Este jueves 24 de setiembre, Caraguatay conmemora su 256° aniversario fundacional, una fecha que motivó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a declarar asueto judicial en el distrito, correspondiente a la Circunscripción Judicial de Cordillera.

La medida fue adoptada durante la sesión plenaria de este miércoles 23 de setiembre. En consecuencia, los plazos procesales que debían vencer este jueves pasarán a fenecer el viernes 25 de setiembre. La disposición alcanza a las actividades judiciales de la localidad con motivo de la celebración del aniversario de la ciudad.

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Caraguatay fue fundada el 24 de setiembre de 1770, a orillas del río Yhaguy, durante el gobierno de Carlos Morphy. La fundación estuvo a cargo de los hermanos españoles Fermín José María y Deogracio Franco. El nombre de la ciudad hace referencia a la planta caraguatá y al término guaraní “y”, que significa agua.

Su historia está estrechamente vinculada a uno de los sitios históricos más importantes de la Guerra de la Triple Alianza. A pocos kilómetros del centro se encuentra el Parque Nacional Vapor Cué, donde se conservan restos de buques de la Armada paraguaya que fueron incendiados y abandonados en 1869 por orden del mariscal Francisco Solano López, con el objetivo de evitar que cayeran en manos de las fuerzas brasileñas.

Vapor Cué funciona actualmente como un museo al aire libre y constituye uno de los principales atractivos históricos de la zona, al conservar vestigios de la flota paraguaya que participó en la Guerra contra la Triple Alianza.

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La actividad económica de Caraguatay mantiene un fuerte vínculo con el campo. La agricultura y la ganadería figuran entre las principales actividades productivas de sus habitantes, mientras que su patrimonio histórico y sus paisajes también le otorgan potencial turístico.

La ciudad se encuentra a unos 91 kilómetros de Asunción y forma parte del departamento de Cordillera. De acuerdo con datos disponibles del municipio, actualmente cuenta con alrededor de 11.500 habitantes.

Los trámites judiciales que involucran al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comienzan a transitar por una vía más rápida y digital. Desde este lunes 21 de setiembre, la institución incorporó el Oficio Judicial Electrónico, una herramienta que permitirá agilizar el intercambio de documentos e información con el Poder Judicial.

La implementación apunta a reducir los tiempos que demanda la gestión de los oficios judiciales, que tradicionalmente requieren la circulación de documentos físicos entre instituciones. Con el nuevo mecanismo, esas comunicaciones podrán gestionarse de manera electrónica, facilitando su recepción, procesamiento y seguimiento.

Pero, ¿qué es un oficio judicial? Se trata de una comunicación oficial mediante la cual un juzgado o tribunal solicita información, documentación o alguna actuación a una institución pública o privada dentro de un proceso judicial. Hasta ahora, buena parte de estas diligencias se realizaba mediante documentos en papel, con los consiguientes tiempos de traslado y procesamiento.

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La versión electrónica permite que ese intercambio se realice por medios digitales, con mayor rapidez y trazabilidad. Además de ahorrar tiempo, la herramienta contribuye a disminuir progresivamente el uso de papel y facilita el control de cada gestión, lo que puede favorecer una administración pública más eficiente y transparente.

La incorporación del sistema en el MOPC forma parte del proceso de Gobierno Electrónico y de la expansión de los servicios digitales promovida por la Corte Suprema de Justicia. La intención es que más instituciones puedan integrarse progresivamente a este mecanismo y que los trámites que requieren coordinación entre organismos dejen de depender de procedimientos exclusivamente físicos.

Finalmente, desde la Corte informaron que como parte de la puesta en marcha, recibió capacitación el abogado Andrés Cabrera Navarro, jefe interino del Departamento de Procuraduría Judicial de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC.

La capacitación estuvo a cargo de Mónica González Ontañón y José Martínez Vitale, de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) del Poder Judicial.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de dos años de cárcel contra el farandulero Carlos Viveros, por haber estafado al empresario Óscar Amarilla, propietario de la firma OMAM SA, en la venta de un vehículo Ford Mustang negro, año 2015.

