En un fallo unánime, el Tribunal de Sentencia —conformado por los jueces Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Manuel Aguirre— declaró culpable de coacción sexual y violación a un exalumno de una conocida institución educativa privada de la capital.
La decisión judicial se tomó tras concluir la etapa de debate en el juicio oral y público. Durante las audiencias, el colegiado analizó de forma integral las pruebas presentadas por la Fiscalía y la querella adhesiva. Entre los elementos determinantes destacaron varios informes médicos, así como los testimonios de las personas.
Los magistrados argumentaron que los relatos de los testigos fueron consistentes y cronológicos. Estas declaraciones permitieron destruir el principio de inocencia del procesado. El tribunal concluyó de forma categórica que el acusado es el autor directo y responsable de los abusos denunciados, procediendo así a dictar el fallo condenatorio según los parámetros de las leyes penales vigentes.
La audiencia oral donde se conocerá la pena será el próximo jueves. El acusado se expone a 8 años de cárcel atendiendo a que el hecho se registró cuando el mismo era menor.
Otros casos
Del mismo modo, el acusado enfrenta otros dos procesos penales por similares hechos. El segundo caso cometió cuando era menor y el tercer proceso penal sí cuando ya cumplió la mayoría de edad.
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Condenan a tres años y medio de cárcel a exgerente bancario por fraude millonario
Un tribunal de sentencia condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre que se desempeñaba como gerente de un banco, tras ser encontrado culpable de ocasionar un daño patrimonial de G. 4.823.218.534 mediante un esquema fraudulento de transferencias y cuentas corrientes, según la acusación fiscal demostrada en el juicio oral.
El condenado fue identificado como Sergio Andrés Olmedo García, responsable del perjuicio económico en detrimento del Banco Continental. Aunque el fiscal Julio Ortiz solicitó una pena de seis años de prisión, el Tribunal de Sentencia —integrado por las magistradas Ana Rodríguez (presidenta), Karina Cáceres y Yolanda Morel— resolvió condenarlo a tres años y medio.
El sentenciado ocupaba el cargo de gerente en una de las sucursales de la entidad bancaria cuando cometió los ilícitos. El esquema comenzó a descubrirse mediante una auditoría interna presentada en agosto de 2022, la cual evidenció inconsistencias en libradores de cheques sin solvencia patrimonial, documentación con datos falsos y operaciones vinculadas entre varios clientes y el propio condenado, quien resultaba el principal beneficiado de las transferencias.
Asimismo, otra auditoría detectó irregularidades en las actividades económicas de varios clientes. Estas personas realizaban transferencias vía SIPAP a uno de los implicados, utilizando créditos irregulares otorgados por otro banco y provenientes de otras entidades bancarias. La investigación judicial confirmó la existencia de este esquema fraudulento diseñado para la obtención de préstamos, apertura de cuentas corrientes y transacciones ilícitas.
El esquema
Los fondos obtenidos de manera irregular eran transferidos a uno de los involucrados, quien posteriormente los redistribuía entre los demás miembros de la red. Estas operaciones consumaron el perjuicio patrimonial de G. 4.823.218.534 contra la entidad bancaria.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Ratifican prisión para fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños con discapacidad
El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de tres niños con discapacidad motriz y del habla. Los camaristas consideraron que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.
Capello cumple prisión preventiva desde el 8 de setiembre, en el marco de la causa por supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños. Los hechos investigados habrían ocurrido en el centro de rehabilitación “A Pasitos”, de Asunción, donde el fisioterapeuta prestaba servicios.
Los camaristas mencionaron que, por la etapa procesal en la que se encuentra la causa, existe la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, destruya, modifique u oculte elementos de prueba. Además, aún está pendiente la recolección de elementos de cargo y descargo que podrían ser utilizados en etapas posteriores del proceso.
Igualmente, el tribunal de alzada sostuvo que no están dadas las condiciones para sustituir la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho punible investigado y a las circunstancias de la causa. Respecto a los documentos presentados por la defensa —entre ellos certificados, constancias y documentación de inmuebles y vehículos ofrecidos como caución real—, el fallo señaló que estos no cuentan con la entidad ni la fuerza jurídica necesaria para enervar el peligro de fuga o el de obstrucción.
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Olimpiadas estudiantiles en Ñemby terminan con peleas, disturbios e intervención policial
En la ciudad de Ñemby se reportó un enfrentamiento entre alumnos durante la apertura de las olimpiadas estudiantiles del reconocido colegio nacional de la zona. La pelea se desató entre miembros del color bordó y blanco, lo que requirió una urgente intervención policial.
El hecho se registró durante noche de ayer sábado, en el polideportivo del Colegio Nacional “Pablo Patricio Bogarín” sobre la calle Batalla de Ytororó, durante la inauguración de las olimpiadas estudiantiles que se desarrollan cada año para dar la bienvenida a la primavera y Día de la Juventud.
En temporadas de olimpiadas existe una división de alumnos de esta institución educativa por los colores que les son designados, el bordó y el blanco, situación que desata una rivalidad entre los participantes. Esto se vio reflejado anoche cuando los estudiantes se agarraron a golpes y patadas.
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Tras desatarse la pelea, la Policía Nacional tuvo que improvisar un operativo de urgencia para dispersar la batalla campal entre alumnos y ayudar a evacuar a las familias e invitados especiales que acompañaron la ceremonia. Hasta el momento no se tienen datos de personas heridas.
Sin embargo, algunos asistentes denunciaron que los estudiantes portaban armas blancas e incluso se habló de armas de fuego y disparos. Los intervinientes están recolectando imágenes de cámaras de seguridad del sitio y también recepcionando vídeos que fueron captados por los invitados, para seguir con las investigaciones.
Los estudiantes reportaron la infiltración de personas ajenas a la institución y vecinos denunciaron que ese día vieron presuntamente a estudiantes consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, de que existe una histórica rivalidad de colores entre los alumnos que por años dividió al colegio.
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