El Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Dávalos, Pablino Barreto e Inés Galarza, condenó a Luis Servián, gerente de Seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi, a 14 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por narcotráfico. El fallo se dictó en el marco del operativo “Scanner”, el cual desbarató una red dedicada al tráfico de cocaína a Europa a través del aeropuerto.

Igualmente, los jueces condenaron a Eliana Cardozo a 4 años y 6 meses de prisión; a Basilio Rodríguez a 4 años; a Martha Coronel a 3 años y 6 meses; y a Ramón Arrúa a 4 años y 6 meses. Por otro lado, el abogado Carlos Duarte fue absuelto de culpa y pena.

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Asimismo, el tribunal resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar al senador liberal Líder Amarilla, así como a otros funcionarios de la terminal aérea que pudieran tener participación en el esquema criminal, debido a que el nombre del legislador y el de otras personas aparecen mencionados en varios mensajes.

Finalmente, se dispuso el comiso del dinero en efectivo, la destrucción de los teléfonos celulares y de la droga incautada, además de la devolución de los automóviles y pertenencias a Carlos Duarte. Este proceso penal se había iniciado tras la detención de Eliana Cardozo Ramírez el 11 de octubre de 2023, cuando fue descubierta con 10 kilos de cocaína en su maleta durante un control aeroportuario, hecho que permitió desarticular la red.

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El exministro de Obras Públicas y candidato a mandatario por el adbismo, Arnoldo Wiens, recusó este martes al juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, con la finalidad de paralizar su proceso penal en la causa Metrobús.

La recusación fue impulsada bajo patrocinio del abogado Sergio Coscia en donde menciona “una falta de imparcialidad e independencia” por parte del magistrado. El pasado 13 de agosto, el dirigente abdista también impulsó la recusación del fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.

Wiens alega que su planteamiento no responde simplemente a que las decisiones del magistrado hayan sido desfavorables a su posición procesal, sino a lo que considera una “secuencia objetiva de actuaciones procesales desplegadas por el magistrado, las cuales, consideradas en su conjunto, generan en mi persona una duda razonable respecto de la necesaria imparcialidad y distancia que debe mantener el órgano jurisdiccional frente a las posiciones de las partes”, indicó.

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Ante esta nueva chicana, el Tribunal de Apelación deberá definir si Otazú continúa o no al frente de la causa, en la cual debe llevarse adelante la audiencia preliminar para definir si el caso se remite o no a juicio oral y público.

De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Gri­setti sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas Ramón Jimenez Gaona.

A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financia­miento asegurado y contra­tos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finali­dad para la cual fueron adqui­ridos.

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El abogado Rodrigo Yódice, defensor del funcionario de la Cámara de Diputados William Bogarín —acusado por una millonaria estafa—, sigue presentando chicanas con el fin de evitar que el proceso penal avance. Esta vez, el citado profesional del derecho, quien ya contaría con sanciones por litigio de mala fe, presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez Vicente Coronel, quien debía tomar juramento a los peritos para realizar la extracción de datos del celular del acusado.

Bogarín está procesado por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. El procedimiento de extracción de datos del teléfono celular estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías. Sin embargo, debido a la chicana presentada por la defensa, primero se deberá destrabar el proceso penal en el Tribunal de Apelación para poder ejecutar la diligencia.

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Asimismo, el magistrado Vicente Coronel fijó la audiencia preliminar para el próximo 21 de agosto a las 08:45. En dicha instancia se definirá si los procesados van a juicio oral y público.

Además del exfuncionario, en la causa están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic. A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el caso.

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El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia definirá este 20 de agosto si decreta la prisión preventiva del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, imputado por lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.

El jueves 20 de agosto, a las 09:00, Bataglia deberá comparecer ante el magistrado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado será privado de su libertad o si permanecerá libre como los demás procesados. En el caso de Bataglia la situación podría ser diferente, atendiendo a que el mismo estaba fuera del país y no se tuvo registro de su reingreso. Tras su retorno, se puso directamente a disposición del fiscal, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.

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A pesar de que en este proceso penal otros ocho imputados ya fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión, el caso del extitular del IPS podría tomar un rumbo distinto, decisión que está en manos del juez Rodrigo Estigarribia.

Según la imputación, Bataglia, en su rol de presidente del IPS y firmante de las adendas n.° 3 y 4, habría otorgado, junto con otros funcionarios, condiciones favorables a la empresa Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.

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