Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.

En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.

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Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.

El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.

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El juicio oral y público de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato luego de entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay, zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín, va ingresando en su etapa final y este martes ya se estarían presentando los alegatos finales.

Con la presentación de la totalidad de las pruebas documentales arrimadas por el Ministerio Público, así como por la querella adhesiva y la defensa de la acusada exjueza Tania Irún, la audiencia oral ingresará en su tramo final.

El Ministerio Público y la querella presentaron todos los elementos probatorios destacando un punto importante que fue una resolución judicial firmada por la hoy acusada Irún, quien sostuvo en dicho fallo que conocía que en el expediente judicial civil no estaban los estatutos de las empresas presuntamente de maletín antes de adjudicar las tierras ubicas en la seguridad fronteriza.

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La querella representada por el abogado Francisco De Vargas sostuvo que en el expediente judicial civil consta un Auto Interlocutorio dictado por la misma Tania Irún en el año 2015, mediante el cual resolvió hacer lugar a una excepción de falta de personería planteada por la parte demandada donde la entonces jueza Irún fundamentó su decisión señalando expresamente que en el expediente no obraban los estatutos sociales de las empresas Cusabo, Kyveloria, Elite Kingdom y Firstar”.

Asimismo en el juicio oral se dio lectura a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con los votos de los ministros de la Corte Luis María Benítez y Manuel Ramírez Candia, quienes explicaron punto por punto el mal desempeño en sus funciones que la hoy exjueza Tanía Irún cometió y por la que fe destituida del cargo.

Estos elementos producidos en el juicio oral y otros deberán ser estudiados por los jueces de sentencia Rosana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz.

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Este viernes prosigue el juicio oral y público para la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada de prevaricato por entregar presuntamente más de 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían “de maletín” en la zona de Alto Paraguay. En la fecha, el Ministerio Público podría presentar los alegatos finales y solicitar los años de cárcel para la exmagistrada. En la jornada de este viernes se podría generar la sentencia de primera instancia.

El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo evaluar los elementos probatorios en el presente juicio oral está integrado por Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz. El fiscal del caso es Cristian Benítez, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público y aportó los elementos de prueba.

Por su parte, el abogado Francisco de Vargas, querellante en la causa, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”. Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras.

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Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Indicó que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo—, queda acreditado que la exjueza no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.

Igualmente, se destacaron los votos de los ministros de la Corte y exmiembros del JEM, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes concluyeron que Irún cometió mal desempeño en sus funciones al violar la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual fue destituida.

Por su parte la defensa sostiene que no se probó el delito de prevaricato por lo que no puede haber sentencia.

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En el marco del juicio oral y público que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial de Asunción, Tania Irún, acusada por prevaricato, se han producido varias pruebas documentales entre las que se destaca la lectura de los estatutos de las empresas offshore que fueron beneficiadas por el llamativo fallo judicial de la acusada.

El abogado Francisco de Vargas, querellante en el presente caso, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”.

Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras. Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza.

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Indicó el citado profesional que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo de magistrada—, queda acreditado que no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.

Tras su destitución en el plano administrativo, el Ministerio Público inició el proceso penal que derivó en su imputación, posterior acusación y en el presente juicio oral y público, explicó el referido profesional del derecho. Por su parte, la defensa de la acusada sostiene que hasta el momento no se probó la acusación fiscal.

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