El gobierno de Paraguay expresó su preocupación por la reforma constitucional aprobada en Nicaragua recientemente, que restringe la participación política de sectores de la oposición y compromete la realización de elecciones libres en este país. Lo hizo mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, que emitió un comunicado a través de sus redes sociales.

La Asamblea de Nicaragua controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones por solicitud del presidente Daniel Ortega, según había anunciado el Legislativo, controlado por el oficialismo de izquierda.

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Esta enmienda amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participen en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, a los “traidores a la patria” o a aquellos que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”.

Ante esta situación, el Gobierno de Paraguay, expresó su postura en defensa de los valores y principios democráticos. “Reafirma la posición histórica en defensa de los valores y principios democráticos, así como el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades, de conformidad con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, completa el comunicado publicado por la Cancillería paraguaya.

Cabe señalar que la reforma constitucional nicaraguense deberá ser ratificada en una segunda legislatura, en enero de 2027, y en la práctica daría paso a un sistema de partido único, el FSLN.

El presidente Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control social, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

Desde Washington han aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y movilizando también a sus aliados en América Latina, mediante comunicados conjuntos.

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Quienes han profundizado en las Ciencias Políticas conocen la desigual ecuación de las demandas sociales que superan la capacidad de respuesta del Estado. Así se ha esbozado una teoría sustentada en la realidad.

Las necesidades se multiplican cotidianamente, razón por la cual los gobiernos de turno tienen que tener una enorme capacidad intelectual y de gestión para anticiparse a las urgencias y satisfacer los reclamos más urgentes. Por supuesto, con el componente imprescindible de la honestidad sin máculas.

Lo que implica erradicar o reducir la corrupción a sus índices más bajos. Que debería constituir casos aislados y no la constante en el manejo de los recursos públicos. Durante el periodo de la anarquía que asoló nuestro país, entre 1904 y 1936, salvo algunas elogiosas excepciones, el Estado era la caja chica para financiar revoluciones y golpes de Estado, conforme se puede leer en los diarios de la época.

Y cuando ocurría algún giro político y los ayer exiliados retornan para ocupar el poder, hacían cubrir con Hacienda los gastos del destierro, incluyendo a sus familiares. Cualquiera que tenga interés en conocer esa parte de nuestra historia –insistimos– solo tienen que hurgar en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

El uso discrecional de los bienes del Tesoro se acrecentó durante la dictadura del general Higinio Morínigo y encontró las desprolijidades más aberrantes en los 35 años que duró el régimen autoritario del general Alfredo Stroessner.

Basta la lealtad más sumisa al “único líder” para que un simple auxiliar de dactilografía –convertido en secretario privado del tirano– pueda construir una mansión sobre la privilegiada avenida Mariscal López, como fue el caso de Mario Abdo Benítez, padre.

Pero la democracia no representó un alivio para esos dos males que parecieran tener rango de endémicos: la corrupción y la improvisación. Esa improvisación que se define a sí misma como la ausencia de carácter para aceptar un cargo para el cual no está académicamente formado.

Por eso, más arriba citamos tres elementos clave que hacen a un bueno gobierno: capacidad intelectual, eficiencia en la gestión y autonomía moral para resistir la tentación de los sobornos, la manipulación de licitaciones y las coimas que se generan a partir de productos y trabajos de mala calidad. Sin olvidar las siempre latentes sobrefacturaciones. Estamos viviendo el periodo democrático más largo de nuestra historia. Sin embargo, los vicios no lograron superarse.

Como si la corrupción fuera una desviación institucional minimizada como normal. Y la impunidad un derecho de quienes detentan el poder.

Durante su campaña electoral, en 2012, el entonces precandidato del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien, finalmente, accedió a la Presidencia de la República, dejó un mensaje indeleble en cuanto a los bienes públicos: “El Estado no es un botín de guerra que se toma por asalto al llegar al poder”.

Hablaba con conocimiento de causa, evaluando las maniobras torcidas de quienes le habían precedido en el Palacio de López. Por eso, cuando sus críticos le atacaban por su inexperiencia para administrar el Estado, respondía: “Es cierto, no tengo habilidades para apropiarme de los bienes que son del pueblo”.

Y cumplió ese compromiso de respetar los recursos que son de todos en los hechos. Fue, probablemente, uno de los gobiernos de menos denuncias y de mejor gestión en estos últimos 35 años. Los datos verificables así lo confirman.

