El empresario manifestó que el sector político que responde a Miguel Prieto dejó en deplorable estado el municipio.

El candidato a inten­dente de Ciudad del Este por la lista 1, Rigoberto Chamorro, des­tacó que el multitudinario acompañamiento que tuvo en su cierre de campaña eviden­cia que los ciudadanos des­pertaron y buscan el cambio en la comuna esteña.

“Fue emocionante, estuvi­mos saliendo a las tres de la tarde en una caravana y nos concentramos todos en el estacionamiento del Club 3 de Febrero donde festeja­mos el Día de la Juventud y más de diez mil perso­nas presentes en el festi­val”, detalló al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El intendentable colorado afirmó que en sus recorri­dos por los barrios la gente le saluda con “Rigo sí, robo no” que decidió adoptarlo como eslogan de campaña con el compromiso de llevar adelante una gestión trans­parente y honesta.

“La gente quería un cambio, al final el cambio fue una decepción para la pobla­ción. Pero en realidad fue peor y nos decepcionamos toda la población y por eso usamos ese logo: Rigo sí, robo no”, expresó. “Esta­mos a seis días de los comi­cios municipales y ayer el pueblo ya se despertó. Porque ayer multitudina­rias personas salieron a las calles acompañándome en la caravana y en el festival. Se notó que el pueblo se des­pertó”, subrayó.

El empresario manifestó que el sector político que responde a Miguel Prieto dejó en deplorable estado el municipio.

“La verdad hay mucho por hacer, yo sé que el pueblo esteño lo que quiere y tam­bién sé lo que hay que hacer. Entonces, estamos muy contentos, muy confiados, yo caminé los 44 barrios en esta campaña. Y anoche eso fue mi mensaje y mi agra­decimiento a la población esteña que todos me reci­bieron con los brazos abier­tos”, puntualizó

Ni validando las facturas que la Dirección de Impuestos Tributarios identificó como falsas se puede respaldar la compra de mercaderías por parte de Miguel Prieto en el esquema Tía Chela. En el intento de defender la entrega los involucrados presentaron facturas emitidas por contribuyentes ficticios, con fechas posteriores al acta de recepción de los kits de alimentos y ni validando todo esto los comprobantes alcanzan a justificar la provisión establecida en contrato y por la cual la administración Prieto pagó G. 2.949 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

De forma burda, pero a la vez absurda, el exintendente de Ciu­dad del Este destituido por corrupción, Miguel Prieto intenta zafar del esquema de desvío de fondos más emble­mático del país durante la pandemia, conocido como Tía Chela. Las pruebas documentales que recolectó el Ministerio Público para sentar al exjefe comunal en el banquillo de los acusados por lesión de confianza y aso­ciación criminal, son de fie­rro y demoledoras.

La Fiscalía comprobó que, además del proceso fraguado de una adjudicación por G. 2.949 millones para la provi­sión de 25.000 kits de víveres a una despensita que no tenía las mercaderías ni la capaci­dad financiera, los alimen­tos no fueron distribuidos a los beneficiarios porque el stock no existió y hubo com­pras fueron ficticias.

Maniobraron una compra por urgencia impostergable sin la debida justificación, utilizando a padre e hijo como potenciales oferentes, adjudicaron millonario con­trato a una despensita que no tenía stock de alimentos y ante la evidente inexistencia de la totalidad de las merca­derías, armaron una cadena de compra-venta ficticia para justificar la provisión, según la Fiscalía.

Tía Chela presentó facturas de una treintena de subpro­veedores para justificar su stock. Declaró facturas de compra de mercaderías entre los que incluso figuraban comprobantes expedidos a nombre de otra razón social en el apuro que le generó la justicia. Las facturas de com­pra de stock presentadas por Tía Chela, según el cál­culo del Ministerio Público suman G. 2.628.722.663. Sin embargo, la operación de compra de la Municipalidad de Ciudad del Este fue por G. 2.949.650.000, de entrada, ya había una diferencia de G. 320 millones.

