Los abogados Marcial Bordas, Federico Campos López Moreira y José Acosta Cazal, representantes legales de los empresarios Gustavo Adolfo Gamarra Montefusco y María Carolina Morínigo de Gamarra, pidieron al Juzgado Civil y Comercial de Asunción que se declare la quiebra del Grupo Vázquez S.A.E.
Los accionantes alegan que la firma incumplió una deuda derivada de un contrato de inversión y un pagaré suscritos el 14 de diciembre de 2020. De acuerdo con el escrito, la sociedad fue intimada judicialmente a pagar G. 5.570 millones, pero no cumplió, pese a que el 5 de noviembre de 2026 se ordenó iniciar el juicio ejecutivo y librar el mandamiento de intimación de pago y embargo.
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Los demandantes mencionan que el Grupo Vázquez perdió la capacidad de atender regularmente sus obligaciones y vinculan esa situación con el deterioro de su liquidez, la crisis de Ueno Bank y las restricciones sobre sus bienes y cuentas dispuestas en sede penal. El Grupo Vázquez (a través de su cabecera Grupo Vázquez S.A.E.) está integrado por entre 28 y 39 firmas.
El juez en lo civil y comercial de Asunción Heinrich Von Lucken Gamarra es quien deberá estudiar si corresponde hacer lugar al pedido presentado por los accionantes.
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¡Lo volvieron a hacer! Los Simpson “predijeron” la caída de Ueno Bank
Al mal tiempo, buena cara… y, en eso, las redes sociales nunca suelen fallar. Esta vez, los internautas revivieron un episodio del clásico animado Los Simpson donde se observa un paralelismo con el terrible final de Ueno Bank. ¡Mirá el video!
En medio de la incertidumbre de los miles de ahorristas de la entidad bancaria, y mientras muchísimos funcionarios esperaban recuperar su salario, Internet hizo lo suyo e hizo suponer que la reciente situación en Paraguay ya había sido predicha por la familia amarilla.
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El episodio de Los Simpson al que se hace referencia lleva por nombre “The PTA Disbands”, conocido en Latinoamérica como “El motín estudiantil”. La secuencia corresponde al episodio 21 de su sexta temporada, emitida originalmente en 1995.
De Springfield a Asunción
En el mencionado episodio, Bart Simpson entra al banco de Springfield y, para crear caos en la ciudad, grita sobre una supuesta falta de dinero y solvencia. “¿Qué quiere decir con que el banco no tiene dinero? ¿Insolvente? ¿Solo tienen efectivo para los próximos tres clientes?”, exclama.
La escena genera un efecto dominó inmediato; ya que clientes como Homero y Moe escuchan el rumor y corren de inmediato para exigir la devolución de sus ahorros. La situación genera una “corrida bancaria” que termina con la turba destrozando las instalaciones mientras el gerente ruega por un poco calma.
El caos de Ueno
La desesperación de los habitantes de Springfield exigiendo sus ahorros no distó mucho de los clientes de la fallida entidad bancaria administrada por el Grupo Vázquez, cuya resolución desembocó la semana pasada en el cierre del banco y la correspondiente desesperación de sus usuarios.
En medio de tanto drama, muchos usuarios de las redes recordaron la situación del programa y eligieron un poco de risas para calmar tanta situación de estrés. ¡Mirá el video y danos tu opinión!
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Justicia ordena suspensión total de la causa penal que afectaba a Ana Kim y directivos
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga hizo lugar a la cuestión prejudicial y ordenó la suspensión total del proceso penal contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Alexis Florentín Gauto y Antonio Ramón Galeano Vega.
El caso tiene que ver con una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, aunque este pago se encuentra en pleno juicio civil de cobro de guaraníes, según expediente n.º 135/2026)
En efecto, el juzgado de garantías n.º 5 de Ciudad del Este frenó el avance del proceso penal hasta que se resuelvan las controversias civiles y comerciales que sustentan las acusaciones y cuyos antecedentes la Fiscalía utilizó como elementos de convicción sin siquiera realizar diligencias previas, con total desconocimiento de los afectados.
Para la defensa, el fallo deja al descubierto una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, que imputó apresuradamente delitos graves por un conflicto entre socios que ya se estaba tramitando en el fuero civil y comercial.
En vez de esperar a que la justicia civil defina si las deudas existen o si las asambleas son válidas, el Ministerio Público se apuró a armar una causa penal sobre hechos que todavía estaban en plena discusión comercial.
A esto se sumó la postura de la querella, que, según cuestionó la defensa, abusó de sus derechos procesales al pretender usar la vía criminal como un método de presión para doblarles el brazo a los imputados y cobrar por la fuerza lo que debe resolverse en el ámbito mercantil.
La resolución dejó en claro tres puntos clave:
Apropiación y deuda pendiente de definición: se acusaba una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, pero ese pago está en pleno juicio civil de cobro de guaraníes (Expte. N.º 135/2026). Si un juez civil todavía no determinó si existe la deuda o cuánto se debe, esa definición resulta necesaria para evaluar la acusación penal por apropiación.
