El abogado Rodrigo Yódice, defensor del funcionario de la Cámara de Diputados William Bogarín —acusado por una millonaria estafa—, sigue presentando chicanas con el fin de evitar que el proceso penal avance. Esta vez, el citado profesional del derecho, quien ya contaría con sanciones por litigio de mala fe, presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez Vicente Coronel, quien debía tomar juramento a los peritos para realizar la extracción de datos del celular del acusado.
Bogarín está procesado por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. El procedimiento de extracción de datos del teléfono celular estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías. Sin embargo, debido a la chicana presentada por la defensa, primero se deberá destrabar el proceso penal en el Tribunal de Apelación para poder ejecutar la diligencia.
Asimismo, el magistrado Vicente Coronel fijó la audiencia preliminar para el próximo 21 de agosto a las 08:45. En dicha instancia se definirá si los procesados van a juicio oral y público.
Otros acusados
Además del exfuncionario, en la causa están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic. A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el caso.
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Denuncia a exmodelo por violencia: “La señora andaba armada”
La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.
“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.
No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.
Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.
No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.
Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.
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En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.
“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.
Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.
Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.
Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.
En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.
Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.
En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.
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Caso Matrobús: Wiens recusó a Emiliano Rolón para frenar causa penal
El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.
El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.
Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.
Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.
La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.
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Seis excolaboradores de Prieto admiten presunto desvío de G. 757 millones
Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.
El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.
La misma solicitud de salidas alternativas al proceso aplica a Sonia Raquel Barrios Ramírez, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; y Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor del Consejo de Salud, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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La acusación contra Miguel Prieto y otros once colaboradores, se da por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a G. 757.166.276, este monto corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, por un lado, accedieron o fueron beneficiados por las salidas alternativas los exintegrantes del Consejo Local de Salud, por colaborar en la causa, es decir, admitieron el presunto hecho punible por el cual fueron acusados. Uno de ellos, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, que ya había sido beneficiado con una medida similar. También accedieron a la medida alternativa, el entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud Hugo Benítez Vázquez; y la exsecretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.
Los últimos acusados que colaboraron con el MP, son Fredy Guzmán Martinez Baéz, proveedor del Consejo de Salud bajo la administración de Miguel Pireto, en este caso, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales. Mientras tanto, Sonia Raquel Barrios Ramírez, exdirectora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este habría solicitado a la municipalidad, transferencias a favor del del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, esto entre el 28 de diciembre del 2021 y 30 de diciembre del 2021.
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Camilo avanza; la oposición mira de lejos
- Jorge Torres Romero
Las encuestas empiezan a mostrar algo que, en realidad, las urnas ya habían anticipado: el posicionamiento de Camilo Pérez no es producto de una casualidad ni de una fotografía aislada.
Es la consecuencia política del resultado de las internas y, sobre todo, de una hoja de ruta que parece mucho más clara de un lado que del otro.
El Partido Colorado hizo lo que históricamente sabe hacer: movilizó su estructura, midió fuerzas, ordenó liderazgos y salió de sus internas con un candidato y un objetivo electoral definido. Camilo Pérez entendió rápidamente ese escenario y comenzó a caminar sobre él.
Del otro lado, la oposición sigue sin encontrar el rumbo.
No alcanza con esperar el desgaste del adversario. No alcanza con denunciar, cuestionar o reaccionar a lo que hace el oficialismo. Una oposición que pretende disputar seriamente el poder necesita instalar temas, construir un relato propio, presentar propuestas y, fundamentalmente, ofrecerle al electorado una razón concreta para acompañarla.
El ejemplo del peaje es bastante ilustrativo. Horacio Cartes puso el tema sobre la mesa y rápidamente la discusión política comenzó a girar alrededor de esa iniciativa. Hasta sectores opositores terminaron subiéndose a una agenda que no habían creado. Otra vez reaccionando. Otra vez corriendo detrás.
Y ese quizá sea uno de los mayores problemas de la oposición paraguaya: su nula capacidad para generar agenda propia.
Mientras unos discuten lo que Cartes dijo, lo que Peña hizo o lo que el Partido Colorado propone, Camilo Pérez sigue avanzando con una estrategia electoral definida. Tiene estructura, tiene conducción política y tiene una hoja de ruta.
Por eso las encuestas no deberían sorprender a nadie.
Son, en buena medida, la continuidad de lo que ocurrió en las internas: un Partido Colorado movilizado frente a una oposición fragmentada, sin liderazgo ordenador y con enormes dificultades para transformar el descontento que pueda existir en una alternativa electoral competitiva.
Porque una cosa es criticar al poder y otra muy distinta estar preparado para disputarlo.
La oposición, en cambio, sigue buscando de qué hablar.
Y mientras siga corriendo detrás de la agenda colorada, las encuestas probablemente seguirán reflejando exactamente eso. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.