La Justicia ordenó la prisión preventiva de Víctor Raúl De la Cruz, chofer del camión que causó el fatal accidente en Pedrozo y que está imputado por homicidio culposo. De la Cruz cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se decidió privar de la libertad al conductor.
El fiscal Juan Manuel Ledesma imputó por homicidio culposo a De La Cruz tras el siniestro vial donde murieron cinco personas, el pasado sábado 15 de agosto en la compañía Pedrozo, Ypacaraí. Según el acta de imputación, el camión se habría quedado sin frenos luego de descender el cerro Caacupé, llevándose por delante a varios vehículos que detuvieron su marcha en el semáforo del cruce sobre la Ruta PY02.
Autopsia
El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que culminaron los procedimientos de identificación y autopsia médico-legal de cuatro de las víctimas fatales. Los estudios se realizaron en la Morgue Judicial de Asunción y finalizaron aproximadamente a las 22:00 del domingo 16 de agosto. Debido a las condiciones en que fueron recuperados los cuerpos, fue necesario un abordaje médico-legal multidisciplinario.
Las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia: un hombre de 49 años, una mujer de 45, un joven de 18 y una niña de 9 años. Por disposición de la investigación, sus identidades no fueron divulgadas. El vehículo en el que viajaba la familia sufrió un incendio tras el impacto con el camión de gran porte. Los resultados de los análisis médicos ya fueron remitidos a la unidad penal interviniente y serán incorporados como antecedentes técnicos de la investigación. Posteriormente, se realizará la autopsia de la quinta víctima fatal del grave siniestro ocurrido en Pedrozo.
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La confianza se recobra con hechos y también con justicia
Luego de los acontecimientos que sacudieron al país la semana pasada, la prioridad del Gobierno nacional y de las instituciones que forman parte de la estructura estatal es sanar las heridas, servir a la ciudadanía y continuar trabajando para alcanzar las metas requeridas por la vida del país. Mirar para adelante como una forma de enderezar el rumbo, como lo ha hecho en el pasado un pueblo aguerrido, en base a su esfuerzo y valentía.
Hay aspectos que se pueden rescatar. El presidente Pedro Alliana señaló recientemente que el sistema financiero nacional se encuentra en buenas condiciones luego de la situación vivida y que la prioridad del Gobierno es el servicio a la ciudadanía. Fue a un medio de prensa de la Argentina al que dio detalles de cómo se está trabajando para que la vida vuelva a la normalidad, en el menor tiempo posible.
En lo económico, el jefe de Estado resaltó que el Paraguay está sólido y abierto a las inversiones, luego del problema que se planteó con el cierre de un banco y los acontecimientos políticos que sucedieron posteriormente en medio de las investigaciones del Ministerio Público que se han realizado. Y la prioridad de su administración, así como lo está demostrando, es dar las respuestas necesarias a la población nacional, tanto con medidas financieras como con la adopción de las políticas desplegadas en la última semana.
Al momento de la entrevista, Alliana había señalado que más del 95 % de los depositantes del banco en resolución ya recuperaron sus depósitos. En el comienzo de esta nueva semana esa cifra ya alcanzó a la totalidad de los ahorristas. Es decir, que una semana después de la intervención financiera, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) había dado las respuestas que los depositantes esperaban.
“El Banco Central está trabajando para seguir cubriendo a todos los afectados y en esta segunda etapa, después de pagar a los pequeños ahorristas, tiene como prioridad recuperar fondos para cubrir los depósitos de jubilaciones de las diferentes cajas”, señaló el presidente en la entrevista periodística.
Uno de los temas de gran relevancia es lo anunciado por el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, en el sentido de que existe suficiente cantidad de dinero para ir cumpliendo con los inversionistas. Según afirmó, se han identificado alrededor del equivalente a 600 millones de dólares en “activos sanos”, en base a la revisión de la institución bancaria intervenida por parte de los interventores de la banca matriz. Se explicó que con este monto se podrá reponer los fondos depositados por el Instituto de Previsión Social (IPS) y de las cajas jubilatorias que tienen su dinero en lo que era Ueno Bank. El presidente de la República recordó que la reposición de los recursos previsionales tiene prioridad. “Vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”, aseveró el mandatario.
Algo que se debe resaltar por su importancia para la ciudadanía es que antes de diez días de la intervención y cierre del banco mencionado ya se devolvieron los fondos a la mayoría de los depositantes. Esta rápida reacción –que fue posible gracias a una ley de emergencia resuelta de manera expeditiva por el Congreso– trajo una enorme tranquilidad a esa mayoría ciudadana que temía por sus ahorros. Algo que no se trata solo de la velocidad con que se actuó sino también la seriedad que se ha tenido para dar cumplimiento a las obligaciones.
