“Tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús”, explica la fiscal Adle.

“Arnoldo Wiens pagó con dinero del Estado para destruir infraes­tructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusa­ción y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, ayer, en el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de minis­tro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la conti­nuidad de las obras del metro­bús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administra­ción del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de enten­dimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públi­cas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metro­bús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la adminis­tración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehi­cular.

“Se contaba con financia­miento vigente, frentes dis­ponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asun­ción, pero prefirieron sote­rrar lo construido. En abril de 2020 dispuso la demoli­ción de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las esta­ciones 19 al 24, por las cua­les el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscala.

Añadió que, antes de demo­ler las obras, Wiens había requerido al entonces con­tralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico.

“Se le señaló que para pro­ceder a esa demolición tenía que tener un dictamen téc­nico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procu­raduría y Contraloría, si reci­bieron el documento y todas las respuestas fueron negati­vas y él igualmente procedió a la demolición de las estacio­nes y dispuso el destino de los materiales que debían ser uti­lizados en el sistema troncal para otros fines y esos mate­riales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133”, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarro­llo (BID), que financió la obra.

“El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos mate­riales sean llevados a los hospi­tales para el relleno de estacio­namientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destina­dos para la construcción de la obra más de 180.000 millo­nes de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasio­nado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproxima­damente 14.995 millones de guaraníes.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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La Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de G. 14.955.317.035.

El Ministerio Público presentó una acu­sación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios téc­nicos contra el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, por el caso metrobús, y solicitó que el proceso penal se eleve a juicio oral y público. De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patri­monial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035.

Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utiliza­dos en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspon­dientes a la construcción de seis estaciones que posterior­mente fueron destruidas.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Gri­setti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financia­miento asegurado y contra­tos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finali­dad para la cual fueron adqui­ridos.

La acusación señala que el perjuicio no consistió úni­camente en que el sistema BTR (Bus Transit Rapid) no haya entrado en funciona­miento, sino en que las obras y bienes pagados con recur­sos públicos fueron inutili­zados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.

La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para des­truir infraestructura esta­tal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible.

Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconduc­ción terminara convertido en infraestructura inutili­zada, generando un perjui­cio directo al patrimonio público.

Con base en estos hechos, el Ministerio Público soli­cita que Wiens sea sometido a juicio oral y público para responder por el perjuicio patrimonial que, según la acusación, asciende a casi G. 15.000 millones.

• Jorge Torres Romero

Las encuestas empiezan a mostrar algo que, en realidad, las urnas ya habían anticipado: el posicionamiento de Camilo Pérez no es producto de una casualidad ni de una fotografía aislada.

Es la consecuencia política del resultado de las internas y, sobre todo, de una hoja de ruta que parece mucho más clara de un lado que del otro.

El Partido Colorado hizo lo que históricamente sabe hacer: movilizó su estructura, midió fuerzas, ordenó liderazgos y salió de sus internas con un candidato y un objetivo electoral definido. Camilo Pérez entendió rápidamente ese escenario y comenzó a caminar sobre él.

Del otro lado, la oposición sigue sin encontrar el rumbo.

No alcanza con esperar el desgaste del adversario. No alcanza con denunciar, cuestionar o reaccionar a lo que hace el oficialismo. Una oposición que pretende disputar seriamente el poder necesita instalar temas, construir un relato propio, presentar propuestas y, fundamentalmente, ofrecerle al electorado una razón concreta para acompañarla.

El ejemplo del peaje es bastante ilustrativo. Horacio Cartes puso el tema sobre la mesa y rápidamente la discusión política comenzó a girar alrededor de esa iniciativa. Hasta sectores opositores terminaron subiéndose a una agenda que no habían creado. Otra vez reaccionando. Otra vez corriendo detrás.

Y ese quizá sea uno de los mayores problemas de la oposición paraguaya: su nula capacidad para generar agenda propia.

Mientras unos discuten lo que Cartes dijo, lo que Peña hizo o lo que el Partido Colorado propone, Camilo Pérez sigue avanzando con una estrategia electoral definida. Tiene estructura, tiene conducción política y tiene una hoja de ruta.

Por eso las encuestas no deberían sorprender a nadie.

Son, en buena medida, la continuidad de lo que ocurrió en las internas: un Partido Colorado movilizado frente a una oposición fragmentada, sin liderazgo ordenador y con enormes dificultades para transformar el descontento que pueda existir en una alternativa electoral competitiva.

Porque una cosa es criticar al poder y otra muy distinta estar preparado para disputarlo.

La oposición, en cambio, sigue buscando de qué hablar.

Y mientras siga corriendo detrás de la agenda colorada, las encuestas probablemente seguirán reflejando exactamente eso. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.