El abogado Andrés Casati, representante legal de la firma Dobretec S.A., sostuvo que la citada empresa de seguridad no forma parte del Grupo Vázquez. Asimismo, el profesional del derecho indicó que la relación con dicho grupo, así como con Ueno Bank, es únicamente comercial en carácter de proveedores externos de seguridad, al igual que con otras firmas privadas y del Estado.
Esta aclaración se genera debido a que, días atrás, el Ministerio Público allanó la empresa pensando que la misma formaba parte del Grupo Vázquez, de Ueno Bank u otras firmas vinculadas. En el marco del presente caso, la empresa de seguridad ya había informado a las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), así como a los interventores de Ueno Bank, que en su bóveda se encontraba la suma de G. 18.000 millones pertenecientes a dicha entidad financiera.
Por otra parte, mediante un comunicado dado a conocer a la ciudadanía, las autoridades de la empresa sostuvieron que saldrán en defensa de los 1.500 trabajadores con los que cuenta la firma. Ante la situación generada con el banco hoy intervenido, señalaron que buscarán reubicar a los 350 guardias de seguridad que prestaban servicio en los diferentes locales de la entidad.
Finalmente, mencionaron que respetan plenamente la labor del Ministerio Público y pidieron prudencia para que las medidas en curso resguarden el derecho al trabajo de cientos de personas ajenas a los hechos investigados, evitando así que hogares paraguayos queden sin ingresos a puertas de las fiestas de fin de año.
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Defensa de Santiago Peña cuestiona condiciones de reclusión en Viñas Cué
El abogado Ricardo Preda, que ejerce la defensa del destituido jefe de Estado, Santiago Peña, presentó una nota dirigida al juez penal de garantías, en la que manifiesta presuntas arbitrariedades, así como condiciones inhumanas en su lugar de reclusión, en la cárcel militar de Viñas Cué.
De acuerdo con el escrito de la defensa, que tuvo entrada en la mañana de ayer viernes mediante trámite electrónico, se señala que, tras su traslado, su defendido supuestamente solo puede estar fuera de la celda 4 horas al día. El resto del tiempo permanece encerrado, mientras que otros reclusos tienen hasta 12 horas de esparcimiento.
“Según el informe del Servicio de Justicia Militar, individualizado como nota 349 del 18 de noviembre de 2026, el señor Santiago Peña solo tiene 4 horas al día fuera de su celda, con lo cual ha empeorado su condición anterior de reclusión. Mientras los otros reclusos pueden estar fuera de sus celdas de 7:00 a 19:00, incluso estos se vieron perjudicados por su decisión, pues según me informó mi defendido, ahora ellos deben ser aislados mientras él sale en sus 4 horas de esparcimiento”, menciona parte del documento.
Asimismo, el abogado Preda sostuvo en su escrito que el traslado fue inmotivado y que las nuevas condiciones son aparentemente peores que las anteriores. El abogado pide que se reviertan estas medidas por considerarlas arbitrarias y perjudiciales para su integridad.
“Las condiciones del lugar donde anteriormente se encontraba eran mejores que las actuales. Es decir, sin motivo alguno, al menos legal, el Juzgado empeoró la situación de mi defendido, desnaturalizando el objeto de la prisión preventiva”, afirma en una nota enviada al Juzgado Penal de Garantías.
Por lo expuesto, el abogado defensor solicita, en nombre de Peña, que se tengan por formuladas las manifestaciones y se tomen las medidas urgentes para cesar la arbitrariedad señalada y el daño a la integridad psíquica del procesado.
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Tras 13 años de conflicto agrario, 65 familias de Santa Lucía firman sus títulos de tierra
Luego de 13 años de conflicto por la tenencia de las tierras, las primeras 65 familias firmaron por sus títulos de propiedad y sellaron la paz social en la emblemática Colonia Santa Lucía, del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Ni la torrencial lluvia impidió que estas familias campesinas llegaran hasta la Agencia Regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Ciudad del Este, para firmar por sus títulos de propiedad e inaugurar un nuevo tiempo de bonanza y paz social.
Mediante una gestión enfocada en el diálogo territorial, el saneamiento catastral y la articulación con el Registro Unificado Nacional (RUN), el Indert logró destrabar una de las disputas agrarias más complejas y emblemáticas de Alto Paraná y abrió el camino para la titulación masiva.
Desde el ente agrario señalaron que durante más de una década pareció un conflicto interminable; sin embargo, a la fecha se transformó en seguridad jurídica y tranquilidad para decenas de familias campesinas. Indicaron que con la firma de los primeros 65 títulos de propiedad de la colonia Santa Lucía, junto con el Indert, marcan un antes y un después en la historia agraria del país.
Explicaron que con este inicio de titulación de la colonia se está poniendo fin a 13 años de enfrentamientos, superposiciones parcelarias e incertidumbre documental. “Este logro es el resultado de una gestión institucional sostenida que priorizó las soluciones de fondo por encima de los parches administrativos. Desde el origen de la colonia en 2014, creada para reubicar a familias provenientes de Ñacunday, la falta de depuración catastral previa derivó en superposiciones con colonos privados, procesos judiciales y una prolongada tensión social que estancó el desarrollo de la comunidad”, mencionó el titular del Indert, Francisco Ruíz Díaz.
