La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la condena de 28 años de cárcel para Óscar Ariel Caballero Sahlmann, condenado por la muerte del exfiscal y exviceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, ocurrido en noviembre del 2023 en San Lorenzo, departamento Central. Caballero fue sentenciado en abril del 2025 por homicidio doloso y hurto especialmente grave.

Con el voto en mayoría de los ministros Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial no admitió el recurso de casación planteado por la defensa del condenado. Ambos altos magistrados señalaron que el escrito carece de fundamentación suficiente que habilite a la Sala Penal para estudiar la procedencia del recurso interpuesto.

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Asimismo, señalan que “los impugnantes se limitan a formular afirmaciones de carácter genérico, sin individualizar cuáles son las pruebas que, a su criterio, fueron omitidas o incorrectamente apreciadas por el Tribunal, ni explicar de qué manera la supuesta errónea valoración probatoria habría incidido en el sentido del fallo. En consecuencia, la crítica recursiva carece del desarrollo argumentativo mínimo necesario para demostrar la existencia del vicio denunciado”, indica la resolución judicial de la Corte.

El tribunal de sentencia integrado por Gloria Garay, Leticia Frachi y Ana Carolina Silveira, condenó a 28 años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público. El fiscal del caso fue Julio Ortiz, quien pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado donde resulto víctima fatal el exrepresentante del Ministerio Público.

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La Cámara de Apelación ratificó la orden de captura contra el exjefe de Gabinete de la Gobernación de Central, Miguel Ángel Robles, para que sea detenido y puesto a disposición de la Justicia a fin de cumplir su condena de 10 años de prisión por el desvío de G. 5.105 millones de fondos covid-19, causa en la que también fue condenado el exgobernador Hugo Javier González.

Los camaristas declararon inoficiosa la apelación planteada por Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del condenado, y no analizaron sus cuestionamientos contra la resolución del juzgado de ejecución debido a que la legislación procesal no permite litigar en rebeldía.

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“Todo reclamo de la defensa será atendido una vez que el condenado se ponga a disposición de la Justicia y admita las reglas del procedimiento, que son de orden público y obligatorias para las partes”, señala parte de la resolución.

Además de ordenar su captura, el Juzgado de Ejecución había intimado a Robles a presentarse ante el juzgado o, en su defecto, en una comisaría o penitenciaría habilitada para dar cumplimiento a la condena. En caso de que continúe prófugo, el juez dispuso la ejecución de las millonarias fianzas establecidas sobre varios inmuebles, que en total ascienden a G. 6.004.733.736. Por este mismo caso, el exgobernador de Central, Hugo Javier González, ya se encuentra cumpliendo su condena privado de libertad.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, acusó a un hombre de 34 años por el abuso sexual de una menor de edad y el mismo fue condenado a 16 años de prisión tras el juicio oral que culminó ayer en el complejo edilicio judicial de Ciudad del Este.

La víctima es una hijastra del sentenciado y fue sometida a un sistemático abuso que se extendió durante dos años aproximadamente, según se expuso en el juicio.

La fiscal presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Lourdes Morínigo, Flavia Lorena Recalde y Evangelina Villalba. Tras el análisis de los elementos producidos durante el enjuiciamiento, el colegiado determinó la responsabilidad penal del acusado.

Los hechos juzgados se iniciaron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años, y se extendieron hasta 2023, en la vivienda familiar, ubicada en Minga Guazú. El hombre aprovechaba las ocasiones en que quedaba a solas con la niña para cometer los abusos sexuales, que consistían en manoseos de sus partes íntimas.

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El caso fue denunciado ante el Ministerio Público el 24 de marzo de 2025, a través del servicio telefónico 147 del Ministerio de la Niñez. Posteriormente, la fiscal Vivian Coronel dispuso que la víctima sea sometida a evaluaciones médica y psicológica.

El informe psicológico señala alteración emocional relacionada con los hechos denunciados, con perturbaciones en el sueño, insomnio, sentimiento de inseguridad, angustia y dificultad en la atención. Además, refiere indicadores de daños psicológicos relacionados con los hechos de abuso sexual.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía presentó acusación por abuso sexual en niños, y tras el juicio oral, el Tribunal de Sentencia resolvió dictar el fallo condenatorio de pena privativa de libertad.

La identidad del condenado no se divulga en protección de la víctima, teniendo en cuenta que la relación familiar, según indica el Código de la Niñez.

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Un Tribunal de Sentencia condenó a seis años de pena privativa de libertad al exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, tras hallarlo culpable de los hechos de coacción sexual y violación por los que fue acusado. La identidad del condenado se mantiene en reserva por las restricciones legales que rigen sobre el caso.

La decisión fue adoptada de manera unánime por los integrantes del Tribunal, según confirmó a La Nación/Nación Media el abogado querellante Ricardo Preda, quien representa a la parte querellante en el proceso.

Preda explicó que la responsabilidad del acusado ya había sido establecida durante una sesión anterior del juicio oral y que, en la jornada en la que se dio a conocer la decisión, el Tribunal resolvió exclusivamente la sanción aplicable.

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“Ya en la anterior sesión se había establecido la responsabilidad del acusado y hoy lo que se estableció fue la sanción aplicable, que fue una medida privativa de libertad de seis años”, señaló al cronista Aldo Insfrán.

La pena máxima que podía ser aplicada en este caso era de ocho años de cárcel.

Pese a la condena dictada, el exalumno continuará bajo las mismas medidas cautelares vigentes, entre ellas el arresto domiciliario, hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

El abogado querellante indicó además que los fundamentos y otros detalles de la sentencia podrán conocerse con la resolución, una vez que esta sea puesta a disposición conforme al proceso correspondiente.

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