La Justicia decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por contrabando y tráfico internacional de drogas, quienes fueron detenidos con una carga de precursores químicos que tenían como destino Bolivia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantías de Limpio, Elsa Idoyaga, luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Mariano Roque Alonso, Andrea Soledad Ríos Dos Santos, fue quien presentó la imputación contra
- Francisco Javier Varela Rivas
- Juan Clemente Granje Benítez
- José Félix Cabral
- y Pastor Federico Rojas Figueredo.
Los procesados cumplirán la medida privativa de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
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Los hoy imputados fueron retenidos por agentes policiales de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) con el cargamento de precursores químicos que pretendía ser trasladado a Bolivia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Transchaco, en inmediaciones de la Expo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.
El primer arrestado fue Varela, quien resultó interceptado cuando manejaba un camión Scania en el que transportaba 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo. Lo llamativo del caso es que el Ministerio Público borró el informe enviado a los medios de comunicación. En dicho documento se mencionaba que este componente se despenalizó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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Fuga en el penal de Emboscada: cuatro guardias fueron detenidos y no descartan más implicados
El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de Emboscada tras la fuga de dos reos en la madrugada del domingo. En el caso ya hay cuatro guardiacárceles detenidos, sospechosos de ser cómplices del hecho.
Pero, al margen de los agentes penitenciarios que están siendo objeto de investigación, no se descarta que haya más funcionarios involucrados. “Acá hubo complicidad. Estamos seguros de que hay más responsables que deberán responder a la justicia”, expresó este lunes el ministro Rodrigo Nicora, en diálogo con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida fue adoptada en base a todos los hechos que se fueron desencadenando con la investigación realizada con acompañamiento del Ministerio Público.
“La fiscal Fabiola Sosa está haciendo un trabajo excelente”, resaltó Nicora. La representante del Ministerio Público lleva adelante un trabajo conjunto con el viceministro y con el equipo del Ministerio de Justicia.
“En base a eso, al detectarse irregularidades complementarias a la fuga, nos da cuenta de una imperiosa necesidad de intervención completa de la cárcel Martín Mendoza, por las irregularidades que fueron detectadas”, apuntó el secretario de Estado.
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El equipo interventor se constituyó esta mañana y dio las primeras órdenes a tomar a fin de dilucidar el hecho. “Independientemente a la investigación de cuáles fueron los hechos, el director es apartado en este momento de su cargo”, informó el titular de Justicia y añadió que irán revisando la cadena de responsables.
Seguir la cadena de responsables
“Si bien es cierto que es el primer hecho ocurrido en Martín Mendoza, consideramos importante la intervención y luego seguir la cadena de responsables”, puntualizó. Asimismo, el ministro Nicora afirmó que en este tipo de situaciones juega un papel fundamental el factor humano más allá de que el penal cuente con una estructura de primer nivel y un régimen de máxima seguridad.
“Acá hay más responsables. En el penal hay 23 administrativos, 230 funcionarios de seguridad que van por turno, y eso tiene que ser revisado ampliamente, porque se debe cumplir estrictamente un protocolo, que no se cumplió”, aseveró.
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Confirman prisión para falsa religiosa condenada por trata de persona
El Tribunal de Apelación ratificó la prisión de la falsa religiosa Rufina Salinas Acuña, condenada a 10 años de cárcel luego de ser encontrada culpable del delito de trata de personas. La mujer, en complicidad con otra falsa hermana, mantuvo bajo un régimen de servidumbre y maltrato a una adolescente de 16 años en un supuesto hogar religioso. Por el mismo caso, Olga Bogado Cubas fue condenada a 11 años de pena privativa de libertad.
El caso data del año 2023. Aunque el juicio oral se desarrolló en el Palacio de Justicia de Asunción, la causa fue liderada por la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas de Alto Paraná y Canindeyú. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.
De acuerdo con la resolución de primera instancia, quedó probado en el juicio que las acusadas captaron a la adolescente bajo engaños, con el pretexto de brindarle formación religiosa en la supuesta congregación “Hermanas Hijas de Nuestra Señora de Caacupé”. Una de las mujeres retiró a la menor de su hogar, ubicado en el kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú, y la trasladó a un establecimiento en el kilómetro 14 del mismo distrito. Allí, la víctima fue sometida a trabajos de servidumbre y terribles maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas.
