Tres exfuncionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, procesados en el marco del caso Tajy que también salpica al exintendente Miguel Prieto —quien además afronta la continuidad del juicio por el caso Tía Chela este lunes 26 de octubre de 2026 a partir de las 09:30 horas—, se exponen a la revocación de sus beneficios procesales tras incumplir las medidas impuestas por la justicia. Los involucrados habían evitado el juicio oral mediante una salida alternativa concedida en agosto de este año, comprometiéndose a una reparación económica que a la fecha no ha sido acreditada ante el juzgado.
La causa investiga un perjuicio patrimonial de G. 306 millones a las arcas comunales mediante una compra simulada de insumos para panificados adjudicada a la empresa Tajy Servicios Generales —firma vinculada al entorno familiar de Prieto y sin capacidad real para proveer al Estado—, ilícito perpetrado entre marzo y junio de 2020. Ante la falta de presentación de los comprobantes de pago dentro del plazo legal, la jueza María Lidia Wyder convocó a una audiencia clave para el próximo 28 de octubre.
Los citados son Nelson Alexis Segovia Acevedo (exdirector de Tesorería), Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez (exjefa de Presupuesto) y Maggi Elizabeth Fariña Almada (excoordinadora de la UOC), quienes durante la audiencia preliminar admitieron su implicancia en el desvío de dinero público en calidad de cómplices. El acuerdo estipulaba el pago de G. 30 millones cada uno en cuotas; sin embargo, al no justificar la morosidad ni abonar las primeras cuotas fijadas por el AI N° 258, el juzgado evaluará dejarlos sin efecto.
Incumplimiento y riesgos
De confirmarse el incumplimiento en la audiencia, la magistratura revocará la suspensión condicional del procedimiento, obligando a los procesados a retornar al camino ordinario del proceso penal y enfrentar un juicio oral y público junto al exjefe comunal. Esta situación procesal se agrava de forma paralela para el principal acusado, ya que el Tribunal de Apelación confirmó recientemente que Miguel Prieto irá a un segundo juicio oral por este expediente, tras rechazar los recursos dilatorios de su defensa contra la elevación de la causa.
La acusación fiscal sostiene que Prieto operó como el ordenador de gastos de una estructura montada para simular contrataciones públicas por vía de excepción durante la pandemia. La resolución de segunda instancia ratificó plenamente la competencia del fuero especializado, despejando el camino para que en los próximos días se realice el sorteo de los magistrados que presidirán este nuevo debate en Asunción.
Mientras tanto, el desarrollo de estas audiencias marca un punto de inflexión sobre la efectividad de las salidas procesales negociadas en causas por corrupción pública. La falta de cumplimiento en la reparación del daño no solo aísla judicialmente a los exfuncionarios municipales, sino que fortalece la tesis del Ministerio Público de cara a la etapa de los debates y las eventuales condenas por lesión de confianza.