La Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presentó un informe estadístico que detalla la cantidad de personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS), como también los documentos expedidos hasta el 31 de agosto de 2026.
Actualmente, existen 2.490 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), de las cuales 43 son mujeres y 2.447 varones. Fueron expedidos 540.452 certificados hasta agosto. Asimismo, fueron excluidas del registro de enero a agosto de 2026, 11 personas.
Agresores sexuales
Con relación al Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS) se cuenta con 1.536 registrados. De los cuales 29 son mujeres y 1.507 varones. En el periodo comprendido de enero a agosto se emitieron 140.676 informes.
Ambos trámites son gratuitos y pueden ser realizados ingresando al sitio web institucional del Poder Judicial, Redam-RAS, disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Para acceder solo se requieren los datos de la Cédula de Identidad paraguaya.
En caso de tratarse de un usuario extranjero, con números de cédula a partir de 7 millones y número de cédula alfanumérico, el mismo debe acudir a las oficinas de Antecedentes Judiciales, ubicadas en todas las sedes judiciales del país.
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El Consejo de la Magistratura debe enviar la terna a la Corte del cuestionado juez Édgar Rivas
El pasado 22 de septiembre, el Consejo de la Magistratura dio a conocer la conformación de varias ternas para diferentes cargos de la magistratura. Entre ellas se encuentra la del Juzgado del Séptimo Turno de la Capital, cuyo titular es el magistrado Édgar Rivas Laguardia, sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el expediente caratulado “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”. Sin embargo, hasta la fecha, llama la atención que dicho órgano aún no ha remitido la terna a la Corte Suprema de Justicia para su estudio.
Ya transcurrieron más de 40 días y el Consejo de la Magistratura todavía no envió la terna a la máxima instancia judicial. Una vez recepcionada, la Corte tendrá un plazo de 30 días para estudiar los antecedentes de cada uno de los integrantes y definir si aparta al criticado magistrado para designar a otro postulante en su lugar. Además de Rivas Laguardia, conforman la terna para el cargo de juez civil de la Capital Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González, estos dos últimos son funcionarios judiciales que ocupan cargos importantes en el Palacio de Justicia, un factor que los ministros podrían tener en cuenta.
Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) también debe analizar si inicia un enjuiciamiento de oficio ante las irregularidades presuntamente cometidas por el juez Rivas en el citado expediente. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley, una situación por la cual, meses atrás, la propia Corte Suprema le privó de la posibilidad de ascender como camarista del fuero civil.
Uno de los tantos hechos irregulares que habría cometido el juez Rivas fue la firma de un título de propiedad de la firma Ypytá a favor de una tercera persona, a pesar de que aún no correspondía legalmente hacerlo. El pasado 21 de agosto de 2026 venció el plazo legal para que los miembros del JEM estudiaran el enjuiciamiento del cuestionado juez, pero hasta el momento el órgano extrapoder tampoco ha incluido el caso en su orden del día.
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Corte Suprema y Defensa Pública acuerdan instalar oficina de atención en la Plaza de la Justicia
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) suscribieron este lunes un acuerdo interinstitucional para habilitar un punto de atención en la Plaza de la Justicia de Asunción, con el propósito de facilitar el acceso a los defensores públicos a las personas que acuden al Palacio de Justicia.
El documento fue firmado por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, y el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González. Participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y César Diesel.
Mediante este convenio, la Corte Suprema de Justicia concede un espacio físico al Ministerio de la Defensa Pública para la instalación de una oficina destinada a brindar asistencia y orientación jurídica, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el defensor general destacó que la iniciativa permitirá acercar los servicios de la Defensa Pública a quienes concurren a la sede judicial, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el contacto directo con los profesionales de la institución.
“Vamos a tratar de estar un poco más cerca, brindar asistencia y orientación. Eso va a significar que la gente no pierda su tiempo buscando a qué oficina o dependencia tiene que ir para tramitar sus casos”, expresó.
Asimismo, explicó que la ubicación del futuro punto de atención responde a la necesidad de ofrecer un servicio más accesible a las personas que requieren acompañamiento y orientación jurídica durante sus gestiones judiciales. Con esta iniciativa, ambas instituciones avanzan en la cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia, mediante la futura puesta en funcionamiento de un espacio que permitirá a la ciudadanía contar con atención de la Defensa Pública en el entorno inmediato del Palacio de Justicia.
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Patrimonio digital
Por: Adelaida Alcaraz
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.