El ciudadano argentino detenido tras el rescate de una adolescente de 17 años denunciada como desaparecida ya se encuentra imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de violación de la patria potestad y coacción grave.
La imputación fue presentada por la fiscal María Isabel Arnold, quien solicitó la prisión preventiva de Ariel Fernando Morán, de 56 años. La agente del Ministerio Público no descartó la ampliación de la imputación tras las diligencias realizadas en la tarde de ayer en la vivienda de San Bernardino del investigado.
“Son los hechos que hasta el momento podemos sostener, con los elementos colectados, con la evaluación que le hicimos a la supuesta víctima y no así por el hecho punible de trata de personas ni privación ilegítima de libertad, eso no significa que más adelante no se pueda ampliar la imputación”, dijo la fiscal a Telefuturo antes del allanamiento.
Señaló que la investigación se encuentra en una etapa incipiente. “Estamos colectando más pruebas y elementos que haga la denuncia, cuando hablamos de abuso nosotros tenemos en cuenta la edad de la persona, en este caso no sería un abuso, si de una coacción sexual puede ser verdad”, expresó.
Equipos de filmación
En el allanamiento desarrollado ayer en la vivienda del imputado hallaron una habitación con cámaras de filmación de alta tecnología, trípodes, equipos de iluminación, teléfonos celulares, prendas de menores, medicamentos controlados, posiblemente somníferos, drogas y otros elementos que serán peritados por los investigadores.
El procedimiento permitió dar con elementos relevantes en el marco de la investigación y que estarían vinculados con la trata de personas y presunta pornografía infantil.
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Influencer da su versión y rechaza acusación de fraude
La influencer Ana Kim Jang, conocida como Ana Coreana, dio su versión acerca de la imputación por los delitos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Mencionó presuntas irregularidades y apropiación de los ingresos de la empresa por parte de la familia Kao/Wang. En la causa están procesadas otras cuatro personas.
“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, menciona un comunicado dado a conocer por la mediática en representación de la familia Kim – K & K Shopping´s S. A. tras las acciones jurídicas promovidas por la familia Kao/Wang.
“Desde la constitución de la firma en febrero de 2009, la familia Kim asumió de manera exclusiva la gestión, operación y desarrollo integral del centro comercial. En estos años de operación, la familia Kao/Wang nunca trabajó en la obra, no asistía a los asuntos sociales, no asumía riesgos y desalentaba las inversiones. Tampoco confiaron en que el proyecto Shopping Paris superaría las expectativas; sin embargo, ante el éxito actual, han cambiado de actitud”, dice la primera parte del comunicado.
En otro punto, señala que en cuanto a la distribución de funciones “la familia Kao/Wang se acomodó a esta situación mientras la familia Kim trabajaba incansablemente. Aunque se les invitaba a las reuniones, no asistían alegando viajes o asuntos personales. Así, se consolidó una distribución de funciones donde ellos se limitaban a percibir los beneficios correspondientes”.
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En otro apartado, el comunicado menciona supuestas “irregularidades detectadas”, donde indica que la controversia actual surge tras detectarse que “la familia Kao/Wang ocupó y alquiló espacios del centro comercial a terceros sin autorización” y que los ingresos generados fueron a las cuentas bancarias de Susana (Wang Hsiao Mua) y Rosana Ming Kao, “sin ingresar a la cuenta de la empresa como corresponde, apropiándose así de los ingresos genuinos de la firma”.
En cuanto al reparto legal de dividendos, detalla que “el conflicto aumentó tras la venta del edificio Bonita Kim. Las utilidades se distribuyeron en estricta proporción a la participación accionaria de cada familia, conforme a la ley. Pese a ello, la familia Kao/Wang rechazó la distribución proporcional e inició reclamos infundados”.
Participación accionaria
Así también, expresa su rechazo a las acusaciones de la familia denunciante. “La modificación de la participación accionaria responde a nuevas inversiones aportadas e integradas exclusivamente por la familia Kim. Este proceso fue aprobado en asamblea extraordinaria y ordinaria, cumpliendo los estatutos, las leyes vigentes, las publicaciones legales y contando con la aprobación de la Abogacía del Tesoro”, menciona.
