El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, a cargo de Carlos Luis Mendoza Peña, se constituyó junto con representantes de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el inmueble que pertenecía a Justo Pastor Cárdenas para oficializar su entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en el marco de una causa relacionada con hechos de corrupción pública.

El bien comisado quedó bajo administración de dicha institución y pasará a formar parte del patrimonio del Estado paraguayo. La transferencia se realizó conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 5876/17, “De administración de bienes incautados y comisados”, y en la Ley N.° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”. El inmueble, consistente en un departamento ubicado en el sexto piso, con cochera, se encuentra en el Edificio Balcones del Parque, sobre las calles Fortín Toledo y Boquerón, del distrito de San Roque, Asunción.

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El juez Mendoza Peña explicó que el inmueble comisado ya se encuentra bajo la administración de la Senabico, libre de todo gravamen. Asimismo, destacó el compromiso del Poder Judicial con la protección del Estado social de derecho, la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción pública.

La entrega se realizó en el marco de la causa “Justo Pastor Cárdenas Nunes y otros s/ enriquecimiento ilícito, Ley N.° 2523/2017 y otros”. Participaron del acto los funcionarios William Aguiar, Fernando Pedrozo y Jorge Melgarejo, en representación de la Senabico; la abogada Melissa González, encargada de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la CSJ; y el actuario judicial del juzgado, abogado Cristian Marcelo Martin Ojeda.

La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.

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El único data center con certificación Tier III de Paraguay se posiciona como una pieza estratégica para el desarrollo de la economía digital y la atracción de inversiones tecnológicas.

Durante una visita de autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a las instalaciones de Tigo, ubicadas en Villa Elisa, el director General de Tigo Paraguay, Roberto Laratro Bosch, destacó que la infraestructura cumple con los más altos estándares internacionales de disponibilidad y confiabilidad, permitiendo que empresas locales y globales operen desde el país.

El ejecutivo explicó que la clasificación Tier III representa uno de los niveles más altos de complejidad para un centro de datos. Esta certificación garantiza una disponibilidad superior al 99,98 %, lo que significa que la infraestructura puede registrar como máximo alrededor de una hora y media de indisponibilidad al año.

En el caso de PIO, aseguró que durante la última década el centro de datos mantuvo un nivel de operación del 99,98 %, gracias a sistemas redundantes y doble fuente de alimentación eléctrica.

Atracción de firmas internacionales. Según el ministro Riquelme, la confiabilidad alcanzada permitió que compañías internacionales como Amazon y Netflix utilicen la infraestructura para operar servicios en la nube, al tiempo que empresas paraguayas alojan allí sus datos críticos y aplicaciones, fortaleciendo la capacidad del país para exportar servicios digitales.

Durante el recorrido, también se expuso el contexto favorable que ofrece Paraguay para el crecimiento de la industria tecnológica. Entre los principales atributos mencionados figuran la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de energía renovable, el talento local y el avance de la conectividad, factores que despiertan el interés de inversionistas extranjeros.

Según señalaron desde la empresa, cada vez más compañías internacionales observan el potencial del país para desarrollar proyectos vinculados a la economía digital, mientras que las empresas paraguayas aceleran sus procesos de transformación tecnológica mediante soluciones alojadas en centros de datos de alta disponibilidad.

El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad a la abogada Rosa Concepción Colmán, exasesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), procesada penalmente por lesión de confianza en el marco de la investigación de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la institución. El citado magistrado ordenó la libertad de la imputada bajo una fianza de G. 500 millones.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas, llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado. Estigarribia consideró que no se reúnen los presupuestos para dictar la prisión preventiva, al descartar la existencia de peligro de obstrucción a la investigación. Asimismo, concluyó que la fianza fijada resulta suficiente para neutralizar el eventual peligro de fuga. Inicialmente, la defensa había solicitado el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

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La Fiscalía imputó a Rosa Colmán junto con los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros seis funcionarios, por presuntamente haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares.

Según la imputación, la exasesora jurídica emitió el dictamen de viabilidad para las adendas contractuales que permitieron extender la ejecución del contrato y autorizar nuevos pagos a favor de la firma Neighpart S.A., pese a que, conforme a la investigación, existían impedimentos para la ejecución de las obras.

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En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.

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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.

El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.

Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.

A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.

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