El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva causa penal para investigar hechos emergentes de presunto lavado de dinero que involucran a directores del Banco Atlas y a referentes del entorno de Miguel Ángel Zaldívar. La medida, oficializada mediante la Resolución n.º 4064, responde a denuncias formales presentadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), las cuales señalan serios indicios de irregularidades en la constitución de fideicomisos y la ejecución de transacciones inmobiliarias.
Para llevar adelante las pesquisas sobre estas nuevas conductas punibles, la máxima autoridad del Ministerio Público designó a los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez y Luz Guerrero. Este equipo de fiscales tendrá a su cargo la recolección de elementos probatorios, el peritaje de los instrumentos financieros señalados y el análisis de la trazabilidad de los fondos para determinar las eventuales responsabilidades penales de los denunciados.
El caso Atlas-Conmebol se centra en la investigación penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol por presunto lavado de dinero derivado del esquema de corrupción que involucró a su difunto expresidente, Nicolás Leoz, durante el período comprendido entre 2013 y 2016. Según las denuncias del organismo deportivo, la entidad bancaria habría celebrado contratos de fideicomiso y operaciones financieras con Leoz por varios millones de dólares para blindar y ocultar patrimonio presuntamente ilícito obtenido durante su gestión, omitiendo las debidas alertas del sistema de prevención de lavado de activos.
Imputación
La imputación formal por presunto lavado de dinero fue presentada por la Fiscalía el 30 de octubre de 2025. Entre los procesados figuran los principales directivos del Banco Atlas: Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera (presidente del banco), Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez. Asimismo, fueron imputadas las herederas del fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz: María Clemencia Pérez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Riveiro.
El esquema financiero indagado involucra maniobras por un total estimado que supera los USD 6 millones en fideicomisos (equivalentes a unos G. 40.000 millones), depósitos directos en efectivo realizados por Leoz entre enero y mayo de 2013 por USD 5,1 millones, y otras transferencias y colocaciones en instrumentos de ahorro que suman más de G. 23.000 millones y USD 2,1 millones en cuentas particulares dentro de la institución.
Según la hipótesis del Ministerio Público, los directivos de la entidad financiera autorizaron la bancarización e integración al sistema formal de activos de origen ilícito desviados de la Conmebol. Específicamente, se les atribuye haber omitido las alertas de prevención de lavado de dinero y la debida diligencia para aprobar la constitución de contratos de fideicomiso, así como la renovación de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y transacciones inmobiliarias a nombre de Nicolás Leoz y sus familiares, aun cuando sobre este pesaba una orden de captura internacional expedida en el marco del caso “FIFA Gate”.