El juez Yoan Paúl López ordenó la rebeldía y la captura internacional de Édgar Clodomiro Rodríguez. prófugo y principal sospechoso del homicidio ocurrido en Eusebio Ayala. Foto: Gentileza.
Caso Eusebio Ayala: ordenan captura internacional para imputado que huyó tras manipular tobillera
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El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, declaró la rebeldía y ordenó la captura nacional e internacional de Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo, quien manipuló su tobillera electrónica y se dio a la fuga en el marco de una causa por hurto agravado. El hombre también fue imputado recientemente por supuesto homicidio doloso, tras un hecho ocurrido en la zona de Eusebio Ayala, donde una mujer falleció y otra resultó herida.
El magistrado sostuvo en su resolución: “Conforme consta en el informe remitido por el jefe interino del Departamento de Control y Dispositivos Electrónicos, se puede corroborar que efectivamente el dispositivo asignado al encausado, Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo, registró una alerta por manipulación, perdiéndose la señal de geolocalización.
Al haberse violentado dicho mecanismo de control y desconociéndose su paradero actual, se constata que el mismo ha incumplido las reglas impuestas por este juzgado, demostrando con ello una mala conducta procesal al eludir los mandatos de la Justicia”.
Asimismo, el juez indicó que “existen suficientes motivos para que esta magistratura pueda declarar en rebeldía al mencionado procesado, ya que se ha mostrado renuente a los mandatos de la Justicia. Al violentar el mecanismo de control que lo sometía al presente proceso, demostró su falta de voluntad para someterse a la investigación, por lo que corresponde ordenar su rebeldía y captura”.
Juez procesa penalmente a abogado por usurpación de funciones públicas
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la ratificación de la imputación por el delito de usurpación de funciones públicas contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra. La fiscala Sophia Galeano fue quien solicitó al juzgado admitir la imputación, luego de realizar algunos ajustes para que el proceso penal pueda avanzar contra el citado profesional del derecho.
La causa contra Marecos se originó tras una diligencia judicial realizada el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la firma Cargo Line Paraguay S.A. El Ministerio Público sostiene que el abogado habría actuado de forma irregular en dicho procedimiento, pese a no tener intervención en el juicio civil tramitado entre las partes. Asimismo, la Fiscalía le atribuye haber ordenado restringir el uso de teléfonos celulares e incautar dispositivos.
Igualmente, el magistrado fijó para el 15 de mayo de 2027 el plazo ordinario para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podrá consistir en el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público u otra salida procesal. Por su parte, el abogado Marecos criticó en su momento la imputación fiscal e indicó que carece de fundamento.
Exsuperintendente de Bancos estará recluido por 15 días en la Agrupación Especializada
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El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, guarde prisión por 15 días en la Agrupación Especializada, en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
Holger se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. “Pasará a guardar reclusión primariamente en la Agrupación Especializada y este juzgado vía oficio recabará informes sobre alguna institución dependiente del Ministerio de Justicia en donde pueda guardar posteriormente reclusión definitiva”, comentó Otazú a los medios de comunicación.
El magistrado agregó que “la defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el juzgado entiende que los hechos revisten gravedad, entonces entendemos que, por una cuestión de saber sobrellevar y dar el respaldo necesario al Ministerio Público para que pueda seguir llevando adelante sus investigaciones, consideramos que es la medida más acertada en este momento”.
De acuerdo al acta de imputación, el funcionario habría tomado conocimiento formal, el pasado 29 de abril, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
El exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán ante el juez Humberto Otazú. Foto: Gentileza
Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico, remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución.
La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A. Foto: Gentileza
Juez ordenó prisión para extitular de itti y exmano derecha de Miguel Vázquez
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El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A., imputado por las presuntas operaciones irregulares que derivaron en el colapso de Ueno Bank, en la misma causa que el exCEO de la entidad, Miguel Vázquez.
Legal resolvió que el imputado guarde reclusión donde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (Institutos Penales) decida y ordenó que no comparta sector ni alojamiento con los demás coimputados.
La defensa había ofrecido dos inmuebles como garantía para solicitar el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Sin embargo, el juzgado consideró que la caución era insuficiente debido a que no se presentaron documentos que acreditaran la titularidad de los bienes ni la inexistencia de gravámenes o restricciones.
El magistrado también tuvo en cuenta que el procesado declaró percibir ingresos mensuales aproximados de G. 150 millones. Señaló que, por la complejidad de los hechos, la magnitud económica de las operaciones y los valores patrimoniales involucrados, se requiere información registral actualizada para verificar la disponibilidad efectiva de los inmuebles ofrecidos.
La resolución fundamenta la prisión preventiva en el peligro de fuga y en la necesidad de asegurar el sometimiento del imputado al proceso. Astigarraga se presentó este jueves ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de que la Fiscalía ordenara su detención y modificara su requerimiento inicial de medidas alternativas para solicitar la prisión preventiva.
El juez Édgar Rivas es sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el juicio civil caratulado S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra. FOTO: ARCHIVO
Ypytá: acusan ante el JEM al juez Édgar Rivas por mal desempeño y piden su suspensión en el cargo
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La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.
Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Corte define confirmación o no en el cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.