Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron a un juzgado de nuestro país que la solicitud de extradición del exdirigente deportivo Diego Benítez sigue en trámite, pese a que en 2024 habían comunicado que ya podía ejecutarse su entrega a Paraguay. El exdirigente deportivo es requerido para ser juzgado por hechos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.
El subsecretario adjunto del Ministerio para el Sector de Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos, Abdulrahman Murad Al Baloushi, indicó que el pedido sigue siendo analizado por las autoridades judiciales competentes y que cualquier novedad será comunicada oportunamente.
La nueva comunicación genera sorpresa debido a que, en agosto de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos había informado que la extradición podía ejecutarse, luego de que fuera aprobada por la Justicia de ese país el 10 de noviembre de 2023.
El informe fue remitido en respuesta a un pedido del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, quien consultó sobre la situación del requerido.
En Paraguay, Diego Benítez está procesado por presuntamente haber participado en el envío de cocaína al puerto de Hamburgo en diciembre de 2020. Además, la Fiscalía le atribuye haber creado empresas y sociedades entre 2014 y 2021 para incorporar dinero proveniente del tráfico de drogas y ocultar su presunto origen ilícito.
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Juicio oral contra Arnaldo Giuzzio sigue con los últimos testigos
Este martes a las 8:00 de la mañana continuará el juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
En la jornada de la fecha se espera que declaren más testigos en relación con el proceso penal donde está siendo juzgado Giuzzio.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento del exministro. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
De igual manera, en el presente juicio oral declararon varios testigos cuyos testimonios comprometieron al acusado Giuzzio en el hecho punible imputado por el Ministerio Público.
Asimismo, semanas atrás se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, quien aportó con su testimonio varias circunstancias que ratifican la tesis de la acusación de la Fiscalía.
Al respecto, tras el receso diario correspondiente, la fiscal Verónica Valdez detalló: “El exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien tenía la intención de licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
“Confirmó que fue trasladado ese vehículo hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado. El automóvil, perteneciente a la Senabico y utilizado por el Ministerio del Interior en ese entonces, fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
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Pobladores de Nueva Asunción se movilizaron para exigir justicia por Sara Prieto
Los familiares y ciudadanos de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes, se manifestaron para exigir justicia por Sara Prieto, presunta víctima de feminicidio. De acuerdo con la denuncia pública, el caso pretende ser catalogado como un suicidio; motivo por el cual la justicia ya ordenó la libertad del principal sospechoso del suceso. Asimismo, la comunidad critica la supuesta protección política brindada a la pareja de la víctima.
A pocas horas de realizarse el sepelio de la joven de 18 años, sus familiares, amigos y vecinos se autoconvocaron para exigir que su muerte no quede impune ni se archive bajo la carátula de suicidio. La indignación popular estalló al confirmarse la liberación de Carlos Walter Mencía, pareja de la víctima y principal sospechoso de haber perpetrado el crimen.
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La joven fue encontrada sin vida en el baño de la vivienda que compartía con Mencía. La investigación preliminar revela que el cuerpo presenta hematomas y marcas de agresiones físicas que encendieron las alarmas de los peritos. Pese a estas evidencias y al historial de maltratos relatado por la familia, la justicia dispuso la libertad del sospechoso en tiempo récord, lo que generó el repudio generalizado de la comunidad.
Guillermo Prieto y María Estigarribia, padres de la víctima, encabezaron la movilización sumidos en el dolor por la falta de justicia, pero adelantaron que seguirán con sus reclamos en memoria de su hija.
El padre hizo un llamado desesperado a las autoridades judiciales para que la causa no quede en el oparei. Prieto aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes en su poder, incluyendo capturas de pantalla, audios de WhatsApp y mensajes de texto que evidencian las amenazas y los constantes episodios de violencia de género a los que era sometida la joven.
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Justicia realizó transferencia de G. 25.000 millones y USD 11 millones a la Senabico que fueron comisados a RDG
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos N.º 1 de la Capital, a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer, realizó este viernes 30 de octubre la entrega de certificados de depósito de ahorro (CDA) correspondientes a dos entidades bancarias, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra a Ramón González Daher y a su hijo. Como parte de esta actuación, la magistrada confirmó la transferencia de fondos a la cuenta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La jueza precisó que la transferencia de fondos comprendió G. 25.000 millones y USD 11 millones. Detalló que, en relación con la suma en moneda nacional, se entregaron seis certificados de depósito como parte de las medidas de ejecución patrimonial dispuestas por el juzgado.
Kirchhofer calificó esta actuación como histórica para la Justicia paraguaya por la magnitud de los recursos involucrados y su vinculación con una causa emblemática en materia de lavado de dinero. Asimismo, señaló que el caso figura en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Al referirse al alcance de la ejecución del comiso, la jueza manifestó: “Esta es una muestra de que la Justicia no solo impone sanciones de penas privativas de libertad, sino que también privamos de los beneficios del delito, tanto económicos como patrimoniales, a las personas que fueron condenadas por determinados hechos punibles”.
La magistrada destacó que la entrega de los certificados no constituyó únicamente un acto protocolar, sino el resultado de varios años de trabajo del juzgado a su cargo para dar cumplimiento a las decisiones judiciales relacionadas con la recuperación de bienes.
En ese sentido, expresó su expectativa de que estos recursos sean administrados por el Estado de manera responsable, transparente y eficiente, en beneficio de la sociedad. Finalmente, informó que aún quedan 15 certificados de depósito pendientes de transferencia y presentación ante el juzgado en el marco de la misma causa.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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