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Claves para destrabar el conflicto
Destacó además que para lograr destrabar esta situación se basó en tres pilares estratégicos impulsados por la actual administración del Indert, basados en gestión, mediación y seguridad registral, los cuales se basaron en:
- Acuerdos de mediación en territorio: A través de mesas de diálogo con actores locales, referentes comunitarios y el acompañamiento pastoral del padre Pascual Kinoti, se lograron entendimientos clave —como la cesión de 20 hectáreas acordada con el colono Carlos Burgel en noviembre de 2025— que permitieron descomprimir las áreas de mayor fricción.
- Articulación histórica con el Registro Unificado Nacional (RUN): Mediante un trabajo técnico de mensura georreferenciada y depuración de expedientes, se habilitó la inscripción de los planos en el RUN, destrabando el cuello de botella registral que impedía avanzar hacia la titulación masiva de aproximadamente 1.300 lotes.
Seguridad y legitimidad
Desde el Indert explicaron además que con la firma de estos primeros 65 títulos definitivos, los productores dejan atrás la inseguridad de la tenencia informal para convertirse en propietarios legítimos, con respaldo patrimonial para acceder al crédito formal, invertir en sus fincas y asegurar el futuro de sus hijos.
Pasando a ser un modelo de gestión que convierte conflicto en desarrollo, el hito alcanzado en Santa Lucía demuestra que los conflictos agrarios históricos pueden resolverse cuando existe decisión política, rigor técnico y presencia activa en el territorio. Lejos de ser un hecho aislado, esta primera tanda de 65 escrituras valida el circuito técnico-jurídico que permitirá acelerar las siguientes etapas hasta completar la titulación integral de toda la colonia.
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Empresa de Seguridad informó al BCP sobre dinero que tenía en su bóveda, afirma abogado
La empresa de seguridad Dobrestec S.A., a través de su firma Grupo Seguridad y Respuesta (GSR), informó que ha comunicado formalmente al inicio de la intervención de Ueno Bank a los interventores designados por el Banco Central del Paraguay (BCP) que existía la millonaria suma de dinero incautada por el Ministerio Público, perteneciente a las empresas Ueno Bank y Red Digital S.A. (WEPA).
El escrito de la citada firma, presentado ante el BCP, agrega que se puso a conocimiento de las autoridades competentes los correos electrónicos institucionales y reportes operativos que reflejan el historial de movimientos, saldos, asistencias de caudales y órdenes de retiro de terminales de los últimos días, hasta la fecha de la resolución del BCP sobre la firma bancaria.
Asimismo, el abogado de la firma de seguridad, Andrés Casati, indicó: “La empresa que represento comunicó en tiempo y forma a la intervención de Ueno Bank y al BCP que había en la bóveda de la empresa la suma de G. 16.000 millones”, criticando el allanamiento fiscal debido a que la propia firma de seguridad informó a las autoridades de la intervención sobre dicho monto y sostuvo que la Fiscalía solo debía pedir un informe a la empresa para que la misma le acercara el dinero hasta donde indicara el Ministerio Público.
Igualmente, se refirió a la actuación del directivo de la firma, Fabricio Martínez, quien retiró la suma de G. 3.000 millones destinada a pagar el salario de 300 guardias de seguridad, debido a que existía una deuda con la empresa. Del mismo modo, el profesional del derecho sostuvo que la Fiscalía debe tener cuidado con las empresas que son prestadoras de la firma Ueno Bank, porque una cosa es prestar un servicio y otra es formar parte del mencionado grupo empresarial ligado a la entidad bancaria.
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Directivo de empresa de seguridad va a prisión por faltante millonario
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, decretó la prisión preventiva de Fabricio Martín Martínez Appleyard, directivo de la firma Grupo Seguridad y Respuesta (GSR Security), en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
Asimismo, el magistrado recalificó la conducta del imputado y excluyó el hecho punible de hurto agravado. Con la resolución del juez Estigarribia, el imputado fue procesado por apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal.
Martínez Appleyard presentó ayer un cheque por G. 3.090 millones para reparar el supuesto perjuicio patrimonial. Sin embargo, el juez señaló que todavía no está acreditada la devolución efectiva del dinero, ya que no se verificó la disponibilidad de los fondos. Por ello, la presentación del cheque no fue suficiente para descartar los riesgos procesales y evitar la prisión preventiva.
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Imputación
De acuerdo con la carpeta fiscal, los registros contables y los documentos de tesorería, al 3 de noviembre se encontraban depositados en su bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396, pertenecientes a ambas entidades.
Según la hipótesis de los investigadores, el 3 de noviembre pasado el imputado habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de las cámaras de seguridad ubicadas en los sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos transportadores de valores.
Luego, el investigado habría realizado el traslado de dinero en efectivo desde la bóveda hasta un vehículo blindado de la propia empresa. Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento del móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.