La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel que recibió Hernán Rivas y sostiene que la sentencia se basó en presunciones y no en elementos de prueba. Foto: Gentileza
Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
Compartir en redes
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
Condenan a propietario de constructora a pagar cien jornadas laborales de multa por grave accidente
Compartir en redes
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El propietario de una constructora fue condenado al pago de cien jornadas laborales a la víctima de un accidente laboral que resultó con la pierna amputada tras el percance. El sentenciado es Julio César Trinidad Da Silva, dueño de la empresa Constructora y Metalúrgica Trinidad de Santa Rita.
La medida fue dictada durante el juicio oral desarrollado por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. El trabajador afectado, Fidel Vera Paredes, quedó con graves secuelas físicas. La fiscal Rocío Celeste González fue quien sustentó la acusación. Antes del juicio, se produjo el resarcimiento económico a la víctima.
Los antecedentes indican que el hecho ocurrió el 30 de enero de 2024, alrededor de las 08:30, en una obra en construcción del barrio Nueva Asunción de Santa Rita, donde la persona que después se accidentó, realizaba tareas de montaje de estructuras metálicas.
Durante el trabajo, recibió una descarga eléctrica de alta tensión al entrar en contacto con un cable expuesto en el techo y cayó al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras graves y la amputación de la pierna inferior izquierda, además de daños psicológicos.
La investigación se inició el 8 de febrero de 2024, tras la denuncia presentada por Fredy Vera Paredes, hermano de la víctima. La acusación sostuvo que no se habían proporcionado los equipos de protección, ni adoptado las medidas de seguridad necesarias para realizar las labores.
El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Zunilda Martínez Noguera e integrado por los jueces Herminio Montiel y Edgar Lezcano. En el mismo proceso, se declaró la rebeldía de Alfredo Giménez Cardozo, señalado como empleador del trabajador al momento del accidente.
El gremio de rematadores judiciales solicitó a la Corte dejar sin efecto la acordada que aumenta la cantidad de martilleros por falta de datos estadísticos y otros. Foto: Gentileza
Piden a la Corte suspender aumento de matrículas de rematadores por falta de datos estadísticos
Compartir en redes
La Asociación de Rematadores del Paraguay, presidida por Atilio Estigarribia, solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión de la nueva acordada de la máxima instancia judicial. Dicha normativa pretende ampliar, sin un estudio previo, la cantidad de rematadores tanto en Asunción como en otras circunscripciones judiciales del país.
El gremio solicitó a los ministros la revisión de la Acordada N° 1747/2024, la cual regula el acceso a la matrícula de Rematador Público. La nucleación alega que la Corte intenta aumentar el número de matrículas en Asunción, Central y otros puntos del país sin contar con un análisis técnico sobre la cantidad de remates judiciales que se realizan de forma mensual, trimestral, semestral o anual.
En el escrito presentado ante los altos magistrados, el gremio pidió postergar por un plazo de 180 días corridos la aprobación de nuevos llamados a concursos públicos de oposición para el ingreso de rematadores. No obstante, aclararon que sí están de acuerdo con que se convoque a concurso para cubrir las vacancias actuales generadas por renuncia o fallecimiento de sus titulares.
En la nota se señala que no existe una evaluación cuantitativa ni cualitativa que determine las necesidades reales del servicio de subastas, así como tampoco la capacidad de supervisión en cada Circunscripción Judicial, motivo por el cual insisten en postergar la implementación de la referida acordada.
Asimismo se pide por acordada que los jueces a nivel país hagan cumplir el art 167 del Código de Organización Judicial debido a que varios de los rematadores firman pagarés para que se publique en los diarios y sin argumentos los jueces en el interior y en Central suspenden los remates judiciales sin hacer cumplir la norma que es al suspenderse la subasta se debe cubrir los gastos de remate y esta situación no sucede lo que genera grandes deudas al rematador con las editoriales.
Solicitaron el dictado de una nueva acordada que ordene a los juzgados exigir la consignación de gastos y el 50 % de la comisión legal ante suspensiones de subastas solicitadas por las partes.
Remarcan la necesidad de obtener datos oficiales sobre el volumen de subastas realizadas, suspendidas y canceladas entre los años 2021 y 2026, además del número de asignaciones por profesional. Pidieron conformar un espacio de diálogo conjunto entre representantes del gremio y la CSJ para acompañar el análisis metodológico del sector.
