Paraguay oficializó este viernes una guía técnica que establece cómo eliminar la marihuana incautada mediante el sistema de coprocesamiento, un procedimiento que permite aprovechar los residuos como fuente de energía en hornos industriales, principalmente de la industria cementera. El mecanismo busca reemplazar la quema a cielo abierto por una alternativa más segura y menos perjudicial para el ambiente.

La presentación de la Guía técnica de actuación conjunta para la disposición final de marihuana por el método del coprocesamiento se realizó este 13 de noviembre en el Salón Auditorio Dra. Serafina Dávalos, en la sede judicial de la Capital. El documento establece pautas comunes para las instituciones que intervienen en la custodia, manipulación y eliminación de las sustancias incautadas, con el objetivo de garantizar un procedimiento adecuado y ambientalmente sostenible.

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El coprocesamiento consiste en utilizar residuos que tienen capacidad de generar calor como combustible alternativo en procesos industriales. En este caso, la marihuana incautada puede ser destruida en hornos que operen bajo condiciones técnicas específicas, con temperaturas de 800 grados o superiores, para evitar que sus componentes químicos sean liberados al ambiente.

La necesidad de implementar este sistema responde, en parte, al volumen de drogas que se decomisa en el país. Según los datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) compartidos durante el encuentro, Paraguay registra un promedio de 680 toneladas de marihuana incautadas por año. La destrucción de semejantes cantidades representa un desafío logístico, de seguridad y también ambiental.

Hasta ahora, uno de los principales métodos utilizados para eliminar estos cargamentos es la quema a cielo abierto, una práctica que no garantiza la destrucción completa del material vegetal y puede generar consecuencias ambientales. Ante esta situación, el Programa Regional STAND de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) impulsó la incorporación de mecanismos más eficientes y sostenibles, entre ellos el coprocesamiento, cuyo uso se ha extendido en la industria cementera.

La guía fue elaborada en el marco del Proyecto Regional STAND, orientado al manejo seguro y la eliminación de drogas incautadas y sus precursores. Su lanzamiento reunió a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Senad, fuerzas policiales y magistrados especializados, con la finalidad de promover la adopción de este procedimiento a nivel nacional.

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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este jueves que el ministro Gustavo Santander destacó el compromiso del Poder Judicial con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Durante una entrevista con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), recordó las investigaciones que impulsó cuando se desempeñaba como juez penal y la creación del Banco Genético para facilitar la identificación de las víctimas.

Santander repasó los avances registrados en Paraguay después de la caída del régimen stronista, entre ellos:

• la Constitución Nacional de 1992
• la incorporación de delitos vinculados a crímenes de lesa humanidad
• y la adhesión a tratados internacionales de protección de los derechos humanos.
• También resaltó el valor del Archivo del Terror, descubierto en 1992 y actualmente bajo custodia del Poder Judicial, cuyos documentos constituyen pruebas fundamentales para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

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En ese contexto, Santander recordó su participación en las investigaciones sobre la Operación Cóndor, mediante las cuales se utilizaron documentos y testimonios de víctimas para identificar a presuntos responsables y disponer órdenes de captura. Además, mencionó que en 2004 remitió documentación digitalizada a Argentina para contribuir con las investigaciones judiciales de ese país. Sostuvo que los testimonios permitieron demostrar que la coordinación represiva entre gobiernos sudamericanos existió y fue utilizada para perseguir, detener, trasladar y hacer desaparecer a opositores políticos.

Uno de los principales instrumentos para avanzar en la identificación de las víctimas es el Banco Genético, impulsado desde su despacho judicial. Este sistema conserva muestras de familiares directos de personas desaparecidas y permite compararlas con restos óseos recuperados durante las excavaciones. El ministro señaló que el procedimiento ya permitió identificar a algunas víctimas y destacó el trabajo de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, encabezada por Rogelio Goiburú, en las tareas de búsqueda y recuperación de restos humanos. También valoró el respaldo institucional de la Corte para dar continuidad a estas labores.

Por otra parte, Santander resaltó la cooperación de las Naciones Unidas y de especialistas internacionales en antropología forense para fortalecer los procesos de identificación. Asimismo, señaló que la capacitación de magistrados en la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos es fundamental para evitar nuevas vulneraciones.

Finalmente, insistió en que la historia de la dictadura debe enseñarse en escuelas y colegios para que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido. También recordó las medidas de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, entre ellas las relacionadas con el operativo Pascua Dolorosa, ocurrido en Santa Rosa, Misiones.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso asueto judicial para este viernes 13 de noviembre en San Estanislao, departamento de San Pedro, en coincidencia con el 277.º aniversario de fundación de la ciudad.

