En el juicio oral y público que se le sigue al exsenador Hernán Rivas, procesado por presuntamente poseer un título de abogado dudoso, declararon cuatro testigos, entre ellos dos ex funcionarias y actual asesor legal de la Universidad Sudamericana y un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Brindaron su testimonio ante el colegiado Nancy Barúa, exsecretaria general de la Universidad Sudamericana; Dora Cabañas, exdirectora académica de la citada casa de estudios; Hermann Weisensee, asesor jurídico y exvicerrector de la misma institución; y Ricardo Ortiz, funcionario del MEC.

La coordinadora académica del periodo 2016 a 2022, Dora Cabañas, afirmó que existían registros de Hernán Rivas en planillas de Excel con sus respectivas calificaciones. Explicó que los documentos físicos de todos los alumnos se encontraban archivados en biblioratos recibidos de la administración anterior. La testigo indicó que, cuando un estudiante solicitaba su certificado de estudios y su título, se verificaba su identidad en la base de datos y luego se contrastaba con los documentos físicos, como las planillas de notas.

Por su parte, Ricardo Ortiz, encargado del departamento del MEC que emitía los títulos en el año 2020, manifestó al colegiado que este trámite se podía gestionar con rapidez. Acotó que no se trataba de una excepción, siempre y cuando no existieran demasiados pedidos pendientes.

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Añadió que, debido a la pandemia, en esa época el movimiento era poco, lo que permitía agilizar la verificación de fondo y forma. Ortiz puntualizó que, con el sistema de la época, la solicitud de expedición, los dictámenes de verificación y la resolución se podía realizar en horas inclusive notificando de inmediato a la universidad mediante el sistema integrado del MEC. Asimismo, aclaró que si un título no reunía las condiciones normativas, se rechazaba directamente sin llegar a instancias de la dirección.

Finalmente, el exvicerrector y actual asesor jurídico de la Universidad Sudamericana, Hermann Weisensee, se refirió al certificado de estudios remitido en el que constaba que la tesis de Rivas trataba sobre la reelección presidencial y no sobre robo agravado.

Manifestó que dicha situación se debió a un error humano atribuible a la universidad, el cual fue rectificado una vez que se constató la equivocación. Además se ratificó en que el registro del título se pudo realizar porque reunía los requisitos formales exigibles según las fechas de finalización de las materias de la carrera y la presentación del trabajo final de tesis (2015-2016).

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Exgobernador de Central debe cumplir condena de 10 años de cárcel por lesión de confianza.

En la mañana de ayer se pre­sentó de manera voluntaria en el Departamento Judicial el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza.

El informe indica que el exjefe departamental se entregó en la oficina de guardia a las 6:45 “para ponerse a disposición de la justicia, siendo recibido por el personal de guardia que constató mediante Base de Datos de la Policía Nacional que efectivamente el mismo cuenta con orden de captura pendiente, por lo que se proce­dió a su detención, se labró acta de procedimiento y se realizó el procedimiento de rigor”.

Esto se dio tras la orden de cap­tura nacional dispuesta por el juez de Ejecución Carlos Men­doza. En ese marco también se estableció la captura de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de gabinete del exgober­nador. Durante el juicio oral que enfrentaron González y los demás procesados, se demos­tró que mediante el uso de fac­turas falsas y clonadas justi­ficaron obras fantasmas que provocaron un perjuicio patri­monial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central.

En la mañana de este martes se presentó de manera voluntaria en el Departamento Judicial el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza.

El informe indica que el exjefe departamental se entregó en la oficina de guardia a las 6:45 “para ponerse a disposición de la justicia, siendo recibido por el personal de guardia que constató mediante Base de Datos de la Policía Nacional que efectivamente el mismo cuenta con orden de captura pendiente, por lo que se procedió a su detención, se labró acta de procedimiento y realizó el procedimiento de rigor”.

La entrega del exgobernador se da tras la orden de captura nacional dispuesta por el juez de Ejecución Carlos Mendoza. En ese marco también se estableció la captura de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de gabinete del exgobernador del departamento Central.

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Una vez que sean detenidos, González y Robles Ibarra serán remitidos a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, a los efectos de ser trasladados a la penitenciaría que tenga el espacio y la infraestructura adecuada para albergarlos.

Durante el juicio oral que enfrentó González y los demás procesados en la causa, se demostró que mediante el uso de facturas falsas y clonadas, justificaron obras fantasmas que provocaron un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central. En la diligencia, el tribunal sentencia, integrado por las juezas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, encontró culpables a los acusados por el delito de lesión de confianza.

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El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, ordenó la captura nacional del exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, condenado a 10 años de cárcel, para que vuelva a ingresar a prisión y cumpla su sentencia, la cual ya está firme por disposición de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, se ordenó la captura de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de Gabinete del exgobernador.

De acuerdo con la resolución judicial, tanto Hugo Javier como Robles Ibarra deberán ser remitidos a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, a los efectos de ser trasladados a la penitenciaría que tenga el espacio e infraestructura adecuados para albergarlos. Allí pasarán a guardar reclusión, en libre comunicación y a disposición del juzgado de ejecución penal.

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En su momento, los integrantes de la Sala Penal de la Corte —integrada por los ministros Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, junto con la camarista Silvana Luraghi— ratificaron la sentencia condenatoria contra el exgobernador y los demás procesados.

Durante el juicio oral y público se probó que, mediante el uso de facturas falsas y clonadas, justificaron obras fantasmas que provocaron un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central. En dicho juicio, las juezas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez hallaron culpables a los acusados por el delito de lesión de confianza.

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