La audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros procesados en el denominado caso Tajy continuó este lunes con el análisis de los incidentes planteados por las defensas, luego de que el Ministerio Público se ratificara en la acusación y solicitara que la causa sea elevada a juicio oral y público.
El fiscal Silvio Corbeta informó que la diligencia ingresó a un cuarto intermedio, dispuesto por el juez Humberto Otazú, mientras se estudian los planteamientos formulados por los abogados defensores tras la confirmación de la acusación.
“Ahora estamos justamente en un cuarto intermedio decretado por el juez Humberto Otazú y estamos escuchando los incidentes planteados por la defensa, posteriores a la ratificación de la acusación”, señaló el agente del Ministerio Público.
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Acusación por tres hechos punibles
Corbeta explicó que Miguel Prieto enfrenta acusaciones por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con la investigación, el perjuicio patrimonial atribuido asciende a aproximadamente G. 306 millones, monto que habría sido desembolsado para la supuesta compra de insumos destinados a la elaboración de panificados durante la pandemia del covid-19.
“El perjuicio aproximado es de G. 306 millones por la compra de supuestos insumos para elaborar panificados en la época de la pandemia”, precisó el fiscal.
Supuesto esquema de compras simuladas
Según la acusación del Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron en junio de 2020 y estarían relacionados con un esquema montado para simular la adquisición de insumos mediante la firma unipersonal Tajy, generando un presunto daño económico a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La Fiscalía sostiene que las mercaderías adjudicadas nunca fueron entregadas y que la empresa proveedora, perteneciente al fallecido Buenaventura Morínigo, se dedicaba en realidad a la perforación de pozos artesianos y no contaba con los productos que supuestamente vendió a la comuna.
En su acusación, el Ministerio Público afirma además que Miguel Prieto habría encabezado, desde la Intendencia, un grupo permanente de funcionarios organizado para la comisión de hechos de corrupción, tesis que fue ratificada durante la audiencia preliminar.
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El juez deberá definir si eleva la causa
La audiencia preliminar había sido suspendida en varias oportunidades debido a diversos incidentes promovidos por las defensas. Concluido el análisis de los planteamientos pendientes, el juez Humberto Otazú deberá resolver si hace lugar al pedido fiscal y envía a Miguel Prieto y a los demás acusados a juicio oral y público, o si adopta otra decisión procesal respecto a cada uno de los imputados.