La Corte Suprema de Justicia inició una campaña de concienciación dirigida a sus funcionarios, con énfasis en la importancia de los controles médicos periódicos. Foto: Gentileza
Noviembre Azul llega al Poder Judicial con un llamado a prevenir el cáncer
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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes acerca de la campaña Noviembre Azul, que inició la institución a favor de los funcionarios judiciales, con el propósito de promover la prevención y los controles médicos oportunos para detectar el cáncer de próstata y colon.
La iniciativa apunta a generar conciencia sobre dos enfermedades que pueden tener mejores posibilidades de tratamiento cuando son identificadas a tiempo. Para ello, bajo el lema “¡Animate! Hacete los estudios”, se busca incentivar especialmente a los hombres a dejar de lado los temores o postergaciones y acudir a consultas médicas para realizarse los exámenes correspondientes.
Como parte de esta jornada de sensibilización, desarrollada este lunes 2 de noviembre, se distribuyeron lazos azules y materiales informativos entre los funcionarios judiciales. La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Bienestar del Personal, dependiente de la Dirección General de Capital Humano.
Bajo el lema “¡Animate! Hacete los estudios”, la iniciativa busca fomentar la prevención y recordar que la detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento de estas enfermedades. Foto: Gentileza
La campaña recuerda que los chequeos periódicos son fundamentales para detectar posibles señales de la enfermedad antes de que aparezcan síntomas o el cuadro avance. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública recomienda que los hombres mayores de 50 años consulten con profesionales médicos para evaluar los estudios preventivos necesarios. La indicación también alcanza a quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, por el mayor riesgo que puede representar esta condición.
Además de promover los cuidados, Noviembre Azul pone énfasis en un derecho laboral contemplado en la Ley Nº 6280/19, que creó el Programa Nacional de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento del Cáncer de Próstata y Colon.
En particular, el artículo 13 de dicha normativa establece que todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, sean dependientes o independientes, tienen derecho a dos días de licencia remunerada por año para realizarse los estudios de detección precoz de estas enfermedades.
El Poder Judicial busca reconocer iniciativas que contribuyan a mejorar la atención a la ciudadanía, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso a la Justicia. Foto: Archivo
Concurso de Buenas Prácticas Judiciales amplía plazo de postulación hasta este lunes
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La Corte Suprema de Justicia informó que el plazo para presentar postulaciones al Concurso de Buenas Prácticas Judiciales 2026 se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, con el propósito de dar más oportunidades a los despachos y dependencias del Poder Judicial interesados en participar de esta iniciativa.
El certamen apunta a distinguir las experiencias que contribuyen a mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía, mediante propuestas innovadoras, soluciones creativas y acciones que reflejen el compromiso de magistrados y funcionarios con una administración de justicia más eficiente y accesible.
La convocatoria busca poner en valor el trabajo de las áreas jurisdiccionales y administrativas que impulsan mejoras en la atención a los usuarios, la transparencia, la integridad, el acceso a la información y la participación ciudadana, en consonancia con las políticas de Buen Gobierno Judicial.
Podrán participar tribunales, juzgados, direcciones, oficinas y otras dependencias de las distintas circunscripciones judiciales. La invitación también alcanza al área registral, correspondiente al Registro Unificado Nacional (RUN), además de los sectores administrativo y jurisdiccional.
Los protagonistas de la edición 2025 fueron despachos y dependencias judiciales que presentaron experiencias innovadoras para mejorar la calidad del servicio. Foto: Gentileza
Criterios de evaluación
Las propuestas serán analizadas a partir de una serie de categorías y criterios establecidos sobre la base de la Guía de Espacios Amigables. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la innovación, la sostenibilidad, la receptividad y la viabilidad de las iniciativas, así como su aporte a la calidad del servicio judicial.
Una vez cerrado el periodo de recepción de candidaturas, comenzará la etapa de evaluación de las experiencias presentadas, que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.
La entrega de reconocimientos está prevista para el miércoles 9 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional contra la Corrupción. La fecha busca destacar también la importancia de las buenas prácticas institucionales para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.