Además habla de instrumentalización judicial y lamenta que “mediante maniobras cuestionables”, se hayan penalizado asuntos de índole netamente societaria.
El comunicado finaliza diciendo que “la familia Kim reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo honesto. Exigimos respeto al funcionamiento institucional de K & K Shopping´s S. A. y confiamos en que las instancias correspondientes esclarecerán la verdad".
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Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millones con 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.
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Violencia familiar: crónica de una brutal agresión que habría sufrido una mujer de su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer denunció haber sido golpeada brutalmente por su pareja, persiguiéndola por toda la casa hasta que gritó, el hombre se apartó de ella y pudo correr a pedir a auxilio. La fiscal Viviana Sánchez imputó a un hombre de 42 años por el supuesto hecho de violencia familiar. Asimismo, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.
El hecho habría ocurrido a las 22:00 del viernes 28 de agosto, en una vivienda del barrio Santo Domingo de Presidente Franco. Según el escrito fiscal, el ahora imputado llegó a su domicilio presuntamente bajo los efectos del alcohol y, ante la negativa de su pareja de abrirle la puerta, habría forzado el acceso a la vivienda.
Una vez dentro, habría insultado a la mujer, la despojó de su teléfono y arrojado al piso, después de que ella hubiera intentado comunicarse con el sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional. Posteriormente, la siguió hasta la habitación, donde la empujó contra la pared y la golpeó en la cabeza, ocasionándole lesiones.
Sin embargo, la víctima pudo liberarse y se dirigió hasta la sala, pero el hombre la persiguió y volvió a agredirla, golpeándola en la espalda y el brazo. En un momento dado, la mujer cayó al suelo, pero el hombre siguió propinándole golpes, de acuerdo a lo expuesto en la imputación.
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En ese momento la víctima comenzó a gritar para pedir que parase con la agresión, momento en que el hombre la habría dejado y ella pudo salir de la casa para pedir auxilio y acudir a la comisaría de la zona y presentar la denuncia correspondiente.
En el marco de la investigación del hecho, la fiscal dispuso que una médica forense del Ministerio Público inspeccionara a la víctima. La profesional pudo determinar que la mujer presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Como elementos incriminatorios, la Fiscalía cuenta con el informe policial, las actas de denuncia y procedimiento, la declaración de la víctima y el informe médico forense. Finalmente, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la aplicación de prisión preventiva. El procesado permanece recluido de manera provisoria en sede policial, a disposición del Juzgado.
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Ratifican imputación por estafa y otros contra directivos y ejecutivos de Indufar
La Cámara de Apelación de Alto Paraná, integrada por Nilda Estela Cáceres, Raúl Insaurralde y Efrén Giménez Vázquez, ratificó la admisión y la validez de la imputación contra cuatro directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A. Los mismos están imputados por estafa, lesión de confianza y asociación criminal en una investigación relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.
Los procesados son Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes. La investigación se inició a partir de una denuncia de BEM ESTAR Clínica Estética por un supuesto perjuicio de G. 24.084 millones.
Los camaristas consideraron que el acta de imputación cumple con las exigencias previstas en la norma legal; es decir, en el artículo 302 del Código Procesal Penal y en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia.
Los integrantes del tribunal de alzada mencionaron que el documento contiene los elementos exigidos por la legislación procesal: identifica a los imputados, describe los hechos investigados, establece la calificación jurídica provisional y señala los elementos de sospecha que los vinculan con el caso. El tribunal de apelación aclaró que en esta etapa procesal no corresponde realizar una valoración definitiva de las pruebas ni determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Perjuicio económico
El Ministerio Público sostiene que, de forma preliminar, existe un perjuicio de G. 24.084.413.169, equivalente a unos USD 4 millones. Entre los elementos mencionados en la imputación figura un stock de 20.882 cajas de productos que, según la denuncia, habría quedado inmovilizado.
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