Luego fue llevada a su destino final en Luque, específicamente a la “Casa de la Reina de la Paz”, bajo la custodia de la otra coacusada. En ese lugar, la menor continuó sufriendo al ser obligada a realizar trabajos forzados y tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada, además de recibir castigos físicos denigrantes.
Las falsas religiosas mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron retornar con su familia recurriendo a amenazas constantes. También la coaccionaron para que mintiera a sus familiares sobre su situación real y justificara su permanencia con las supuestas religiosas. Los informes médicos y psicológicos confirmaron el daño sistemático infligido a la menor durante su estadía en Luque.
Tras la denuncia, la Unidad Especializada resguardó a la adolescente activando los protocolos de protección integral. Luego, se logró la detención y posterior condena de las responsables, cuya pena hoy quedó firme.
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Justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra excandidata presidencial de izquierda
La justicia de Ecuador dictó una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de izquierda Luisa González por el presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023, informó el viernes la Fiscalía.
González, de 48 años, fue detenida la víspera para una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.
El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, según un mensaje en X, sin detallar las razones por las cuales la opositora estará detenida mientras es investigada y antes de que haya posibles condenas.
La excandidata se declaró “perseguida política” del gobierno derechista de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia publicado en sus redes sociales.
En él se le escucha dirigirse a un juez y expresar su disposición para “colaborar con la justicia” ya la vez “exigir un trato justo”.
González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa (2002-2017), un duro crítico del presidente Noboa desde su autoexilio en Bélgica.
“Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado”, declaró la excandidata presidencial.
La RC fue inhabilitada este año y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre.
En el denominado caso Laberinto que envuelve a González, la Fiscalía indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023, que se celebraron de manera anticipada.
Ese año González perdió con el 48 % de los votos frente a Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador y que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el crimen.
Noboa achaca al correísmo haber abierto la puerta al narcotráfico que hoy ha convertido al país en una de las naciones más violentas de la región. González y Noboa volvieron a disputar la presidencia en 2025.
- Fuente: AFP
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Justicia argentina desestima causa contra Milei y su hermana por supuesta criptoestafa
La justicia argentina desestimó este viernes la causa contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en 2025.
A mediados de ese año, Milei difundió en X un proyecto de criptomoneda, llamado $LIBRA, y borró el tuit poco después. Entretanto, la desconocida moneda subió su valor y luego se desplomó, lo que provocó pérdidas de al menos 100 millones de dólares a inversores locales y extranjeros.
Milei negó entonces haber promovido la criptomoneda y explicó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.
Las denuncias sostienen que un pequeño grupo de operadores obtuvo ganancias millonarias mientras otros millas sufrieron pérdidas ante el desplome.
La investigación, que supuso un episodio político particularmente delicado para el presidente ultraliberal, buscaba determinar si existía una maniobra coordinada con participación del mandatario.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi manifestó este viernes que “los sucesos denunciados no se encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso la AFP.
El fallo también sobresee a otros nueve investigados, entre ellos el estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores de la moneda virtual. Ninguno de los acusados fue citado a prestar declaración indagatoria.
El juez sostuvo que las pérdidas de los inversores y la sucesión de una subida y un desplome del precio no bastaban para acreditar una estafa, sin pruebas de un engaño “penalmente relevante”.
Tampoco se demostró que Karina Milei hubiera recibido pagos para facilitar reuniones de los empresarios que impulsaron el token con el presidente, como se había denunciado.
“Facilitar un contacto o contribuir a la organización de un encuentro no equivale, sin más, a vender influencia”, escribió el juez.
El magistrado descartó además los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que la publicación presidencial no estuvo acompañada de actos administrativos ni del uso de recursos estatales.
El fallo también cita el rechazo en septiembre de una demanda colectiva en primera instancia contra los impulsores de $LIBRA en Nueva York por “defectos jurídicos” en la presentación.
- Fuente: AFP
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