El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad a la abogada Rosa Concepción Colmán, exasesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), procesada penalmente por lesión de confianza en el marco de la investigación de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la institución. El citado magistrado ordenó la libertad de la imputada bajo una fianza de G. 500 millones.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas, llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado. Estigarribia consideró que no se reúnen los presupuestos para dictar la prisión preventiva, al descartar la existencia de peligro de obstrucción a la investigación. Asimismo, concluyó que la fianza fijada resulta suficiente para neutralizar el eventual peligro de fuga. Inicialmente, la defensa había solicitado el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

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La Fiscalía imputó a Rosa Colmán junto con los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros seis funcionarios, por presuntamente haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares.

Según la imputación, la exasesora jurídica emitió el dictamen de viabilidad para las adendas contractuales que permitieron extender la ejecución del contrato y autorizar nuevos pagos a favor de la firma Neighpart S.A., pese a que, conforme a la investigación, existían impedimentos para la ejecución de las obras.

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En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.

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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.

El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.

Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.

A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.

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Este martes, la Policía Nacional reportó un nuevo caso de feminicidio en el departamento de Concepción. El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer, quien tras cometer el hecho fue hasta su taller y se quitó la vida. Con este nuevo caso suman tres crímenes contra mujeres en los últimos cuatro días.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la siesta de este martes, en una vivienda ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. El caso fue comunicado por vecinos, quienes escucharon un disparo de arma de fuego proveniente de la vivienda donde reside la pareja.

La víctima fatal fue identificada como Lucila Riveros, de 53 años, quien se encontraba en su casa, donde fue hallada sin signos de vida por los intervinientes luego de que vecinos reportaron el disparo. La misma presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza lado izquierdo.

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El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer identificado como Dionisio Arévalos, de 59 años, quien estaba con paradero desconocido. Hasta que vecinos indicaron que el mismo cuenta con un taller a unos 150 metros. En el sitio los intervinientes hallaron al hombre sin signos de vida, se habría quitado la vida.

Con este nuevo crimen suman tres los presuntos casos de feminicidio en los últimos cuatro días. El primer caso se registró el pasado sábado 25 de julio en la ciudad de Guarambaré, departamento Central, y el segundo fue ayer lunes en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

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El Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado N° 1 de la Capital, a cargo de la magistrada Sandra Kirchhofer, oficializó la entrega de tres inscripciones a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La gestión se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia.

Las inscripciones corresponden a tres rodados, una moto y dos vehículos utilizados para la comisión de hechos ilícitos, en el marco de las causas “Blanca Liz Escurra s/ tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes” y “Jorge Daniel Zorrilla Vera s/ Ley 1881/2002 - Que Modifica Ley 1340”.

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La transferencia de los bienes se realizó conforme a lo establecido en la Ley N° 5876/17, “De administración de bienes incautados y comisados”, siguiendo los procedimientos previstos en la normativa vigente.

En representación de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, recibió los documentos el economista Guido Burgos Espínola. La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la adecuada guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.

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