Los interesados pueden consultar las bases y condiciones del concurso en www.pj.gov.py/buenaspracticas. Para obtener más información o realizar consultas, están habilitados el teléfono (021) 480-016, internos 2046 y 3838, y el correo electrónico buenaspracticas@pj.gov.py.
La delegación internacional inició una visita oficial al país para dialogar con autoridades de los distintos poderes del Estado sobre la prevención de la tortura y la protección de las personas privadas de libertad. Foto: Gentileza
Corte Suprema y ONU abordan la prevención de la tortura en Paraguay
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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este viernes que ministros de la máxima instancia judicial se reunieron con una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), en el marco de la visita oficial que el organismo internacional desarrolla en Paraguay del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2026.
El encuentro formó parte de una serie de reuniones con representantes de los distintos poderes del Estado, orientadas a fortalecer el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la prevención de la tortura y las condiciones de las personas privadas de libertad.
Las autoridades judiciales recordaron que el Subcomité de la ONU es un órgano integrado por 25 expertos independientes, creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), vigente desde 2006 y aprobado por Paraguay mediante la Ley N.º 2754/2005.
la visita a establecimientos donde permanecen personas privadas de libertad
la elaboración de recomendaciones para los Estados
la asistencia a los mecanismos nacionales encargados de prevenir la tortura
la cooperación con otras instituciones que trabajan en esta área.
Las actuaciones del organismo se rigen por los principios de confidencialidad, imparcialidad y cooperación con los Estados, con un enfoque preventivo destinado a contribuir a la protección de los derechos fundamentales.
Esta es la tercera visita oficial del Subcomité a Paraguay. Las anteriores se realizaron en marzo de 2009, con una visita periódica, y en septiembre de 2010, durante una misión de seguimiento.
Protagonistas
La reunión contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y la ministra Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal.
Por la máxima instancia judicial también estuvieron presentes la directora de Derechos Humanos, Nury Montiel, y la coordinadora del Área de Sistemas Internacionales de Protección, Marian Mujica.
La delegación internacional estuvo compuesta por:
Marco Fabricio Feoli Villalobos, de Costa Rica
Marie Sorensen Brasholt, de Dinamarca
María del Carmen Comas-Mata Mira, de España
Juan Pablo Vegas Torres, de Perú
Claudia De La Fuente Barreda, secretaria del SPT
y Virginia Vasiliou Thompson, oficial asociada de Derechos Humanos.
La actividad se realizó de manera virtual en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, durante un foro organizado por la Seprelad con especialistas del ámbito judicial, fiscal y financiero. Foto: Pexels
Criptoactivos y lavado de activos plantean nuevos desafíos a las investigaciones financieras
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El rastreo de las operaciones con criptomonedas, la identificación de sus titulares y la determinación del origen de los fondos son algunos de los desafíos que enfrentan las investigaciones por lavado de activos en la era digital. Estos temas fueron abordados este jueves por el juez penal de sentencia especializado en Delitos Económicos y Corrupción, Matías Garcete, durante el Foro Nacional de Prevención del Lavado de Activos.
La exposición, titulada “Criptoactivos, trazabilidad blockchain y su uso en investigaciones penales y financieras”, se centró en las herramientas y los criterios que permiten analizar las transacciones con activos digitales y determinar si existen indicios de actividades ilícitas.
El encuentro fue organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y se desarrolló hoy de manera telemática, en coincidencia con el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. La convocatoria se realizó bajo el lema “El lavado de activos nos afecta a todos”.
El juez especializado en Delitos Económicos y Corrupción, Matías Garcete, explicó cómo funciona la trazabilidad de las operaciones con criptomonedas y los desafíos para identificar a las personas involucradas en posibles hechos de lavado de activos. Foto: Gentileza
Rastrear el dinero digital
Durante su presentación, Garcete señaló que los criptoactivos forman parte de la transformación digital de la economía, que abre nuevas posibilidades para las operaciones financieras, pero también genera riesgos que deben ser considerados por los organismos de control y el sistema de justicia.
“Estamos en una era digital que mejora el sistema económico, pero nos da una sociedad de riesgo”, expresó el magistrado al referirse a los desafíos que implica el uso de estas herramientas en las investigaciones penales.