Desde la asociación remarcan que el libre ingreso establecido en 2024 no se traduce automáticamente en una mayor cantidad de subastas efectivas, por lo que consideran imprescindible fundamentar el número de auxiliares de la Justicia en datos empíricos que garanticen condiciones materiales dignas para el ejercicio de la profesión.
El abogado José Ignacio González Macchi defensor de Eddue Jara (foto) apeló la resolución del juzgado que ordenó el embargo de las cuentas bancarias del imputado así como el secuestro de varios rodados. Foto: Archivo
Defensa de Eddie Jara apela el embargo de cuentas y secuestro de vehículos
Compartir en redes
El abogado José Ignacio González Macchi, representante legal del extitular de Petropar Eddie Jara —imputado por enriquecimiento ilícito—, apeló la resolución del juez de garantías interino Osmar Legal, quien ordenó el secuestro de tres vehículos del exfuncionario.
El defensor criticó la medida y sostuvo que los rodados todavía no fueron pagados en su totalidad, por lo que su incautación podría ocasionar perjuicios económicos tanto a su cliente como a las empresas vendedoras.
En relación con la imputación, vinculada a una diferencia negativa de G. 5.339 millones en el patrimonio de Jara, González Macchi señaló que la defensa todavía analiza los planteamientos que presentará. También afirmó que, a su criterio, la Fiscalía aún no ha presentado los elementos de convicción correspondientes.
Sobre la inhibición y el bloqueo de cuentas bancarias, afirmó que las medidas están siendo materia de análisis. Además, manifestó que una de las cuentas embargadas no pertenecerían a Jara y sostuvo que su cliente debe contar con al menos una cuenta habilitada para desarrollar sus actividades financieras.
La resolución judicial dispuso la prohibición de innovar y contratar sobre tres vehículos: una Jeep Compass Limited 1.3T4, modelo 2025, registrada a nombre de Mía Cecilia Alejandra Jara Otazú; una Jeep Commander, modelo 2024, y una Toyota Land Cruiser 300 VX, ambas a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas. Los rodados también quedaron sujetos a secuestro, por lo que se dispuso oficiar a la Dirección del Registro Automotor y a la Comandancia de la Policía Nacional.
Unas 200 mujeres indígenas de Paraguay, México, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Argentina y Colombia se reunieron en nuestra capital para analizar la situación a nivel continental
Bajo el lema “Ñandereko arandu, vivir desde la sabiduría”, se reunieron en Asunción lideresas de pueblos originarios de Latinoamérica desarrollando una importante agenda continental.
Conmueve verlas caminar por calle Palma con sus banderas en alto, reclamando respeto. Ese que merece la herencia de los que estuvieron en esta tierra siglos antes de los 500 años que alcanzará esta capital en 2037. “¡Kuñanguéra jaku’e, Abya Yala ñanemba’e!”, dicen señalando en guaraní que América (Abya Yala) es de las mujeres que se movilizan.
Bernarda Pesoa, lideresa qom (toba) del Bajo Chaco, celebra que sus compañeras hayan respondido a la convocatoria para ayudarlas a “fortalecer y dar protagonismo al liderazgo de las mujeres indígenas, que sean visibilizadas, que podamos acceder a viviendas dignas, a buena salud, que tengamos medicamentos, puestos de salud y hospitales y que cese la discriminación en nuestro país”, apunta.
La respalda Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap): “La cumbre viene a decir: no somos pobrecitas; nos están despojando de nuestra cultura y de nuestras tierras. Por eso, compañeras, hay que seguir luchando, siendo autoridades con calidad humana y profesionalismo, defendiendo los derechos de la tierra con la frente en alto”, señala.
Bernarda Pesoa, de Paraguay
DEFENSA DEL AMBIENTE
La declaración final de la cumbre recuerda que ellas siguen “defendiendo nuestras semillas autóctonas y nativas, la soberanía alimentaria, el agua, la agroecología y los derechos de las indígenas y campesinas a vivir libres de violencia, para continuar tejiendo la unidad de los pueblos y de sus identidades culturales”.
