El Tribunal de Sentencia definirá este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado. La jornada judicial inicia a las 9:30 con los alegatos finales de la abogada defensora, Alba Zaracho; una vez concluida esta etapa, y de no presentarse réplicas fiscales, los jueces ingresarán a un cuarto intermedio para deliberar y emitir su fallo.
Durante la fase final de alegatos, la representación del Ministerio Público sostuvo que el cúmulo probatorio exhibido en el juicio oral demostró de forma contundente la irregularidad del documento. Según los investigadores, los antecedentes académicos consignados en el certificado de estudios y la titulación de Rivas no corresponden a ninguna trayectoria universitaria real ni verificable dentro del sistema de educación superior.
En consecuencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez argumentaron que los ilícitos imputados quedaron plenamente acreditados a lo largo del debate procesal. Por ello, la representación fiscal solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exlegislador, por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La decisión final sobre el futuro judicial del exsenador estará en manos del colegiado integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en la presidencia, junto a los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El tribunal deberá valorar las pruebas rendidas para determinar la existencia del delito y expedirse mediante una sentencia condenatoria o la absolución del acusado.
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Maradona sufrió muerte súbita y no se puede descartar covid-19, dice testigo en juicio
La muerte de Diego Maradona fue algo “súbito” y “fulminante”, dijo este martes un perito oficial convocado por la defensa, lo que contradice la teoría de la acusación en el juicio por el deceso del astro argentino del fútbol en 2020.
Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del astro en una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones son cuestionadas.
La acusación sostiene que los imputados ignoraron los síntomas de una supuesta agonía de hasta 12 horas durante la internación domiciliaria de Maradona, que había sido sometida a una neurocirugía. El ‘Diez’ murió mientras convalecía a causa de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Pero el perito oficial Pablo Ferrari, que realizó un análisis en 2024 de la muerte de Maradona, discrepó con la acusación y dijo que incluso podría deberse al virus del covid-19.
“El período agónico fue de pocos minutos a escasas horas, (...) cortito, no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía, fue súbito”, dijo el médico legista en el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.
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Ferrari, que cierra la lista de testigos del juicio, señaló que el edema pulmonar ahogó a Maradona, por lo cual el exfutbolista debería haber tenido signos de “lucha”.
“El paciente que se ahoga se desespera, acá no había ninguna lesión de lucha, tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía”, dijo. “Fue una muerte fulminante”, añadió.
El experto también mencionó que no se puede “descartar que haya muerto de Covid-19” y tildó de “error metodológico no haberle hecho” un hisopado para evaluar la presencia de la enfermedad.
El ídolo argentino murió el 25 de noviembre de 2020, año en que explotó la pandemia de coronavirus.
Ferrari también contradijo a la junta médica que analizó la muerte de Maradona en cuyo informe sostiene que el desenlace fatal tuvo como ingredientes problemas hepáticos, renales y cardíacos.
Dentro de los estudios de laboratorio que analizaron, el perito no encontró “indicadores de disfunción renal” ni “la observación más mínima de un problema cardíaco”.
Sí encontró deterioros en indicadores hepáticos entre 2018 y 2020 aunque “dentro de un margen de tolerancia de no abordaje de emergencia médica”.
Con esta declaración concluyó la etapa testimonial del extenso debate oral iniciado en abril. El próximo 8 de octubre comenzarán los alegatos finales de las 13 partes involucradas y se espera un veredicto en noviembre.
- Fuente: AFP
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Etapa final del juicio contra el exministro Arnaldo Giuzzio
Este martes se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, durante la administración de Arnaldo Giuzzio, en el marco del juicio oral y público por cohecho pasivo agravado. El exfuncionario aportó con su declaración varias circunstancias que hacen ratificar la tesis de la acusación del Ministerio Público, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, desde judiciales.
La fiscal Verónica Valdéz detalló que “el exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”, tras el receso diario correspondiente.
El caso contra el exministro es sobre supuestamente haber recibido favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, ya que el mismo tenía la intención de licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
“Confirmó que fue trasladado ese vehículo hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el vehículo, perteneciente a la Senabico y utilizado por el Ministerio del Interior en ese entonces; fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
El juicio continuará el próximo martes 29 de setiembre a las 8:00 con la comparecencia de más testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa. “Faltan aproximadamente cinco testigos del Ministerio Público, también hay testigos de la defensa que tienen que declarar, algunas documentales también que están pendientes de la defensa”, detalló la fiscal. Igualmente, está pendiente la producción de la extracción de datos del teléfono de Marcus Vinicius, “que ya se contaba con anterioridad, pero está pendiente la producción”.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.