La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.

La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.

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La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.

Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.

Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.

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Ante el crecimiento de los riesgos de fraude digital, Personal Empresas presenta una solución que permite a bancos, fintechs y comercios detectar cambios recientes de tarjetas SIM y sumar una instancia de verificación antes de autorizar operaciones sensibles.

Una barrera frente al fraude. La protección de las transacciones digitales requiere cada vez más mecanismos de prevención. En este contexto, Personal Empresas incorpora SIM SWAP, una herramienta diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar posibles situaciones de fraude vinculadas al uso indebido de números telefónicos.

La solución opera mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite consultar en tiempo real la fecha del último cambio de tarjeta SIM de una línea o comprobar si esta modificación ocurrió dentro de un período determinado.

Esta verificación cobra importancia frente al denominado SIM swapping, una modalidad de fraude en la que los delincuentes duplican o transfieren fraudulentamente el número telefónico de una persona a una tarjeta SIM bajo su control. El objetivo es interceptar llamadas y mensajes, incluidos los códigos de autenticación enviados por SMS.

Más controles en operaciones sensibles. Cuando se identifica un cambio reciente que podría representar un riesgo, las empresas pueden incorporar medidas adicionales, como solicitar una nueva verificación de identidad o postergar temporalmente una operación.

SIM SWAP puede aplicarse en la evaluación de transacciones sospechosas, transferencias bancarias y procesos de restablecimiento de contraseñas, entre otros procedimientos que requieren controles de seguridad.

De acuerdo con Personal, esta tecnología contribuye a disminuir la exposición al fraude, evitar posibles pérdidas económicas y resguardar la reputación de las organizaciones, además de fortalecer la confianza de los usuarios. Asimismo, la solución contribuye al cumplimiento de la Comunicación “A” 7783 del Banco Central, según informó la compañía.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público y decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes del expresidente de la República, Santiago Peña, y del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

La resolución judicial también dispone el embargo preventivo de los fondos existentes y de aquellos que pudieran ingresar posteriormente en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros registrados a nombre de ambos imputados en entidades bancarias, financieras y cooperativas.

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De esta manera, la medida no se limita al dinero que actualmente se encuentra depositado, sino que también comprende los recursos que puedan acreditarse en esas cuentas en el futuro.

Asimismo, el magistrado autorizó al Ministerio Público a realizar las diligencias necesarias para localizar otros bienes y derechos patrimoniales registrados a nombre de Peña y Carvallo.

La decisión fue adoptada tras analizar el requerimiento presentado por los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez.

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En el marco de la imposición de medidas, el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó este que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, guardara reclusión por 15 días en la sede de la Agrupación Especializada.

“Pasará a guardar reclusión primera por un periodo de 15 días en la Agrupación Especializada y el juzgado está oficiando también en este momento al Ministerio de Justicia, para recabar información sobre un establecimiento donde se pueda resguardar la integridad de esta persona”, comentó a los medios de comunicación.

Otazú acotó: “Hay que tener en cuenta que el señor Carvallo, en el ejercicio de la banca central del Paraguay, había formulado la denuncia contra los exdirectivos de ueno bank quienes se encuentran en la expenitenciaria de Tacumbú; entonces debe prevalecer la prudencia en este tipo de casos. Debemos guardar la integridad”.

El magistrado indicó también que “vamos a aguardar la respuesta del Ministerio de Justicia para que luego sea trasladado a una institución dependiente del mismo”.

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Respecto a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “yo calculo que a partir de ahora, en un tiempo no muy extenso, tomaré una resolución. Carvallo se abstuvo de declarar, pero sus abogados defensores sí hicieron los fundamentos y los planteamientos que el juzgado ha considerado, pero ya hemos tomado la decisión”, mencionó.

Carvallo fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.

El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.

Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.

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