La medida fue aprobada durante la sesión plenaria del miércoles 11 de noviembre. Asimismo, el máximo tribunal resolvió que los plazos procesales que debían vencer ese viernes sean trasladados al lunes 16 de noviembre.

La decisión se enmarca en las atribuciones de la Corte Suprema para adoptar disposiciones que contribuyan a la organización y el funcionamiento eficiente de la administración de justicia.

San Estanislao de Kostka, conocida popularmente como Santaní, fue fundada el 13 de noviembre de 1749 por el sacerdote jesuita Sebastián de Yegros. Según cuentan, su establecimiento formó parte del proceso de expansión de las misiones jesuíticas en el territorio paraguayo.

En sus orígenes, la localidad fue una reducción habitada por familias indígenas de la parcialidad Ava Guaraní. Su nombre rinde homenaje a San Estanislao de Kostka, religioso polaco de la Compañía de Jesús. La denominación Santaní surgió como una forma abreviada y popular de llamar a San Estanislao.

Uno de los episodios más llamativos de su historia ocurrió durante la Guerra contra la Triple Alianza. En 1869, San Estanislao tuvo un papel estratégico, ya que el mariscal Francisco Solano López estableció allí su cuartel general durante una etapa de la contienda. El antiguo edificio que habría funcionado como colegio jesuita y posteriormente como cuartel se conserva como espacio histórico y museo, donde se resguardan recuerdos de aquella época.

Ubicada a unos 150 kilómetros de Asunción y a orillas del arroyo Tapiracuái, Santaní es uno de los principales centros urbanos y comerciales de San Pedro. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, el distrito cuenta con 46.405 habitantes, lo que lo convierte en el más poblado del departamento.

Su economía se sostiene principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio. Entre los rubros productivos de la zona se encuentran la yerba mate, el sésamo, la mandioca y el maíz, además de la actividad pecuaria. También se destaca la tradicional Feria de la Agricultura Familiar Campesina, que constituye un espacio de comercialización para pequeños productores y una expresión de la identidad económica y cultural de la ciudad.

Desde la Corte Suprema de Justicia recordaron este martes que la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres requiere acciones concretas para garantizar sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y asegurar que puedan acceder a una justicia efectiva y libre de prejuicios. En ese contexto, el Poder Judicial impulsa diferentes políticas institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Las iniciativas se desarrollan a través del proyecto “Mujeres en la Justicia”, coordinado por la Secretaría de Género de la máxima instancia judicial, que trabaja en el fortalecimiento de mecanismos para cumplir con los compromisos asumidos por Paraguay en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres.

Según explicaron, estas acciones también se enmarcan en los lineamientos de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que establecen obligaciones para los Estados en la prevención y el combate de la violencia de género.

Uno de los principales componentes del programa apunta a la formación de magistrados, funcionarios y funcionarias judiciales para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia. El objetivo es que los operadores puedan reconocer situaciones de desigualdad y evitar que los estereotipos condicionen las resoluciones judiciales.

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También se realizaron jornadas de capacitación sobre comunicación con perspectiva de género, con énfasis en el uso de un lenguaje institucional inclusivo, respetuoso y libre de expresiones discriminatorias, especialmente al abordar situaciones que afectan a las víctimas.

Como parte de la estrategia para acercar los servicios judiciales a las mujeres, fueron habilitadas Unidades de Género en las circunscripciones judiciales de:

• Central
• Paraguarí
• Alto Paraná
• Itapúa.

Estas dependencias buscan acompañar a juzgados y tribunales en la aplicación de criterios de igualdad en sus actuaciones, además de ampliar la cobertura territorial de la Secretaría de Género y contribuir a que las mujeres reciban respuestas oportunas y respetuosas de sus derechos.

El fortalecimiento de la igualdad también contempla cambios en la propia estructura institucional. Para ello, se elaboraron instrumentos técnicos que permiten evaluar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y detectar posibles desigualdades en la distribución de responsabilidades y cargos.

Entre los materiales desarrollados figuran un sistema de indicadores de liderazgo y paridad, acompañado de una guía para su aplicación, y un diagnóstico sobre la distribución de cargos dentro del Poder Judicial.

Asimismo, se evaluó y actualizó el Plan Institucional de Transversalidad de Género y se avanzó en la elaboración participativa de un Plan de Igualdad, con intervención de las distintas circunscripciones judiciales.

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