El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.

Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.

Te puede interesar: Fiscalía acusa a dueño de matadería por vertido irregular de desechos que afectan al río Acaray

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.

Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.

El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.

Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.

Podes leer: Hija de Alejandro Ramos fue condenada a 16 años de cárcel por vínculos con el EPP y EML

Una empleada de la Universidad Interamericana —institución educativa con sede en Pedro Juan Caballero, Paraguay— fue detenida en flagrancia el pasado miércoles en la zona de Ponta Porã (frontera con Pedro Juan Caballero) tras ser interceptada con 800.000 reales en efectivo (unos 902 millones de guaraníes).

De acuerdo con los datos de las autoridades, la universidad pertenece al empresario y candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo (União Brasil).

La semana pasada, una de sus haciendas ubicada en Porto Murtinho, en el estado de Mato Grosso do Sul, fue objeto de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil.

Durante el procedimiento, las autoridades rescataron a 23 trabajadores paraguayos que se encontraban en situación irregular, víctimas de presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Según informó el medio G1, los compatriotas no estaban registrados formalmente, sufrían la retención de sus salarios y tenían prohibido abandonar las instalaciones.

Asimismo, las autoridades brasileñas sospechan que la universidad de Carlos Bernardo —quien es investigado por supuestos vínculos con el Primer Comando Capital (PCC)— habría sido utilizada como fachada por miembros de este grupo criminal para justificar su estadía en la frontera y coordinar sus operaciones.

Te puede interesar: Vuelco de camioneta dejó un muerto y dos heridos cerca del Asunción Golf Club

El nombre de Aparecido Carlos Bernardo cobró relevancia pública tras el operativo del 23 de marzo de 2021, cuando se capturó a 14 integrantes del PCC durante una “asamblea” en Pedro Juan Caballero.

Entre los detenidos se encontraba Weslley Neres dos Santos, alias “Bebeção”, líder regional de la banda criminal en la frontera, quien en ese momento portaba una credencial que lo identificaba falsamente como estudiante de Medicina de la universidad privada del candidato.

Igualmente, Eusebio Niz Valiente, supuesto testaferro de Aparecido Carlos Bernardo duelo de la Universidad Interamericana y ex CEO de la Universidad Central pretende quedarse con una propiedad perteneciente a la firma Ypyta en un juicio plagado de irregularidades.

Actualmente, el caso está en la cámara de apelación de Asunción a los efectos de su estudio correspondiente. Este hecho demostraría que testaferros de personas presuntamente ligadas al crimen organizado estarían tratando de torcer la justicia.

Podes leer: Eusebio Ayala: asesinan a una mujer y dejan gravemente herida a otra

El juez Rolando Duarte ratificó la prisión preventiva de Won Ho Hwang y el arresto domiciliario de Hyin Jin Hwang Lim, propietarios y representante legal de las farmacias “Amigo” y “Amigo II” del Mercado 4, imputados por la presunta venta irregular de medicamentos controlados.

Ambos están procesados penalmente por dos hechos punibles relacionados con el ingreso, tenencia y comercialización irregular de medicamentos como alprazolam y clonazepam, entre otros.

Respecto a Won Ho Hwang, el juzgado dispuso que permanezca recluido durante diez días más en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Posteriormente, salvo una resolución contraria, deberá ser trasladado al Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú) u otro establecimiento acorde al cumplimiento de la medida.

Te puede interesar: Universitarios recorren el Poder Judicial y conocen cómo funciona la estructura judicial

Con relación a Hyin Jin Hwang Lim, el magistrado consideró que debe continuar con arresto domiciliario debido a que persiste el riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación del Ministerio Público.

El juez indicó que la imputación reviste una gravedad “objetiva superlativa” por afectar directamente a la salud pública y que la investigación se encuentra en una etapa incipiente. “Permitir la libertad o una medida de menor intensidad al imputado en esta etapa preliminar generaría un riesgo real e inminente de que el mismo pueda influir en los testigos o destruir e interferir en las diligencias indispensables que aún restan realizar”, sostuvo.

Según la hipótesis fiscal, ambos habrían tenido bajo su dominio y puesto a disposición del público medicamentos sujetos a control especial, como alprazolam de 0,5 mg, 1 mg y 2 mg y clonazepam de 0,5 mg, de presumible origen argentino, sin documentación que acreditara su adquisición, procedencia e ingreso legal al país.

La investigación se sustenta, entre otros elementos, en un procedimiento de Senad del 20 de octubre de 2025 en la farmacia “Amigo”, donde se constató la ausencia del Libro de Registro de Drogas, formularios de compra emitidos por Dinavisa y planillas de informes mensuales.

Podes leer: Una mujer y sus hijos perdieron su casa a raíz del incendio que consumió todo

Tras la venta irregular de valiosos terrenos están compradores con dudosos antecedentes.

En el marco del juicio civil caratulado Ypyta SA Inmobiliaria, Gana­dera y Comercial sobre convo­catoria de acreedores, el hoy condenado exsíndico de Quie­bras Blas Velázquez autorizó y aprobó –con la anuencia de un Juzgado Civil y Comercial– la venta irregular de valiosas propiedades pertenecientes a la firma Ypyta. Los comprado­res no tendrían cómo justificar la adquisición de los inmuebles y, a su vez, serían presuntos tes­taferros de personas ligadas al narcotráfico.

Actualmente, una de las pro­piedades de Ypyta, ubicada en Pedro Juan Caballero, está pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Este inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien tendría pre­sumiblemente vínculos con Ángela Toumani (esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani) y nexos con la Universidad Autónoma San Sebastián de dicha localidad.

Asimismo, existe otra acción de inconstitucionalidad pen­diente en la misma Sala Cons­titucional, presentada por Hernán Gualberto Aguilera. Según las sospechas, Aguilera no contaría con la capacidad económica para comprar una propiedad, cuyo costo osci­laría los G. 5.000 millones, y también tendría nexos con la viuda de Rafaat y con un ciuda­dano de origen árabe.

Por otra parte, se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelación Civil de la Capital un recurso presentado por la firma Ypyta. La empresa apeló la venta irregular realizada a Eusebio Niz Valiente, presunto testaferro de Aparecido Car­los Bernardo, propietario de la Universidad Interamericana y ex-CEO de otra universidad paraguaya.