Los criptoactivos son representaciones digitales de valor que utilizan técnicas criptográficas para operar. Entre ellos se encuentra el bitcoin, una de las criptomonedas más conocidas, que permite transferir e intercambiar valor sin recurrir necesariamente a los mecanismos tradicionales del sistema financiero.
Garcete aclaró que utilizar criptomonedas no constituye, por sí mismo, un delito. Para determinar si una operación está vinculada con el lavado de activos, es necesario examinar las circunstancias de cada caso, establecer de dónde provienen los fondos y reconstruir los movimientos realizados después de su obtención.
En este proceso, la trazabilidad de las transacciones y el análisis de la información disponible resultan fundamentales. El objetivo es reconstruir el recorrido de los activos y establecer posibles conexiones entre las operaciones, los recursos investigados y las personas que podrían estar involucradas.
Uno de los principales obstáculos, según explicó Garcete, consiste precisamente en identificar a los responsables de las transacciones. Aunque la tecnología blockchain permite registrar y seguir movimientos de activos digitales, relacionar esas operaciones con personas concretas puede requerir otras diligencias investigativas y el análisis de información complementaria.
Criptomonedas, cantidad y su valor
Otro aspecto destacado durante la exposición fue la necesidad de diferenciar la cantidad de criptoactivos de su cotización en el mercado.
El magistrado explicó que un saldo determinado de bitcoins no representa necesariamente un valor fijo en dólares, debido a que su precio puede variar de manera significativa. Por esa razón, las investigaciones financieras deben precisar qué criterio de valoración se utiliza y a qué momento corresponde el cálculo.
Esta distinción adquiere relevancia cuando se busca determinar el monto de una operación investigada, estimar el patrimonio relacionado con un posible delito o establecer cuánto dinero podría recuperarse mediante medidas de recuperación de activos.
En ese sentido, una estimación basada en la cotización histórica de una criptomoneda no equivale necesariamente a su valor actual ni al monto que efectivamente podría recuperarse. Son cálculos diferentes que deben analizarse según el objetivo de la investigación.
El foro también contó con las presentaciones de:
Rocío Cañas, asistente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
Christian Benítez, agente fiscal
María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
y Julio Bogado, director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.
La cuarta edición del concurso busca reconocer decisiones judiciales que protejan los derechos fundamentales y garanticen el acceso a la Justicia sin distinciones. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre. Foto: Pexels
CSJ premiará a jueces que promuevan la igualdad y la no discriminación
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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este miércoles que la Secretaría de Género convoca al IV Concurso del Poder Judicial “Premio de Excelencia a la Incorporación del Derecho a la Igualdad y No Discriminación en las Resoluciones Judiciales”. La iniciativa está dirigida a magistrados y magistradas que deseen postular sus decisiones y demostrar cómo aplican la igualdad, la perspectiva de género y los derechos humanos al resolver casos judiciales.
El concurso busca distinguir aquellas resoluciones que contribuyan a una justicia más inclusiva, especialmente en la protección de mujeres y otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El objetivo es que las decisiones judiciales tengan en cuenta las distintas realidades de la población y garanticen el respeto de los derechos fundamentales, sin discriminación.
Esta es la cuarta edición del certamen, que tuvo sus primeras convocatorias en 2023, 2024 y 2025, con la participación de representantes de distintas circunscripciones judiciales del país.
Desde el Poder Judicial indicaron que los magistrados interesados tienen tiempo hasta el 20 de noviembre de 2026 para presentar sus resoluciones. Las postulaciones deberán ajustarse a las bases y condiciones del concurso y enviarse por correo electrónico a segcsjconcursoderesoluciones@gmail.com. No se recibirán documentos en formato físico.
Además, deberán completar el formulario de postulación y adjuntarlo en formato PDF, conforme a los requisitos establecidos en el reglamento. Las bases, los detalles del procedimiento y el formulario están disponibles en el Observatorio de Género del Poder Judicial.
La organización estará a cargo de la Secretaría de Género, mientras que un jurado evaluará las candidaturas según los criterios establecidos. La institución prevé realizar la entrega de reconocimientos a las personas ganadoras durante este año.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono (021) 423-001 o escribir al correo electrónico habilitado para las postulaciones.