Estafa y lesión de confianza sujetas a la decisión civil: todo el reclamo por las asambleas y la distribución de acciones se está juzgando en la demanda de nulidad civil (Expte. N.º 150/2026). Si la justicia civil confirma que los actos de la empresa fueron legales, esa decisión incidirá directamente en el sustento de las acusaciones penales.
Protección a los imputados: la resolución bloqueó cualquier intento de citar a los imputados para imponerles medidas cautelares o restricciones a su libertad mientras la causa penal siga suspendida. Para la defensa, resultaba absurdo querer aplicar medidas coercitivas sobre hechos cuya validez ni siquiera está definida en el fuero correspondiente.
Al final, hasta la propia Fiscalía terminó aceptando la suspensión ante los argumentos presentados por la defensa. Para el equipo jurídico de los afectados, esta resolución no solo frena un manoseo penal injustificado, sino que rectifica un procedimiento torcido y recuerda que la justicia penal no está para resolver peleas comerciales ni para prestarse al juego de querellas abusivas.
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Crisis de Ueno y Grupo Vázquez alcanza a más de 7.000 trabajadores: buscan destrabar dificultades jurídicas
La crisis que involucra a Ueno Bank y al Grupo Vázquez también tiene un fuerte impacto sobre el sector laboral, con miles de personas que quedaron en incertidumbre ante la paralización de actividades de empresas que prestaban servicios al conglomerado. El Gobierno busca destrabar las dificultades jurídicas y avanzar en respuestas sobre salarios pendientes, liquidaciones y cobertura médica.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, señaló en entrevista brindada al programa “Arriba hoy” de Universo 970 AM, que el alcance de la afectación llega a alrededor de 7.000 trabajadores, entre nacionales e internacionales. De ese total, unos 6.000 corresponden a personas vinculadas a bancos, empresas relacionadas y corresponsalías no bancarias que operaban en Paraguay. También se registraron consultas de trabajadores de Nicaragua, Argentina, Panamá y México, que prestaban servicios para empresas vinculadas y cobraban sus salarios desde el país.
Entre los grupos identificados, Recalde mencionó a aproximadamente 490 empleados de Ueno Bank y unos 1.600 trabajadores de Itti, empresa dedicada a servicios de soporte informático. La ministra explicó que el entramado comprende a cerca de 37 empresas que fueron creadas o desarrolladas para brindar distintos servicios al banco.
Uno de los principales desafíos es determinar la situación jurídica de cada firma y avanzar con las liquidaciones correspondientes. Según Recalde, muchos trabajadores siguen activos en las nóminas, pero están en una situación de vulnerabilidad porque no tienen representantes legales a quienes recurrir, debido a que varios propietarios y responsables están imputados o procesados. Esto genera incertidumbre sobre el cobro de salarios y las obligaciones laborales pendientes.
Para atender estos casos, el Ministerio conformó mesas de trabajo y analiza las personerías jurídicas, los contratos y los proyectos asociados a cada empresa. La intención es encontrar alternativas que permitan ordenar las responsabilidades y dar respuestas a los afectados, en un escenario que todavía requiere un análisis particular de cada compañía.
Otro punto de preocupación es la cobertura médica. La titular del MTESS indicó que los últimos aportes patronales registrados ante el Instituto de Previsión Social (IPS) corresponden a setiembre. Aunque el vencimiento de octubre está previsto para el 12 de noviembre, varios trabajadores ya manifestaron inquietud por la continuidad de las prestaciones, especialmente mujeres embarazadas y personas que requieren atención médica.
Por este motivo, el Ministerio solicitó al Consejo de Administración del IPS analizar una extensión del periodo de carencia y posibles medidas excepcionales. Recalde adelantó que buscarán coordinar una respuesta con las autoridades de la previsional.
La ministra también reconoció que los salarios del personal tecnológico de itti estaban muy por encima del promedio del mercado, aunque destacó la preparación profesional de los trabajadores y señaló que todavía deben analizarse sus posibilidades de inserción en otras empresas.
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Caso Ueno Bank: abogados de Miguel Vázquez renuncian a su defensa
Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres presentaron su renuncia a la defensa de Miguel Vázquez, vicepresidente de Ueno Bank, quien se encuentra imputado por lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Actualmente, el directivo de la citada entidad bancaria está recluido en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú) a las resultas del presente proceso penal.
Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Miguel Vázquez y de los demás directivos de Ueno Bank, mientras que ordenó el arresto domiciliario de dos mujeres imputadas en la misma causa. Debido a la resolución del magistrado, las defensas de Miguel Vázquez y Juan Manuel Gustale apelaron la medida cautelar. Ahora, un tribunal de Apelación deberá definir si corresponde que los mismos continúen privados de libertad.
Fiscalía pidió ratificar prisión
Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle contestaron la apelación presentada por la defensa de Federico Miguel Vázquez Villasanti, solicitando al tribunal de Apelación que ratifique la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, firmada el pasado 5 de noviembre, que decretó la prisión preventiva del imputado.
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