Quienes le sucedieron en el poder trataron por los medios más perversos y miserables de terminar con su carrera política. Pero les salió mal la jugada, porque una y otra vez fracasaron en sus execrables propósitos.

Nos referimos específicamente al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien –junto a su círculo áulico y dos conglomerados mediáticos– pretendió convertir al expresidente Cartes en objetivo de la anterior administración de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.

Algunos de sus más encarnizados detractores, ante la contundencia de las farsas armadas para destruir a Horacio Cartes y sus empresas, no tuvieron más remedio que agachar la cabeza y acoplarse al movimiento interno de la Asociación Nacional Republicana liderado por el exmandatario.

No obstante, hay que remarcarlo, la democracia sigue rengueando en cuanto a una gestión de calidad y al radical combate a los privilegios que se generan desde el Gobierno. Y en esta apreciación no solo incluimos a los tres poderes del Estado, sino, también, a los órganos descentralizados como las gobernaciones y las municipalidades. Los tentáculos de la corrupción siguen habitando entre nosotros.

A eso debemos sumar que muchos representantes de la llamada expresión popular no están a la altura de sus funciones y los reclamos de la población.

Sin dudas, enorme es la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos para formar a sus cuadros y, a partir de ahí, construir ciudadanía para robustecer la democracia y la sociedad. No es muy complicado, solo es cuestión de reunir una firme voluntad de hacer bien las tareas y una fuerte presencia social que controle, conozca y defienda sus derechos esenciales.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, destacó ante los funcionarios de esta institución la obligación de cuidar y fortalecer la democracia y el estado de derecho en nuestro país.

“Es nuestra obligación cuidar y fortalecer la democracia en nuestro país. Y que nosotros, Justicia Electoral hagamos bien nuestro trabajo, ser fieles custodios de la voluntad popular. Ese es el mensaje que queremos transmitirles entre todos mis compañeros de la plana directiva”, manifestó el doctor Bogarín en un video socializado a través de la cuenta oficial de la Justicia Electoral en X.

El ministro pidió además que ya en el trabajo de campo se “transmita a la ciudadanía” ese mensaje de “cuidar los votos”. “Ustedes magistrados, funcionarios, directores se convierten en imprescindibles en esta lucha por el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en nuestro país”, remarcó.

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Por otro lado, a través de la Coordinación General de Pasantías, dependiente de la Dirección de Participación Ciudadana de la Justicia Electoral, este sábado estudiantes de colegios de Asunción y Quiindy, participaron de las Pasantías Educativas Laborales y Socio Comunitarias.

La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Durante las jornadas, los estudiantes conocieron el funcionamiento del sistema electoral y fortalecieron sus conocimientos sobre el ejercicio responsable de la ciudadanía, la democracia y la participación activa.

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El ministro Jorge Enrique Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), brindó una charla sobre “Principios del proceso electoral en Paraguay” en la conferencia inaugural del curso “Capacitación en Litigios del Fuero Electoral”, dirigido a defensoras y defensores públicos, cuyo fin es otorgar una formación orientada a fortalecer conocimientos y herramientas para la actuación en el ámbito electoral.

En la ocasión, el presidente del TSJE destacó la importancia de la formación para la protección de los derechos, “capacitarse en derecho procesal electoral no es solamente perfeccionar una técnica jurídica, es prepararse para proteger los derechos políticos, asegurar la vigencia de la voluntad popular y fortalecer la democracia paraguaya”.

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En su alocución, Bogarín resaltó que “la democracia no se reduce al acto de depositar el voto, es un sistema de convivencia basado en la dignidad de las personas, en la igualdad política, la participación, la alternancia, el respeto a las minorías y sujeción de todos al estado de derecho”, expresó.

El ministro dejó un mensaje a los participantes: “Insto a que sigamos construyendo democracia, estado de derecho, vamos a trabajar en esa patria soñada que fulgura en nuestros sueños”, alentó. La actividad fue organizada por el Ministerio de la Defensa Pública, a través del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública (ITSDP) y contó con la presencia del defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel González y las defensoras adjuntas de dicha institución, Nancy Amarilla y Nancy Ortiz.

También estuvieron presentes la presidenta y el vicepresidente del Tribunal Electoral de la Capital (TEC) segunda sala, Myriam Cristaldo y Godofredo Fleitas, respectivamente, además, la jueza electoral de la capital, primer turno, Fabiana Marín; y alumnos participantes de la mencionada capacitación.

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