También el compromiso con “poner en el centro los conocimientos y las diversas formas de autogobierno indígena. Invitamos a otras organizaciones y pueblos a articular acciones de resistencia que permitan proteger los territorios y todos los conocimientos”, agrega.
Organizada por la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) junto con el Consejo de Gobernanza de la Coordinadora de Abya Yala, el evento, que se desarrolló entre el 15 y el 20 de octubre en el Centro Cultural del Puerto, reunió a unas 200 indígenas de Paraguay, México, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Argentina y Colombia.
Durante la cumbre tuvo lugar una feria de artesanías que operó “como un espacio para visibilizar y valorar los conocimientos ancestrales, la creatividad y el trabajo de las artesanas indígenas compartiendo con el público objetos que expresan la identidad, la memoria y la riqueza cultural de los pueblos originarios”, destacaron desde la organización.
Lourdes Huanca, de Perú
LIDERESAS LOCALES
“Me impresionó mucho lo que contaron las compañeras de Colombia y Guatemala que tienen una lucha muy peligrosa, porque las matan, las apresan injustamente por luchar por los recursos naturales de las comunidades”, cuenta Hilaria Cruzabie, lideresa guaraní de la comunidad Santa Teresita, cerca de Mariscal Estigarribia, Boquerón, a más de 500 kilómetros de Asunción.
Comenta entonces el caso de las guatemaltecas Nancy Sinto (maya kaqchikel); Angelina Coy Choc, Olivia Muc Ich y Rosa de Coy, que enfrentan “procesos judiciales injustos y sentencias desproporcionadas por defender la tierra y los bienes naturales”, apunta.
Hilaria narra que en la historia su pueblo se desplegó desde la llanura chaqueña hasta las zonas andinas de Bolivia. Lo hace describiendo lo difícil de su resistencia y cuán importante es la espiritualidad indígena en ese menester. “Ya practicamos poco nuestros ritos, tenemos muy presentes las religiones católica y protestante, también otras sectas que se acercan. De la experiencia de las compañeras aprendimos que cuando buscan terminar con un pueblo atacan lo espiritual, así que me llegó profundamente esto y sobre todo el hecho de que necesitamos seguir con nuestros rituales y practicarlos en comunidad”.
AGENDA CONTINENTAL
A su turno, Alicia Amarilla, de la comunidad guaraní de Santory, Caaguazú, comenta que durante estos días se estuvo “conversando, analizando nuestra situación desde el territorio y las comunidades y salieron muchas propuestas, una verdadera agenda continental para la lucha de las mujeres”, apunta.
Describe que la pelea sigue siendo contra “el colonialismo, la violencia contras las mujeres, los problemas en el acceso a la tierra y otras temáticas que nos unen para la lucha, abriendo un debate que desde ahora se irá construyendo para llegar a la cumbre del año que viene en Chile”.
Amarilla pide que a nivel país se haga un esfuerzo mayor “para la educación de los pueblos indígenas. Nosotros en las comunidades tenemos los plurigrados, pero se hace difícil para nuestros niños terminar la primaria, es un sistema que nos condena a vivir sin educación”, expone.
De la cumbre destaca “la primera asamblea de jóvenes, que fue muy importante para nosotros porque ayuda a recrear la espiritualidad, la cosmovisión, y apunta a consolidar la recuperación de los saberes ancestrales de los pueblos”, destaca.
LUCHAS CONTINENTALES
“Las mujeres indígenas exigimos la erradicación del racismo estructural, el acceso a la salud intercultural, la protección frente a las múltiples violencias, el reconocimiento de las parteras y de los saberes ancestrales, y la participación efectiva en las políticas públicas que históricamente nos han excluido”, resume la declaración de la cumbre.
Lo hace describiendo una agenda que vienen construyendo desde sus inicios en Bolivia (2020), pasando por Perú (2021), Guatemala (2022), México (2023), Colombia (2024) y Panamá (2025), hasta llegar a Paraguay en este 2026.
La articulación busca visibilizar problemáticas urgentes como “La violencia de género, el impacto desproporcionado del cambio climático en las mujeres, la defensa de la soberanía alimentaria y la protección de las infancias y juventudes, entendidas no como el futuro, sino como el presente activo de la lucha”, describe.