El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, guarde prisión por 15 días en la Agrupación Especializada, en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
Holger se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. “Pasará a guardar reclusión primariamente en la Agrupación Especializada y este juzgado vía oficio recabará informes sobre alguna institución dependiente del Ministerio de Justicia en donde pueda guardar posteriormente reclusión definitiva”, comentó Otazú a los medios de comunicación.
El magistrado agregó que “la defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el juzgado entiende que los hechos revisten gravedad, entonces entendemos que, por una cuestión de saber sobrellevar y dar el respaldo necesario al Ministerio Público para que pueda seguir llevando adelante sus investigaciones, consideramos que es la medida más acertada en este momento”.
De acuerdo al acta de imputación, el funcionario habría tomado conocimiento formal, el pasado 29 de abril, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
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Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico, remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución.
La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
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