A las 08:45 de este viernes está previsto el inicio de la audiencia preliminar para varios acusados por los delitos de estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. El caso se enmarca en una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. Los acusados son William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados; la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
En esta diligencia se definirá si los tres afrontarán un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación, al argumentar que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una condena.
La convocatoria judicial se desarrollará ante el juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, quien ya no puede permitir que se siga dilatando el proceso penal.
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Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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Ypytá: JEM deberá analizar pedido de enjuiciamiento y suspensión contra el juez Édgar Rivas
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia, acusado de actuar de forma irregular en el expediente caratulado Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores.
La acusación fue presentada por la abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá. Asimismo, se solicita a los integrantes del JEM el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
Este jueves se debe realizar la sesión ordinaria del órgano juzgador de magistrados, en la que sus miembros ya están habilitados para estudiar las presuntas graves irregularidades cometidas por el juez Rivas.
Acusación
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. La primera, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Integrantes del JEM
Los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que conforman César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Definirán si es sacado de su cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
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Denuncian estafa en el CAH de Fram por G. 200 millones
Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa.
Un presunto esquema de estafas habría ocurrido en el distrito de Fram, en Itapúa. El escándalo pone al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en el ojo de la tormenta porque, aparentemente y según las denuncias, los funcionarios de allí habrían sacado préstamos a nombre de los clientes, falsificando firmas y manipulando cuentas bancarias, entre otros delitos. La cantidad de denuncias suman diez hasta el momento.
El CAH tiene 700 clientes en Fram, de los cuales unos 350 son pequeños y medianos productores. El distrito cuenta con 9.000 habitantes y el 80 % se dedica a la producción agropecuaria, por lo que esto afecta gravemente a este distrito productor del sur del país.
El concejal Luis Garek Ayala fue quien hizo pública la situación. Contó que se enteró el jueves, cuando varios vecinos le comentaron lo que estaba pasando. Al principio muchas personas no querían hablar, tenían vergüenza y no sabían cómo manejar la situación, pero él decidió no callarse y hacer pública la denuncia, donde invitó a todos los clientes a acercarse al Crédito Agrícola a verificar el estado actual de sus cuentas.
Funcionarios implicados
Según el concejal, en la oficina trabajaban tres funcionarios que hoy ya están sumariados y apartados de sus cargos: Sergio Osorio, Carlos Bogado y Romina Villalba. Cuando él se enteró, los auditores ya estaban en proceso de intervención, pero los clientes no habían sido avisados de nada.
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Cuando la gente comenzó a ir a preguntar, se encontró con que figuraba con créditos de 15, 30 y hasta 40 millones de guaraníes que nunca pidió ni firmó, con presunta falsificación de firmas. Lo más llamativo es que las cuotas de esos créditos se estaban pagando normalmente, por lo que se presume que alguien estaba pagando la cuota del cliente que nunca retiró el crédito.
Garek contó además que un familiar suyo también resultó afectado, y que hubo otro caso en el que una persona tenía 10 millones de guaraníes de ahorro y al revisar se encontró con que solo quedaban 4 millones, porque 6 millones habían sido retirados sin que ella lo pidiera.
El concejal señaló que no cree que solo tres personas estén involucradas y que esto debería ser una cadena, por lo que no se descarta que haya más cómplices. “Lo que estoy seguro es que no están pagando por la culpa, ojalá que esta gente no pague estos platos rotos”, expresó Ayala.
No se descartan más casos
Hasta el momento la Comisaría 10.ª en Fram recepcionó un total de diez denuncias, que ya fueron presentadas ante la Policía de Delitos Económicos, Oficina Regional de Itapúa, y el caso ya fue designado al fiscal Edgar Villaverde, de la Unidad Fiscal n.° 3 del Ministerio Público Regional Itapúa.
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Caso Ueno Bank: juez ordenó la prisión preventiva para el director jurídico del BCP
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunta lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. La resolución del citado magistrado se dio luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la inhibición general de gravar y vender contra el director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Además, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
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Según la Fiscalía, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que fue remitido al Senado en octubre de 2026, en respuesta a un pedido de informes sobre operaciones vinculadas a Ueno Bank. El documento original contenía observaciones sobre una presunta financiación indirecta de USD 74,4 millones mediante la compra de cartera por parte de Vinanzas S. A., además de advertencias sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los investigadores sostienen que en la versión enviada al Congreso se eliminaron aspectos técnicos relevantes y se incorporaron afirmaciones que no figuraban en el informe inicial.
La imputación señala que Rodríguez habría coordinado las modificaciones con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos de los días 5 y 6 de octubre, reuniones internas y su participación en la presentación del documento ante el Senado el 9 de octubre. La Fiscalía considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información sobre la situación de Ueno Bank, que ingresó en un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026.
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Juez procesa penalmente a abogado por usurpación de funciones públicas
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la ratificación de la imputación por el delito de usurpación de funciones públicas contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra. La fiscala Sophia Galeano fue quien solicitó al juzgado admitir la imputación, luego de realizar algunos ajustes para que el proceso penal pueda avanzar contra el citado profesional del derecho.
La causa contra Marecos se originó tras una diligencia judicial realizada el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la firma Cargo Line Paraguay S.A. El Ministerio Público sostiene que el abogado habría actuado de forma irregular en dicho procedimiento, pese a no tener intervención en el juicio civil tramitado entre las partes. Asimismo, la Fiscalía le atribuye haber ordenado restringir el uso de teléfonos celulares e incautar dispositivos.
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Igualmente, el magistrado fijó para el 15 de mayo de 2027 el plazo ordinario para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podrá consistir en el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público u otra salida procesal. Por su parte, el abogado Marecos criticó en su momento la imputación fiscal e indicó que carece de fundamento.
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