El próximo 21 de agosto, a las 08:45, se llevará a cabo la audiencia preliminar para el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, y otros acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Las víctimas de este caso son colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro. Además de Bogarín, están acusados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.

A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Asimismo, se espera que se realice la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín, procedimiento que podría aportar información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.

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La acusación fiscal sostiene que los hechos comenzaron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Tras ganarse la confianza de los inversionistas, primero los desaconsejó de realizar la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert y ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.

Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico” integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso utilizados para sostener el engaño. Según la Fiscalía, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión basados en hechos inventados, afirmando que los Friesen habían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron la posesión de estos.

Los documentos presentados por los acusados —incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales— mantenían a las víctimas en una expectativa constante. Para sostener el esquema, se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.

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La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado culminó con las audiencias públicas de los postulantes al cargo de contralor general de la República y subcontralor.

El próximo paso es emitir un dictamen a la presidencia de la Cámara Alta y poner a disposición del pleno, que sería ya en las primeras semanas de agosto.

“Hoy terminamos las audiencias públicas, en total fueron 49 participantes, estamos terminando con aproximadamente 40 participantes porque hemos sacado con los que no cumplían con los requisitos constitucionales y legales”, indicó el senador Javier Zacarías a los medios de prensa.

Así mismo, señaló que “el martes que viene en la Comisión de Asuntos Constitucionales vamos a dictaminar, y elevamos ya a la presidencia para que el presidente ponga en el orden del día para que el plenario finalmente decida las ternas para el contralor y subcontralor”.

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El legislador explicó que la idea es que el pleno de la Cámara de Senadores ya pueda tratar la integración de las ternas en la primera o la segunda semana de agosto, teniendo en cuenta que existe un plazo legal y constitucional hasta el 1 de setiembre para que las ternas ya estén en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, aclaró que la posición institucional, de la comisión y del Senado es que las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) sean designadas sin importar el color, religión, etnia y mucho menos partido político. “Aquí lo importante es la idoneidad y capacidad de la gente, y veo como una incoherencia que ciertos partidos políticos dice que tiene que ser un liberal”, aseveró.

En este sentido, calificó de incoherente a ciertos sectores políticos partidarios que exigen que la Contraloría quede en manos de ellos, como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Es una incoherencia, no podemos por un lado pedir independencia, transparencia y por otro lado, exigir nombres por partido, el cuoteo no nos puede llevar a nada bueno, acá lo importante es la persona y esa persona tiene que ser idónea, capaz, tiene que ser una persona patriota que vaya a la Contraloría para cumplir con la función que debe cumplir”, concluyó.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra rechazó enfáticamente las acusaciones realizadas por el senador liberal Líder Amarilla sobre encabezar supuestamente una “turba” en la Municipalidad de Ypané. El legislador sostuvo que el senador Amarilla, antes de acusarlo debería primeramente explicar aquellos cuestionamientos que lo vinculan a procesos judiciales sobre narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el diputado Gamarra respondió al legislador de la Cámara Alta, aclarando que su presencia en la sede municipal de Ypané, fue en respuesta al llamado de los ciudadanos ypanenses indignados porque las autoridades de este municipio, que son afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, habrían consumando ese día una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal.

Teniendo en cuenta que ese día los miembros de la Junta Municipal, sobre todo de la bancada liberal, pretendieron en una sesión sin quórum designar directamente a una intendenta interina que no era ni presidenta, ni vicepresidenta de la Junta Municipal, únicos cargos que pueden asumir el interinato de la Intendencia conforme al procedimiento legal.

“Senador Líder Amarilla, antes de salir a mentir sobre mi persona, debería preocuparse por dar explicaciones sobre por qué su nombre fue mencionado públicamente en un juicio por narcotráfico y por sus vínculos con personas involucradas en esa causa. Eso es lo que la ciudadanía merece que aclare", expresó en su carta abierta publicado en redes.

El diputado colorado se refirió al caso judicial en el que ha sido vinculado el senador Líder Amarilla, salpicado por el caso scanner, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, tras ubicar a un funcionario en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para supuestamente traficar sustancias ilícitas.

Ya en pleno juicio, el acusado Luis Servián declaró que se reunió con el senador liberal Líder Amarilla y dos agentes de la Senad. Según su testimonio, el encuentro se habría realizado en el Congreso y el objetivo era hacer un “pedido político” para que dos agentes no fueran removidos de la Aduana. En la misma causa también se investiga un esquema para facilitar el paso de personas o cargas en el aeropuerto, presuntamente con ayuda de funcionarios de seguridad.

Al respecto, el diputado Gamarra, sostuvo que si el senador Amarilla pertenecía a la bancada colorada, muy probablemente hace tiempo ya habría sido sometido al escrutinio público por los antecedentes del caso. “Pero como goza de una conveniente impunidad mediática y la vista al cielo de sus colegas, sigue opinado por sus medio aliados y fungiendo de fiscal de la moral ajena, mientras otros prefieren no hacerle las preguntas incómodas”, sostuvo.

Respecto a lo que Amarrilla señaló hacia su persona, Gamarra indicó que le responde con hechos, asegurando que es absolutamente falso que haya encabezado una “turba de patoteros” para atacar la Municipalidad de Ypané. “Acudí al llamado de ciudadanos indignados el mismo día en que sus correligionarios liberales consumaron una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal”, remarcó.

Al respecto, Gamarra explicó el mecanismo de elección del intendente interino, mencionando que cuando el intendente renuncia, la Presidencia de la Junta asume de manera interina. Si el presidente no puede ejercer, lo hace el vicepresidente. Si ninguno de los dos está en funciones, el concejal que corresponda por el orden de prelación no asume la Intendencia.

Señaló que únicamente puede presidir de manera momentánea la sesión para convocar y dirigir la elección de una nueva mesa directiva. Recién una vez electo un nuevo presidente de la Junta, ese presidente puede asumir legalmente la Intendencia en forma interina para culminar el mandato, en este caso.

“Eso fue exactamente lo que ustedes quisieron saltear. Inventaron un mecanismo que la ley no contempla para colocar a dedo a una intendenta interina (MAU), en una sesión sin quórum y violando abiertamente la Carta Orgánica Municipal. Semanas después intentaron sostener ese atropello con otra elección fraudulenta (devuelta sin quorum)”, indicó.

Recordó que en esa sesión que se llevó a cabo esta semana, recurrieron a la violencia premeditada, con grupos organizados que actuaron en respaldo del clan Ortiz, secuestrando, coaccionando y agrediendo autoridades, pretendiendo hacer pasar esa situación como actuación voluntaria.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo el martes que su país y Colombia lanzarán operaciones militares contra el crimen organizado desde “el día número uno” del gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella. El abogado asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, al que Ecuador acusa de no haber hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común.

“Hay que entrar con fuerza y con determinación y junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno”, declaró Reimberg a periodistas. Los señalamientos de Quito derivaron en un deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que se aplicaron mutuamente impuestos a las importaciones de hasta 100 %.

“Estamos a puertas de que haya un cambio de gobierno en Colombia, por cierto, muy favorable para nosotros, porque al fin tendremos con quien trabajar en esta lucha contra el crimen organizado”, agregó Reimberg. Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica.

En 2025, Ecuador reportó 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

El ministro dijo que los últimos cuatro años hubo “puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes” que operan en ambos lados de la zona limítrofe.

El martes De la Espriella anunció la instalación en Medellín de una oficina del Escudo de la Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico. Colombia fue excluida en marzo de la iniciativa, de la que forma parte Ecuador, por los choques entre Petro y Trump.

Fuente: AFP.