Los memoriosos que recuerdan hechos similares acontecidos en años anteriores con crisis bancarias y financieras señalan que nunca antes se procedió con tanta rapidez y seriedad a favor de la gente que guarda su dinero en las entidades financieras. Un hecho de extraordinaria importancia que habla con mucha elocuencia de que hoy el país tiene mejores herramientas legales para ir al auxilio de la gente en problemas, situación que lamentablemente no ocurrió en casos similares del pasado. Esto es un indicador de que se han aprendido las lecciones de acontecimientos similares de décadas pasadas que causaron fuertes perjuicios a los depositantes.
En cualquier sociedad libre es imposible evitar cierres de entidades financieras y el consiguiente sobresalto social que produce. Por lo que es de fundamental importancia la respuesta adecuada y pronta de las entidades encargadas de salvaguardar los capitales financieros. Que es lo que ha acontecido en el Paraguay, con respuestas necesarias y rápidas, que dan tranquilidad a todos y permite dar crédito que la confianza se puede recuperar en el mediano plazo. Las autoridades del BCP saben lo que se debe hacer y es por ello que accedieron a reducir los límites del encaje legal; es con esta clase de medidas que ayudarán a descomprimir la presión y a mirar con mejores perspectivas el futuro.
Por último, la confianza no se reconstruye solo con la devolución del dinero. También exige que la Justicia determine con claridad qué falló en los controles y quiénes deben responder por ello. Solo así el ahorrista tendrá la certeza de que lo ocurrido no volverá a repetirse y volverá a creer.
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Misiones: joven de 20 años falleció y tres quedaron heridos en terrible accidente vehicular
Un trágico accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo en el departamento de Misiones, donde un joven de 20 años perdió la vida y otros tres resultaron con lesiones. Todos los afectados iban en un mismo rodado que impactó contra un árbol y luego contra una columna.
Según el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 4:30 de hoy, dentro del casco urbano de San Ignacio, sobre la ruta calle Cabo Olivorio Talavera, que se corresponde con el tramo de la ruta D057, conocida como el ramal que une San Ignacio con Santa Rita y Yabebyry.
En el percance rutero estuvo involucrado un vehículo de la marca Toyota, modelo Auris, color perla. Se presume que el conductor identificado como Cristian Ariel Leguizamón perdió el control de su rodado y primeramente impactó contra un árbol. Tras el fuerte impacto, fue a parar contra una columna del tendido eléctrico.
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En este automóvil iban cuatro tripulantes, de los cuales uno de ellos perdió la vida a consecuencia del fuerte impacto. El cuerpo fue identificado como el de Iván Ariel Leiva Vega, de 20 años, quien según el médico forense falleció en el instante. El conductor dio positivo al alcotest con 0,527 mg/L y quedó aprehendido por disposición fiscal.
En tanto que, las otras tres personas que viajaban con el fallecido resultaron con lesiones, todos fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital de San Ignacio. Hasta el momento no informaron si los heridos permanecen estables o si alguno fue derivado a un centro de mayor complejidad.
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Vicepresidente de la Corte y juezas de Ejecución visitaron centros educativos para adolescentes
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera; el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el viceministro Rafael Caballero encabezaron una visita al Centro Educativo de Itauguá y al Centro Educativo La Esperanza para Adolescentes. La actividad estuvo presidida por las juezas de Ejecución Penal de capital, abogadas Luz Rosanna Bogarín, Cynthia Sostoa, Sandra Kirchhofer y Lidia Wyder, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Ejecución Penal.
Durante la visita, las magistradas mantuvieron entrevistas con los adolescentes para conocer aspectos relacionados con sus respectivas causas. Asimismo, se entregaron artículos de aseo personal, juegos de toallas, calzados deportivos y pelotas de fútbol y vóley, con el propósito de promover hábitos de higiene, el cuidado de los espacios comunes y la responsabilidad colectiva en el mantenimiento de un ambiente saludable.
También se promovió la práctica de actividades deportivas como herramientas para fortalecer el compañerismo, la disciplina, la constancia y el respeto por las reglas, además de contribuir al bienestar físico de los adolescentes. Por otra parte, se entregaron un pesebre y un árbol de Navidad, decorado con tarjetas elaboradas por los propios jóvenes, propiciando un espacio de participación y expresión de su creatividad.
La actividad permitió generar un espacio de acompañamiento y acercamiento, orientado a fomentar hábitos positivos y valores que contribuyan al proceso de reinserción social de los adolescentes y a su futura integración familiar y comunitaria.
Las donaciones fueron posibles gracias al apoyo de los Juzgados Especializados en Delitos Económicos, a cargo de los jueces Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, en el marco de las causas que radican en sus despachos.
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Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.