El dato relevante en el combo de facturas de compra que presentó Tía Chela es que no contaba con ingresos oficia­les que pudieran demostrar el financiamiento de las com­pras. “Sus ingresos percibidos no le permitían realizar esa inversión significativa. Con­taba con una sanción de inha­bilitación de cuentas por una entidad bancaria e incluso registraba operaciones moro­sas”, subraya el Ministerio Público en su acusación.

En la cadena de facturas que construyeron fueron identifi­cados contribuyentes ficticios, según los cruzamientos docu­mentales que analizó la Direc­ción Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). En este esquema tanto Tía Chela como una de sub proveedo­ras, Vanessa (Vanemi) Floren­tín, expareja de Prieto y actual funcionaria de la Municipali­dad de Ciudad del Este, pre­sentaron facturas falsas, se remarca en la mencionada acusación. Según los deta­lles de compr bantes, Vanemi colaboró con 4 facturas fal­sas en el intento de justificar inventario de mercaderías por venta simulada por valor de G. 700 millones que rea­lizó a Tía Chela. Pero, capaz lo más alevoso de la situación sea la desprolijidad en la fabri­cación de facturas para jus­tificar el stock inexistente. Y en este contexto presentaron facturas de compra de merca­derías que son posteriores a la fecha del acta de recepción de los kits firmados por la admi­nistración Prieto.

“Las facturas presentadas por Tía Chela SRL y los subpro­veedores presentan notorias inconsistencias que reflejan operaciones ficticias o inexis­tentes, e incluso se contrapo­nen con las documentaciones institucionales, por las cuales se deja constancia de la recep­ción total de mercaderías los días 27/03/2020 (15.000 kits) y 13/04/2020 (10.000 kits). Esto se debe a que parte de las mercaderías proveídas supuestamente a la comuna, fueron adquiridas con poste­rioridad a las fechas de recep­ción señaladas, ello nos revela una ausencia de stock de mer­caderías y la inexistencia de las mismas, no obstante, a pesar de ello fueron tenidas como recepcionadas por parte de la institución”, refiere la acusación fiscal.

El documento del Ministerio Público remarca que esto “evi­dencia que estas documenta­ciones donde los funcionarios municipales dejan constancia de la recepción de estos kits, no se compadecen con la reali­dad y que fueron redactadas al solo efecto de cubrir la ausen­cia de contraprestación total de lo proveído por la empresa Tía Chela conforme a lo pac­tado en el contrato, firma que debió proveer de 25.000 uni­dades de kits de alimentos, lo cual se traduce en un perjuicio económico a la institución por valor de G. 2.130.036.160 por­que finalmente no se recibie­ron mercaderías de acuerdo a la cantidad establecida con­forme a lo pagado en el con­trato G. 2.949.650.000”.

La exsenadora de Alto Paraná, Georgia “Nani” Arrúa, cuestionó públicamente la declaración de gastos de campaña presentada por Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente de Ciudad del Este por el movimiento “Yo Creo” del destituido exintendente Miguel Prieto. La exlegisladora planteó la necesidad de contrastar los montos reportados de manera oficial con el millonario despliegue publicitario que se observa diariamente en las calles, medios de comunicación y redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, Arrúa enfatizó que la legislación sobre financiamiento político exige absoluta transparencia en el origen y destino de los fondos. La exparlamentaria sostuvo con firmeza que “la honestidad se demuestra” y remarcó que el verdadero compromiso ético de un aspirante no se mide por discursos, sino comparando las Rendiciones de Cuentas ante la Justicia Electoral con la realidad operativa.

De acuerdo con los datos expuestos por la exsenadora, Pereira Mujica declaró un presupuesto de apenas G. 100 millones para su campaña, compuesto por G. 20 millones en ahorros propios y G. 80 millones atribuidos a donaciones de siete personas cuyos nombres no fueron especificados. En contraposición, remarcó que el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto “Rigo” Chamorro, reportó recursos por G. 950 millones, distribuidos en G. 750 millones de fondos propios y G. 200 millones depositados en el sistema financiero.

