El Ministerio Público difundió la fotografía de un adolescente de 15 años que se encuentra con paradero desconocido desde el sábado pasado. Su familia lo busca desesperadamente, luego de que fuera visto por última vez en la ciudad de Asunción.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Alexander Orlando Elías Núñez Cáceres.

Ante cualquier dato sobre su paradero, se insta a comunicarse de inmediato con la Policía Nacional o con la sede más cercana del Ministerio Público.

La agente fiscal Cleider Marlene Velázquez, de la Unidad Penal n.° 6 del Sector 1 de Asunción, ordenó la búsqueda y localización del adolescente quien fue visto por última vez en la ciudad de Asunción.

El menor se encuentra con paradero desconocido desde el 18 de julio y hasta la fecha no se tienen mayores datos sobre su paradero. Cualquier información puede ser comunicada a la sede policial más cercana, al 0984 194868 o al sistema 911.

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Velázquez remitió un oficio al departamento especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Policía Nacional, para solicitar su colaboración e intensificar las tareas de búsqueda y ubicación del adolescente.

Requirió los avances de la investigación y que sea comunicado de manera inmediata al Ministerio Público. Así también, en caso de concretarse la ubicación del menor sea informado a la fiscal Cleider Marlene y a la denunciante, labrándose el acta correspondiente de todo lo actuado.

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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Asunción, integrada por Linneo Ynsfrán, Esteban Kriskovich y Antonia López, ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la fusión entre los bancos Atlas S.A. y Familiar S.A.E.C.A.

La resolución también ratifica la orden dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se abstenga de aprobar la puesta en producción de la fusión hasta que se descarte la existencia de probables violaciones a los derechos de propiedad intelectual de ITTI sobre el software ITGF, utilizado por Banco Atlas.

El colegiado sostuvo que la medida cautelar tiene un alcance material, funcional y temporal definido, ya que busca proteger exclusivamente la eventual utilización no autorizada del software.

Agregó que permanecerá vigente mientras subsista el riesgo que motivó su dictado y cesará una vez que se compruebe técnicamente que dicho riesgo ya no existe.

“La verosimilitud del derecho no se sustenta solamente en la titularidad del software, sino también en los límites de la licencia, la intervención de un tercero no licenciatario, la fusión y la migración tecnológica reconocida; el peligro en la demora deriva de la posibilidad de consolidación de una utilización no autorizada antes de la comprobación técnica; y la contracautela aceptada resulta, en el estado actual de las actuaciones, suficiente dentro del margen prudencial conferido al juzgador”, señala el voto de los camaristas.

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En el mes de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial de Asunción, Juan Francisco Blanco, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma ITTI SAECA e ITTI USA, LLC y ordenó la paralización de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar hasta que se determine, mediante pericias, que no se afectan los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de licenciante del software ITGF.

Al hacer lugar la Justicia a la medida cautelar, se ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) que “se abstenga de pronunciarse respecto del proceso de fusión por consolidación entre Banco Atlas S.A. y Banco Familiar, que involucra la puesta en producción del nuevo core bancario de las entidades fusionadas, hasta tanto se determine, a través de pericias técnicas, que este no afecta los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de autor y licenciante”.

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El titular del Legislativo desmintió cualquier injerencia política y atribuyó la situación procesal del jefe municipal a las irregularidades cometidas durante su propia gestión.

• HOY.COM.PY

El presidente del Con­greso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las acusaciones del exinten­dente de Ciudad del Este Miguel Prieto, quien sos­tuvo que la cúpula oficia­lista busca meterlo preso para frenar su candidatura presidencial con miras al 2028.

En charla con la prensa, el titular del Legislativo des­mintió cualquier injerencia política y atribuyó la situa­ción procesal del jefe muni­cipal a las irregularidades cometidas durante su pro­pia gestión.

El legislador colorado rechazó que exista una per­secución encabezada por él o por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y remarcó que las cau­sas abiertas contra el jefe municipal de Alto Paraná responden a acciones judi­ciales promovidas por sus propios exaliados. “El pro­blema de Miguel Prieto no es con Bachi Núñez y menos con Alliana. El problema de Miguel Prieto es que él robó en pandemia y eso está apa­rentemente ya verificado con la Fiscalía”, aseveró el congresista.

Así también, rememoró el reconocimiento público que hizo Prieto en un pro­grama de televisión sobre la contratación de familiares durante su gestión, lo cual es un abierto nepotismo.

“Él es el primer político que reconoció en vivo y en directo que cometió un delito, nepotismo. La ley dice que está inhabilitado por cinco años, pero como es de la oposición, no pasa nada”, recriminó el titular del Senado.

Respecto a las intencio­nes presidenciales del líder esteño, Núñez desestimó que su figura genere preo­cupación dentro del oficia­lismo. Sostuvo que el jefe municipal mantiene un perfil meramente regional y confía en que la estruc­tura del Partido Colorado consolidará su hegemonía en los próximos comicios.

“Yo le temo solo a Dios. No le temo a Abc, no le temo a Natalia Zuccolillo, no le temo a nadie. A mí me encantaría que sea el can­didato”, afirmó Núñez sobre las aspiraciones de Prieto.

La abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.

Una investigación que llevó adelante la organización social Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad come­tida por el equipo del exinten­dente destituido y hoy pos­tulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.

De acuerdo con los datos reca­bados por esta organización, la abogada Gilda María Por­tillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un sala­rio de G. 11 millones pagados por la comuna local.

Uno de los datos de denun­cia penal que están prepa­rando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipa­lidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cum­pliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judicia­les abiertas.

Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miem­bros de la Contraloría Ciu­dadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contra­tada como asesora externa de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, con un honora­rio mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría apa­rentemente llevando nin­guna causa que compete al municipio.

Los datos divulgados seña­lan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Ins­frán, y varios otros imputa­dos como ser Francisco Rai­mundo Arrúa Álvarez, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Alex Yamal Samhat Gonzá­lez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Ace­vedo, todos ellos imputados en las diferentes causas judi­ciales vinculados al exjefe comunal destituido.

De acuerdo a informes de varios medios de comuni­cación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciu­dadana, señaló que la mencio­nada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Ins­frán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.

“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus sala­rios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como con­tratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octu­bre”, expresó.

Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superin­tendencia de Justicia. La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del inten­dente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.