La operación Nueva Alianza 57 se realiza entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú.

Las intervenciones rea­lizadas en los departa­mentos de Canindeyú y Caaguazú en el marco de la operación Nueva Alianza 57 permitieron desmantelar 44 campamentos y anular más de 671 toneladas de mari­huana, con un perjuicio esti­mado de USD 100.687.500 para las organizaciones cri­minales vinculadas al narco­tráfico.

La Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) informó ayer que la operación finalizó des­pués de 12 días de incursiones en zonas boscosas de ambos departamentos. En las inter­venciones fueron eliminadas 222 hectáreas de cultivos de marihuana, con un potencial estimado de 666.000 kilo­gramos de la droga, además de 5.250 kilogramos de mari­huana ya lista, totalizando 671.250 kilogramos anulados.

La operación desarrollada mediante incursiones aéreas y terrestres contó con la par­ticipación de miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevaron a cabo las tareas con apoyo de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, per­sonal del Comando de Ope­raciones de Defensa Interna (CODI ) y de la Fiscalía.

El informe de la institución indica que “las acciones se concentraron en zonas de especial valor ambiental, afectando cultivos instalados dentro de la Reserva Natu­ral del Bosque Mbaracayú, Reserva Natural Morombí, Reserva Natural Caaguazú y la estancia Pindó”. Estos procedimientos permitieron desmantelar 44 campamen­tos utilizados por estructu­ras dedicadas al narcotráfico.

Señala que la operación volvió a evidenciar cómo las estruc­turas criminales utilizan áreas naturales protegidas para ins­talar cultivos ilícitos, provo­cando deforestación, degrada­ción y destrucción de bosques. “El avance contra estos culti­vos representa, por tanto, un doble golpe: reduce la capaci­dad productiva y financiera del narcotráfico y protege áreas de alto valor ambiental”, destaca.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.

El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.

Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.

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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.

En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.

Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.

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La firma Ypytã Inmobiliaria Ganadera comunicó a la Superintendencia General de Justicia, dependiente de la Corte Suprema, decenas de presuntas irregularidades avaladas por la escribana Justina Esteche y firmadas por el magistrado Édgar Rivas al momento de protocolizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero. Dicho inmueble pertenece a la firma Ypytã, la cual fue rehabilitada legalmente.

En la denuncia ante el órgano de la máxima instancia judicial se mencionan numerosas inconsistencias en el contenido del título de propiedad firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche. En el documento se hicieron constar decisiones judiciales que no existen en el expediente judicial, una situación considerada de extrema gravedad. Del mismo modo, se puso en conocimiento de los ministros de la Corte estas arbitrariedades, señalando que la actuación de la escribana y del juez Rivas podría generar una profunda inseguridad jurídica en el país.

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Son cerca de una decena las presuntas irregularidades cometidas por la escribana Esteche y convalidadas por el magistrado Rivas. De acuerdo con lo detectado, en el expediente judicial caratulado “Ypytã Inmobiliaria Ganadera sobre convocatoria” no consta resolución alguna que faculte al juez Rivas a ordenar el levantamiento de los embargos trabados en este caso, ya que esta disposición no se dio a través de una subasta.

Estas notorias inconsistencias ni siquiera fueron advertidas por los funcionarios del Registro Unificado Nacional (RUN) al momento de la inscripción. Esto hace presumir que el personal del RUN podría ser cómplice del hecho al permitir el registro de un título que cuenta con varios datos inexistentes en el expediente de la causa.

Otro punto que llamó la atención es que la notaria Esteche hizo consignar una providencia con fecha del 15 de diciembre de 2014, documento que no figura en el expediente civil en cuestión. Asimismo, se mencionó al exjuez Hugo Becker y a la actuaria Gina Gallupi, quienes, de acuerdo con los registros, nunca participaron en este juicio.

Del mismo modo, la escribana omitió el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 1321, de fecha 22 de diciembre de 2023, el cual se encuentra firme. Mediante esta resolución, el juzgado interviniente resolvió rehabilitar a la firma fallida “Ypytã S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial”. Dicho documento dejó sin efecto las restricciones decretadas en su momento —cuando se declaró la quiebra—, lo que significa que la empresa se encuentra plenamente habilitada.

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El juez Édgar Rivas no tenía facultad para levantar embargos trabados en el juicio por lo que sería irregular su actuación.

Suman más inconsis­tencias e irregulari­dades en el título de transferencia de una valiosa propiedad elaborado por la escribana Justina Esteche y firmado, de forma llama­tiva, por el criticado juez en lo civil y comercial de Asun­ción Édgar Rivas, en el jui­cio civil caratulado “Ypyta Inmobiliaria, Agroganadera y Comercial sobre convoca­toria de acreedores”.

Son unas decenas las presun­tas irregularidades avaladas por la escribana Esteche y firmadas por el magistrado Rivas al momento de proto­colizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero, perteneciente a la firma Ypyta, la cual fue rehabili­tada legalmente. De acuerdo con lo detectado, en el expe­diente judicial mencionado no consta resolución alguna que faculte al juez Rivas a ordenar el levantamiento de los embargos trabados en este caso, ya que esta dispo­sición no se dio a través de una subasta.

Las inconsistencias tan notorias ni siquiera fueron advertidas por los funciona­rios del Registro Unificado Nacional (RUN) al momento de la inscripción. Esto hace presumir que el personal del RUN podría ser cómplice del hecho al permitir el registro de un título que cuenta con varios datos inexistentes en el expediente judicial.

Otro punto que llamó la atención es que la nota­ria Esteche hizo consignar una providencia con fecha del 15 de diciembre de 2014, documento que no figura en el expediente civil en cues­tión. Asimismo, se mencionó al exjuez Hugo Becker y a la actuaria Gina Gallupi, quie­nes, de acuerdo con los datos, no participaron en este jui­cio.

Del mismo modo, la escri­bana omitió el A.I. N.º 1321 de fecha 22 de diciembre de 2023, firme a la fecha, mediante el cual el juz­gado interviniente resol­vió rehabilitar a la firma fallida “Ypyta S.A. Inmobi­liaria, Ganadera y Comer­cial”. Dicho documento dejó sin efecto las restricciones decretadas en su momento –cuando se declaró la quie­bra–, lo que significa que la empresa está habilitada.

Igualmente, un grave hecho que habría cometido la escri­bana Justina Esteche, vía Escritura Pública N.º 2 de fecha 31 de marzo de 2026, fue consignar que compare­ció ante ella el juez de Pri­mera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Cuarto Turno de la capital, cuando debió ser del Sép­timo Turno. La notaria no expone los motivos por los cuales consigna dicho turno y no el que le corresponde legalmente al magistrado. Este hecho es de tal grave­dad que inclusive podría anular la titulación.