Con esta resolución de la máxima instancia judicial, se ratifican las decisiones adoptadas por un tribunal de sentencia que, en octubre de 2025, halló culpable a Viveros por el delito de estafa, y la de un tribunal de apelación que, en abril de 2026, confirmó la pena. Los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del condenado, por lo que la sentencia queda firme.

Asimismo, con la resolución adoptada por la máxima instancia judicial, el condenado Carlos Viveros deberá resarcir —en un plazo de 36 meses— el perjuicio económico sufrido por la víctima, Óscar Amarilla, el cual asciende a aproximadamente G. 330 millones.

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Los ministros de la Sala Penal consideraron que el escrito presentado por la defensa del condenado no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley para considerarlo debidamente fundamentado. Por lo tanto, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto y, por ende, confirmar la sentencia condenatoria para Viveros Cabral.

En su momento, los integrantes del tribunal de apelación —integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas— confirmaron la condena de dos años de cárcel contra Carlos Viveros. Los camaristas señalaron que “resultaron sumamente relevantes las declaraciones de Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien describió la forma en que acontecieron los hechos”.

Este testimonio se corroboró con las declaraciones de Horacio Cohelo De Souza, quien conocía la operación de compra del Mustang, y de Emanuel Martínez, comprador del vehículo Mercedes-Benz entregado como parte de pago. Asimismo, los jueces de segunda instancia mencionaron que durante el juicio oral se presentaron pruebas documentales clave, tales como el contrato de compraventa donde se establecieron los términos del acuerdo y otros documentos que acreditan la responsabilidad del hoy condenado.

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La carpeta fiscal refiere que Viveros vendió un Ford Mustang a la empresa de Óscar Amarilla, quien entregó dinero en efectivo y un Mercedes-Benz como parte de pago. Sin embargo, el Mustang contaba con una orden de embargo previa, lo que derivó en el secuestro del automóvil y dejó al comprador sin el bien y sin el dinero invertido.

En sintonía con la llegada de la primavera, desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes que se desarrolló un encuentro socioeducativo dirigido a adolescentes sujetos a medidas provisorias que se encuentran en libertad y cuyos procesos radican en juzgados penales de la Adolescencia de Asunción.

La jornada combinó orientación y capacitación práctica en peluquería y barbería, con la intención de brindar a los jóvenes herramientas que puedan convertirse en una alternativa de formación y acceso al trabajo.

La actividad se realizó en el marco del programa terapéutico de reeducación y Justicia Restaurativa, y también sirvió para conmemorar el Día de la Juventud bajo el lema “Jóvenes con propósito, futuros con oportunidad”.

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El encuentro fue impulsado por los juzgados penales de la Adolescencia del Primer y Segundo Turno de la Capital, con el apoyo de la Fundación Más Vida y del equipo técnico especializado de la Justicia Penal Adolescente.

La primera etapa estuvo enfocada en el acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales. Posteriormente, los participantes tuvieron una capacitación práctica en técnicas de peluquería y barbería, dirigida por instructores de la Fundación Más Vida.

Según explicó la jueza Liz Paola Mongelós, participaron 20 de los 26 adolescentes convocados, provenientes de distintos sectores de Asunción, entre ellos:

• Chacarita
• Bañados Sur
• Sajonia
• Santísima Trinidad
• Puerto Botánico
• San Francisco
• zonas cercanas al refugio
• y Tacumbú.

La magistrada señaló que varios de los adolescentes manifestaron interés por aprender estos oficios debido a las posibilidades laborales que pueden ofrecer. La iniciativa se suma a otras experiencias de capacitación, como un taller anterior de panadería, orientado también a generar herramientas para la reinserción social.

La actividad contó además con la participación de estudiantes de Derecho de la Universidad Privada del Este y funcionarios de los juzgados involucrados.

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