La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de dos años de cárcel contra el farandulero Carlos Viveros, por haber estafado al empresario Óscar Amarilla, propietario de la firma OMAM SA, en la venta de un vehículo Ford Mustang negro, año 2015.

Con esta resolución de la máxima instancia judicial, se ratifican las decisiones adoptadas por un tribunal de sentencia que, en octubre de 2025, halló culpable a Viveros por el delito de estafa, y la de un tribunal de apelación que, en abril de 2026, confirmó la pena. Los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del condenado, por lo que la sentencia queda firme.

Asimismo, con la resolución adoptada por la máxima instancia judicial, el condenado Carlos Viveros deberá resarcir —en un plazo de 36 meses— el perjuicio económico sufrido por la víctima, Óscar Amarilla, el cual asciende a aproximadamente G. 330 millones.

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Los ministros de la Sala Penal consideraron que el escrito presentado por la defensa del condenado no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley para considerarlo debidamente fundamentado. Por lo tanto, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto y, por ende, confirmar la sentencia condenatoria para Viveros Cabral.

En su momento, los integrantes del tribunal de apelación —integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas— confirmaron la condena de dos años de cárcel contra Carlos Viveros. Los camaristas señalaron que “resultaron sumamente relevantes las declaraciones de Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien describió la forma en que acontecieron los hechos”.

Este testimonio se corroboró con las declaraciones de Horacio Cohelo De Souza, quien conocía la operación de compra del Mustang, y de Emanuel Martínez, comprador del vehículo Mercedes-Benz entregado como parte de pago. Asimismo, los jueces de segunda instancia mencionaron que durante el juicio oral se presentaron pruebas documentales clave, tales como el contrato de compraventa donde se establecieron los términos del acuerdo y otros documentos que acreditan la responsabilidad del hoy condenado.

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La carpeta fiscal refiere que Viveros vendió un Ford Mustang a la empresa de Óscar Amarilla, quien entregó dinero en efectivo y un Mercedes-Benz como parte de pago. Sin embargo, el Mustang contaba con una orden de embargo previa, lo que derivó en el secuestro del automóvil y dejó al comprador sin el bien y sin el dinero invertido.

El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.

Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.

Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.

La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.

En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.

“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.

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El juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas se reanuda este lunes 21 de septiembre, a las 8:30, para dar inicio a la fase decisiva del proceso. Los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentarán sus alegatos finales en la causa impulsada contra el exparlamentario por la presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

La investigación judicial se remonta a la presentación irregular de documentos académicos para certificar supuestos estudios universitarios realizados entre 2010 y 2015. La acusación sostiene que Rivas valió de un certificado de estudios y de un título de abogado de la Universidad Sudamericana para tramitar su registro profesional ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Con dicho título, el exlegislador logró acceder como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano constitucional encargado de juzgar el desempeño de jueces y fiscales en Paraguay, e instancia que el propio Rivas llegó a presidir antes de ser denunciado e investigado.

Durante el desarrollo del debate oral, los agentes fiscales afirmaron haber acreditado fehacientemente los hechos atribuidos al imputado. El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, notificó a las partes que emitirá su juzgamiento final este jueves 24 de septiembre.

La candidata a intendenta municipal de Capiatá por la Lista 1 de la Asociación Nacional República (ANR), Laura Gamarra, anunció que su equipo político no presentará objeciones y acompañará las gestiones para que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por la Lista 2, pueda contar con representantes en las mesas de votación durante las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.

Mediante una conferencia de prensa que brindó este domingo desde su residencia, ubicada en el barrio Santo Domingo de Capiatá, Gamarra explicó que el PLRA no habría presentado dentro del plazo establecido la nómina de sus funcionarios de mesa y apoderados ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), situación que lamentó y calificó como una sorpresa.

De hecho, de los 19 distritos del departamento Central, el PLRA no presentó su nómina para la integración de mesas en siete municipios. Además de Capiatá, están en la misma situación Areguá, Guarambaré, Itá, Itauguá, Luque y San Antonio. Plazo que feneció el pasado lunes 14 de septiembre, conforme al acta de audiencia del Juzgado Electoral de Central. Desde el PLRA señalaron, el pasado viernes, que la situación se está subsanando.

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No obstante, la candidata colorada Laura Gamarra, acompañada del apoderado general Julio Ledesma, sostuvo que, por encima de los intereses partidarios, debe prevalecer la participación de los distintos sectores políticos y la voluntad ciudadana.

“Fue una sorpresa muy grande que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no presentó en tiempo estas nóminas de funcionarios de mesa como así también para apoderado y no han participado del sorteo correspondiente. De todo corazón lo digo, lamento muchísimo esa desidia y ese desinterés que han demostrado en esa circunstancia para todos demasiado importante”, comentó.

Gamarra aclaró que se puso en contacto con los apoderados nacionales del Partido Colorado, como también con los diferentes candidatos a concejales de la Lista 1, y aseguró que harán todo lo que sea necesario para acompañar las correspondientes gestiones ante la Justicia Electoral, para facilitar la representación liberal en las mesas electorales de Capiatá.

“Por encima de cualquier interés partidario, para nosotros está nuestra querida ciudad de Capiatá. Como candidata de la Lista 1 y el equipo político el Partido Colorado, en la ciudad no pondremos ninguna objeción con respecto a esa situación para que se pueda encontrar y subsanar esa situación. Teniendo en cuenta que la democracia, la voluntad del pueblo tiene que prevalecer siempre. Hemos tomado esta decisión incluso de acompañar la solicitud y las gestiones que en estos momentos están realizando el PLRA para que puedan contar con la representación de su partido en cada mesa de votación” enfatizó.

La ciudad de Capiatá cuenta para este año con más de 150.000 electores, distribuidos en 26 locales de votación y más de 450 mesas electorales, según los datos mencionados durante la conferencia de prensa que fue transmitido por las redes sociales de Capiatá Press PY. Gamarra afirmó que la Lista 1 ya tiene organizado y capacitado a su equipo electoral para la jornada.

Por su parte, el apoderado general de la Lista 1 en Capiatá, Julio Ledesma, manifestó que acompañarán el proceso y sostuvo que la presencia de los distintos sectores políticos contribuirá a unas elecciones transparentes. Durante la conferencia se informó que Cruzada Nacional presentó en tiempo y forma su nómina de funcionarios de mesa y que su representación será definida conforme al procedimiento electoral correspondiente.

“Realmente existe un proceso todavía legal y existen instancias, en el cual el PLRA está apelando, en el cual nosotros vamos directamente allanarnos a lo que ellos están solicitando por el lado de la ciudad de Capiatá, entonces se va a facilitar mucho más rápido de que esa resolución sea favorable para el pueblo capiateño, para que todos estén representados en unas elecciones transparentes y que todos los partidos que hoy pugnan con una candidatura tengan su representación en todas las mesas”, acotó Ledesma.

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