“Cuando los números no cierran, ahí está la respuesta a quién nos dice la verdad y quién no”, sentenció Arrúa. La dirigente instó a la ciudadanía a evaluar la coherencia entre el informe presupuestario y el gasto real en mítines, cartelería, pantallas en la vía pública, indumentaria, calcomanías y movilizaciones logísticas en la capital altoparanaense.

El cuestionamiento cobra mayor peso político dado que Pereira Mujica es la figura clave del equipo del exintendente Miguel Prieto, a quien reemplazó interinamente en el cargo tras las elecciones de octubre de 2025 y cuya administración busca dar continuidad. Prieto atraviesa actualmente un juicio oral por supuesta lesión de confianza de G. 2.130 millones en el caso “Tía Chela”, al que se le suma la apertura de un segundo proceso por presunto perjuicio de G. 306 millones en la causa “Tajy”.

En medio de este convulsionado escenario judicial y político, Arrúa puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña en la capital del décimo departamento. La exlegisladora dejó abierta la interrogante sobre si las cifras rendidas por la agrupación “Yo Creo” reflejan un sustento real o si ocultan un desfasaje frente al ostensible despliegue territorial.

La declaración del exalto funcionario del Ministerio del Interior complica más el escenario jurídico de Arnaldo Giuzzio.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio –acusado por cohe­cho pasivo agravado tras pre­suntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius–, declaró Victoriano Benítez, exdirec­tor general Administrativo y Financiero de la cartera esta­tal, y reveló datos que com­prometen el escenario pro­cesal del acusado.

Benítez aseguró ante el tribu­nal de sentencia –integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete– que un vehículo que estaba al servicio del Ministerio del Interior fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA (también ligada a Ombú SA) para su respectiva repara­ción. Esta declaración com­plica aún más la situación del acusado en el presente pro­ceso penal.

Asimismo, el testigo indicó que varias facturas de la firma Black Eagle Group SA se pudieron haber pagado con gastos reservados, debido a que, al momento de visuali­zar los documentos en el jui­cio oral, constató que dichos montos no fueron abonados por la Dirección Administra­tiva a su cargo.

Por su parte, la fiscala Veró­nica Valdez indicó que el testigo prestó aclaraciones sobre la adquisición de bienes y los pagos de servicios, entre ellos, las reparaciones vehi­culares. Sostuvo que el exdi­rector confirmó el traslado de un rodado estatal hasta el taller de la firma pertene­ciente a Marcus Vinicius en Ciudad del Este.

La audiencia oral proseguirá el martes 29 de setiembre con la declaración de más testi­gos. Una vez concluida esta etapa, se ingresará a la fase de alegatos finales, donde el Ministerio Público soli­citará los años de cárcel para el exalto funcionario del gobierno de Mario Abdo Benítez.

En este juicio ya han decla­rado numerosos testigos, incluido el propio Marcus Vinicius y exfuncionarios de la firma Black Eagle SA. Entre ellos, el exgerente de la empresa Gilberto Enciso aportó datos que comprome­ten la situación procesal de Giuzzio. Igualmente, declaró el exviceministro de Seguri­dad Interna Pablo Ríos, quien afirmó haber recibido órde­nes directas de Giuzzio para negociar con Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua el blindaje de patru­lleras de la Policía Nacional.

Ríos indicó que la firma Ombú SA, a través de su gerente Gilberto Enciso, presentó una nota de pre­supuesto al Ministerio del Interior. Dicho documento fue recepcionado por el pro­pio Ríos, quien luego se lo entregó al entonces minis­tro. Asimismo, se constató que el acusado visitó las ins­talaciones de Ombú SA en Ciudad del Este, donde se tomaron varias fotografías dentro del taller y una foto general con los empleados de la empresa.