El juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas se reanuda este lunes 21 de septiembre, a las 8:30, para dar inicio a la fase decisiva del proceso. Los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentarán sus alegatos finales en la causa impulsada contra el exparlamentario por la presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La investigación judicial se remonta a la presentación irregular de documentos académicos para certificar supuestos estudios universitarios realizados entre 2010 y 2015. La acusación sostiene que Rivas valió de un certificado de estudios y de un título de abogado de la Universidad Sudamericana para tramitar su registro profesional ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Con dicho título, el exlegislador logró acceder como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano constitucional encargado de juzgar el desempeño de jueces y fiscales en Paraguay, e instancia que el propio Rivas llegó a presidir antes de ser denunciado e investigado.
Durante el desarrollo del debate oral, los agentes fiscales afirmaron haber acreditado fehacientemente los hechos atribuidos al imputado. El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, notificó a las partes que emitirá su juzgamiento final este jueves 24 de septiembre.
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Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
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Hernán Rivas condenado: ¿y ahora?
- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
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Tribunal define este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas
El Tribunal de Sentencia definirá este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado. La jornada judicial inicia a las 9:30 con los alegatos finales de la abogada defensora, Alba Zaracho; una vez concluida esta etapa, y de no presentarse réplicas fiscales, los jueces ingresarán a un cuarto intermedio para deliberar y emitir su fallo.
Durante la fase final de alegatos, la representación del Ministerio Público sostuvo que el cúmulo probatorio exhibido en el juicio oral demostró de forma contundente la irregularidad del documento. Según los investigadores, los antecedentes académicos consignados en el certificado de estudios y la titulación de Rivas no corresponden a ninguna trayectoria universitaria real ni verificable dentro del sistema de educación superior.
En consecuencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez argumentaron que los ilícitos imputados quedaron plenamente acreditados a lo largo del debate procesal. Por ello, la representación fiscal solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exlegislador, por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La decisión final sobre el futuro judicial del exsenador estará en manos del colegiado integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en la presidencia, junto a los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El tribunal deberá valorar las pruebas rendidas para determinar la existencia del delito y expedirse mediante una sentencia condenatoria o la absolución del acusado.