escrita que eliminaba el llamado fondo contra la “instrumentalización política” de la justicia. También aclaró que el acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva a ejercicios fiscales anteriores y no a futuras declaraciones.

Blanche ejercía ya como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi, otra figura considerada cercana al presidente. Desde entonces, ha estado estrechamente vinculado a lo que los demócratas califican como una campaña de “represalias” de Trump contra sus adversarios.

Blanche también ha sido objeto de críticas por parte de víctimas de Jeffrey Epstein por la forma en que gestionó la publicación de los archivos de la investigación sobre el condenado y hoy fallecido agresor sexual, en otro tiempo estrecho amigo de Trump.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en su juicio en Nueva York por los presuntos pagos realizados para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels.

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También integró su equipo de defensa en dos casos federales presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith: uno por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y otro por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Ambos casos fueron desestimados después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.

Fuente: AFP

Este viernes, una docente jubilada de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú denunció que enfrenta una demanda por un error catastral que atribuyó su terreno a otra persona y esta busca apropiarse de ella. Junto a su abogada, denuncia mala fe y pide justicia para conservar su casa.

Según la abogada Elva Yegros, representante legal de la mujer, su clienta Amelia Blanco de Yegros enfrenta una demanda judicial que busca despojarla del terreno y la vivienda donde ha residido de forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 29 años. La disputa se originó tras detectarse un aparente error material en el Servicio Nacional de Catastro.

“En el 2009 ella compró por resolución municipal este terreno y cuando ella decide titular su terreno va a la escribanía y ahí se entera que hubo un error, su terreno estaba inscripto a nombre de su vecina. El escribano le dijo que no se preocupe, que es fácil de enmendar, que suele pasar eso”, expresó Yegros, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Los antecedentes indican que el inmueble perteneció históricamente a la familia de Amelia, siendo inicialmente ocupado por una tía suya. En el año 2009, la municipalidad regularizó la situación expidiendo una resolución oficial de venta a favor de la docente.

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Tras el error que ocurrió al titular el terreno, la señora Amelia tuvo que recurrir junto a la mujer en cuyo nombre se inscribió la propiedad. En un principio llegaron a buenos términos y pensaron que todo iba trascurrir como pensaron, pero grande fue la sorpresa cuando la mujer decidió tomar procesión de la vivienda.

“Ella se acercó a la señora Maura Andresa Valiente, le comenta del error, que habló con el escribano, que es fácil de enmendar. La señora en ese momento dijo que iba a hablar con sus abogados y que le iba a avisar en unos días, pero grande y desagradable fue la sorpresa que se llevó Amelia, porque ahí se entera y le llega la notificación de la demanda”, expresó la abogada.

Aclaró que creen que el error fue en registro de Catastro y que el número de la cuenta catastral del inmueble donde vive la docente se transcribió en el documento de la demandante. Todo se ocurrió porque las viviendas de ambas mujeres en su momento habrían pertenecido a la misma persona.

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“Esta mujer con toda la mala fe del mundo junto a sus abogados está queriendo adueñarse de un inmueble que nunca compró, que ni siquiera fue inquilina en su momento, ni siquiera jamás pisó. Ahora se está queriendo aprovechar de ese error para despojarle a la señora Amelia de su casa”, manifestó Yegros.

Afirmó que ya realizaron los procedimiento correspondientes, pero que desean realizar la denuncia pública para que la docente pueda recuperar su propiedad. La comunidad y los familiares exigen que las autoridades judiciales y el Servicio Nacional de Catastro actúen para subsanar el error registral y devuelvan la propiedad a su legitima dueña.

“No pedimos nada fuera del lugar, no pedimos nada extraordinario, solo que la señora y la Justicia haga lo suyo que le devuelvan la tranquilidad a mi cliente. Soñamos con que antes de que ella muera vea la Justicia. Esperamos, queremos que la Justicia actúe”, puntualizó.

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Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, general Álvaro López Miera, así como responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.

Los sancionados están implicados en “la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad”, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos considera que Cuba es un Estado que “patrocina el terrorismo” y una “amenaza a la seguridad nacional”, y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año.

Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un largo informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.

Ese informe “relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia y China, ambos proveedores de hardware (equipamiento, ndlr) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para Cuba”, indica el comunicado.

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Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.

Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.

Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también está sancionado.

La lista incluye entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.

De acuerdo a la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.

Washington, que tiene a Cuba sometida a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla.

El gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano.

También ha presentado cargos contra el líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aviones civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa.

• Fuente: AFP

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